Según diario Expreso existe un rastro difuso para un discutible contrato que serviría para “montar una plataforma tecnológica para teléfonos inteligentes, es decir una app (aplicación)”, para agendar citas médicas en la que participaría la empresa HEALTHBIRD con domicilio en Miami. El columnista Martín Pallares, recuerda que el presidente Noboa anunció su contratación y sus aparentes beneficios tecnológicos en tres entrevistas: en Radio Sucre el 12 de noviembre, en Radio Democracia el 22 de noviembre, incluso mucho antes en Radio La Suprema el 12 de septiembre. El régimen dice ahora que no existe nada en firme.
Luego de haberse difundido por todos los medios que HealthBird también brindaría sus servicios al Ministerio de Salud Pública y que estaba aliada con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, prima un silencio abrumador. En la cuenta X de esta compañía del 30 de enero del 2025, según el columnista, ya se anunció un contrato de “asociación” con el gobierno de Ecuador “para obtener un contrato de USD 150 millones a cinco años.”
Este contrato empezó a cuestionarse después que el mismo diario, y el periodista Galo Orellana, residente en EE UU, verificaron que el supuesto domicilio de la referida empresa en Miami, Florida, publicada en el sitio Web de la compañía, “la 350 NE 60th Street”, es inexistente. El asunto cobra mayor dimensión luego que de anunciarse por parte del IESS que el “sistema digital de gestión hospitalaria”, no estaría adjudicado, Ecuavisa anuncia que ha obtenido información del 20 de noviembre del 2025 respecto a la aprobación del virtual egreso del IESS por USD 37´712.720 dólares, respaldado por el director saliente de la Institución, Edgar Lama, con el aval de su Procuradora General indicando que todos los requisitos legales se han cumplido.
Estos procedimientos recuerdan la adquisición irregular de termoeléctricas con las empresas PROGEN y Austral, a las que el CNEL habría autorizado pagar USD 168,9 millones de dólares según informe de la Contraloría. (Expreso, miércoles 23 de julio del 2025, primera página.). Pero resulta que las termoeléctricas adquiridas no funcionan, no se han podido conectar, ni han producido un solo megavatio. No menos grave resultó el encubridor y espantoso criterio de la Contraloría en el sentido que “nada han sabido los ministros” que antes se pavoneaban de sus compras.
Al no saber nada de estas compras, realizadas en forma increíble a espaldas de los ministros y del gobierno, se demostró el control del régimen sobre la Contraloría, al impedirse aplicar la ley a los verdaderos responsables que, según el COIP, en su Art. 42, “Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades”; y en el numeral 1, relativo a la autoría directa, en su literal b, precisa “Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.” También impiden la aplicación del Art. 23, inciso segundo, del mismo COIP, que señala: “No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.” ¡Clarísimo!
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Doctor en Jurisprudencia y Profesor de Derecho Económico de la Universidad de Cuenca. Ex legislador, autor de varios libros sobre deuda externa, Plan Colombia y el asalto bancario en Ecuador.
