Las Afroreparaciones deben cultivarse como medios de lucha y bandera de movimiento,
un punto de partida y un punto de llegada para la descolonizacion de la memoria,
el imaginario, y la educación, en aras de una redistribución
justa y equitativa del poder, la riqueza, la representación y el reconocimiento.
Agustín Laó-Montes
El 10 de diciembre de 2024, varias organizaciones sociales presentaron una acción de protección contra el Estado por haber cometido un etnocidio estadístico en contra del pueblo afroecuatoriano (Prensa Latina, diciembre de 2024; La Barra Espaciadora, enero de 2025) en vista de que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la población afroecuatoriana era el 7.2% de la población nacional, mientras que, para el censo del año 2022, la población afroecuatoriana es de 4.8%. El juez rechazó la acción planteada (Inredh, febrero de 2025).
Sostengo que la demanda impulsada por la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE), la Fundación Azúcar, la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) es una expresión de las acciones y articulaciones sociopolíticas que activistas, miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil, el Movimiento Negro, movimientos sociales, de diferentes generaciones, vienen desarrollando como parte de las políticas de reparación histórica orientadas a enfrentar el racismo en el campo del derecho, las políticas públicas, la educación, la cultura y la memoria (Colectivo Minas Pró-Reparações et al., 2023).
¿Qué significa formular una política interseccional de reparación histórica? Laó-Montes (2025) explica que esto requiere un esfuerzo político coordinado de actores de la comunidad y movimiento social, que incluso puede involucrar a los estados y los organismos internacionales. Por tanto, puede tratarse de un esfuerzo a escala local, nacional, regional o mundial. Los demandados pueden ser perpetradores individuales, instituciones, corporaciones, bancos, iglesias, universidades, estados nacionales e incluso puede hablarse de la responsabilidad colectiva de Occidente. Las demandas principales son la Tierra/territorio, la redistribución de poder y riqueza, el desarrollo como bienestar, el reconocimiento de injurias contra África y la diáspora y de sus valores. También se contempla la superación del racismo institucional en áreas clave, como la salud, la educación, el trabajo, el ocio, la cultura, la vivienda, el transporte, la seguridad pública y la economía (Coletivo Minas Pró-Reparações et al., 2023).
La demanda presentada por CONAMUNE, Azúcar, CANE e INREDH plantea que la colonización de las Américas ha marcado la vida de varios grupos sociales que, en la actualidad, sufren los efectos de la homogenización nacional en un sentido occidental eurocéntrico. Si bien la presencia de africanos y descendientes de africanos en el territorio nacional es anterior al nacimiento de la república, su existencia a nivel constitucional recién fue reconocida en 1998. Las organizaciones demandantes sostienen que los censos constituyen discursos sobre cómo se estructura la nación por lo que estos instrumentos deben entenderse como una herramienta para combatir la homogeneidad cultural y la dictadura racial, cuyas consecuencias son la exclusión de lo no-blanco o lo no-eurocéntrico. En este sentido creo que la demanda planteada al estado ecuatoriano se inscribe dentro de la denominada justicia restaurativa, pues se orienta a develar la verdad sobre el pasado y construir memoria colectiva (Colectivo Minas Pró-Reparações et al., 2023).
Enfatizan las organizaciones afroecuatorianas que los censos de población tienen un alto impacto en el reconocimiento formal de los pueblos, siendo determinantes para orientar las acciones tendientes a promover el ejercicio de los derechos que les atribuye la norma constitucional. Los censos de población tienen el poder de reforzar o empeorar el proceso de reconocimiento de los pueblos que han sido marginados. La invisibilización estadística de la población afrodescendiente permite que se reproduzcan los sistemas de opresión, tales como la sobreexplotación de los territorios y de los cuerpos racializados, la falta de políticas públicas en salud, vivienda, educación, seguridad y justicia. En definitiva, la invisibilización estadística afecta al proyecto de vida del pueblo afroecuatoriano e impide que se pueda enfrentar la violencia racista que aflora en los territorios y se expresa en muertes violentas, sicariato, asesinato, perfilamiento, delitos de odio entre otros. En este contexto, la demanda de las organizaciones afrodescendientes busca justicia social, lo que significa poner fin a las injusticias económicas, políticas y sociales que crean y mantienen violaciones de derechos (Colectivo Minas Pró-Reparações et al., 2023).
Asimismo, las organizaciones demandantes argumentan que los resultados del censo de población implican una pérdida de la autodeterminación del pueblo afroecuatoriano y su vínculo con los territorios ancestrales que han sido ocupados desde el inicio de la república. La autoidentificación del pueblo afroecuatoriano permite reconocer sus derechos, uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, soberanía alimentaria, ambiente sustentable y equilibrado. Por ello, tal como plantean el Colectivo Minas Pró-Reparações et al (2023), opino que la demanda de las organizaciones sociales exige justicia ambiental.
¿Es pertinente establecer una distinción entre reparaciones neoliberales y reparaciones radicales? Laó-Montes (2025) establece una distinción entre dos tipos de políticas de afrorreparación que defienden proyectos distintos de sociedad. Las reparaciones neoliberales tienen una perspectiva reformista, de carácter oficial, mientras que las reparaciones radicales tienen un enfoque descolonial pues implican una redistribución sustantiva de poder, riqueza, reconocimiento y representación a los sujetos y pueblos negros, desde lo local hasta lo global, para constituir un nuevo orden mundial. Estas últimas tienen además un enfoque interseccional, pues denuncian y buscan combatir las injusticias imbricadas.
Considero que los argumentos que el juez construye para negar la acción de protección se sitúan en el marco de una concepción individual, reformista y formal de la reparación. Dice el juez que: “La cifra del censo del 2010 respecto del pueblo Afroecuatoriano se la podría atribuir incluso a una sobreestimación”, invisibilizando de este modo la lucha histórica del pueblo afroecuatoriano. Constituye un acto de racismo epistémico. Asimismo, afirma el juez que el genocidio estadístico “no ha quedado demostrado”. Negar la posibilidad de un “genocidio estadístico” sin realizarun análisis profundo del impacto estructural de la subrepresentación censal implica ignorar el concepto de reparación histórica. Como muestran las organizaciones demandantes, el drástico descenso poblacional registrado tiene consecuencias materiales en políticas públicas, recursos, acceso a derechos y visibilidad social del pueblo afroecuatoriano.
De acuerdo con el juez constitucional “no se advierte vulneración a sus derechos constitucionales”, por lo que considera que el petitorio “debe ser ventilado por la justicia ordinaria no mediante vía constitucional”. De esta manera el juez desconoce que la invisibilización estadística es una forma de discriminación estructural y, por tanto, un asunto constitucional, no meramente administrativo. El juez niega la existencia de afectaciones constitucionales sin considerar los marcos históricos, estructurales e intergeneracionales de la exclusión racial.
Como he venido señalando, la argumentación del juez está inscrita en un marco neoliberal, en tanto reduce el reclamo colectivo del pueblo afroecuatoriano a un problema de legalidad administrativa. Omite el análisis de la dimensión colectiva, histórica y estructural de la discriminación. Privilegia el procedimiento formal por sobre la justicia redistributiva. Por el contrario, la acción de protección propuesta por las organizaciones afroecuatorianas se inscribe en el marco de las reparaciones radicales y las luchas para exigir redistribución de poder, riqueza, representación y reconocimiento (Laó-Montes, 2025).
Referencias
Colectivo Minas Pró-Reparações, SINJUSMG, MNU, CTB, Coletivo Vozes Maria & Coletivo Negras e Negros da FENAJUD (2023, 11 de novembro). Carta de Belo Horizonte: Reparações – O caminho para a Democracia no Brasil. Belo Horizonte.
Laó-Montes, A. (2025). Reparaciones Históricas & Justicia Glocal. En Seminario Virtual “Reparaciones históricas y desigualdades entrelazadas: Hacia la justicia reparativa y las afrorreparaciones” (Módulo 4: Clase 4: Reparaciones y un Nuevo Orden Mundial III: Geopolítica y Descolonización). CLACSO.
Prensa Latina. (2024, diciembre 10). Colectivos afroecuatorianos denuncian etnocidio estadístico en censo. https://www.prensa-latina.cu/2024/12/10/colectivos-afroecuatorianos-denuncian-etnocidio-estadistico-en-censo/?utm_source=chatgpt.com
Inredh. (2025, 27 de febrero). Juez rechaza acción de protección en contra del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) por etnocidio estadístico del Pueblo Afroecuatoriano. Recuperado de https://inredh.org/juez-rechaza-accion-de-proteccion-por-etnocidio-estadistico/
La Barra Espaciadora. (2025, 14 de enero). El Estado ecuatoriano enfrenta proceso por invisibilizar a la población afroecuatoriana en el censo de 2022. La Barra Espaciadora. Recuperado de https://www.labarraespaciadora.com/featured/invisibilizacion-censo-2022-poblacion-afroecuatoriana-inec/
Portada: foto tomada de https://acortar.link/kTCa9N

Doctora en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca. Obtuvo un Maestría en Género y Desarrollo en la misma universidad. Posee un Doctorado (Phd) en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue Directora del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, en Azuay, Cañar y Morona Santiago. Secretaria Ejecutiva del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca. Se desempeñó también como Jueza Provincial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Azuay. Laboró en el Municipio de Cuenca y en el Gobierno Provincial del Azuay. Autora de artículos y libros sobre derechos y género. Ha participado como ponente y coordinadora en seminarios nacionales e internacionales vinculados a su campo de estudio e investigación