Una de las frases representativas de la Leyenda Quiteña de El Padre Almeida, me ha rondado estos días.
Para quienes no la conocen, les resumo rapidito: dice la leyenda que el Padre Almeida era una sacerdote Franciscano del Convento de San Diego, ubicado en el Centro Histórico de Quito, quien a pesar de su vocación religiosa, disfrutaba de la música y los placeres mundanos, a los que accedía escapándose por una ventana alta a la que llegaba utilizando como escalera una estatua de Cristo crucificado. Cuenta la leyenda que una noche, el Cristo le dijo: “! Hasta cuándo Padre Almeida!”, ante lo que el cura respondió “!Hasta la vuelta Señor!”.
Uso la referencia, no porque la leyenda se parezca a lo que estamos viviendo, sino porque la frase viene a cuento.
Con lo que pasa en la administración de Justicia del país –que no es fábula- muchos estamos desde hace tiempo como el Cristo de la leyenda, exclamando ¡Hasta cuándo! y la deplorable realidad nos contesta ¡Hasta la próxima!
Escuchar la comparecencia en la Asamblea Nacional, del abogado –no es doctor como erróneamente casi todos se refieren a él- Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ratifica la pertinencia del clamor.
El llamado pretendía explicaciones de Godoy respecto a si conocía o participó en lo que a todas luces aparece como presión del ex director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, sobre el juez Carlos Serrano, en el caso de lavado de activos en contra de Jezdimir Srdan. Sin embargo poco o nada dijo al respecto.
Se victimizó y pretendió distraer la atención acusando a otros a diestra y siniestra, en una alocución que parecía de un político en ejercicio, desmereciendo su calidad de máximo representante del organismo de administración de justicia del país, aunque francamente no se esperaba otra cosa.
Mencionó varias veces a Wilman Terán, refiriéndose por su nombre de pila o por el alias “el diablo”. Su intervención, no fue histriónica ni alharaquienta como en su momento la del mentado, pero igual sin contenido que aporte, me pregunté si las reiteradas referencias y comparaciones, eran una traición del subconsciente por considerarse de la misma calaña y pensé, ojalá que en el futuro no nos enteramos que también ha tenido un alias.
A momentos me parecía estar en la inspección o la dirección de una escuela, cuando el muchachito llamado la atención, busca eludir el castigo o la reprimenda, no explicando, justificando o probando que no fue el autor de la travesura, sino reclamando porqué al compañero no le habían amonestado, como cuando acusó a los asambleístas presentes en la sala de que habían salvado del juicio político a Terán, señalándoles incluso con el dedo –mala educación decían mis mayores-, sin reparar en que el hecho al que hacía referencia, se produjo en julio de 2024 cuando era otra la composición de la Asamblea.
Eludió en todo momento informar “sobre los hechos de conocimiento público relativos a presuntas irregularidades en actuaciones judiciales y demás asuntos inherentes al ejercicio de sus competencias y responsabilidades institucionales”, conforme había sido dispuesto por la Asamblea Nacional. No dio explicaciones, no rindió cuentas, preguntó y preguntó como si él fuera el interpelante, como un recurso más para sacar el cuerpo de aquello a lo que estaba obligado.
Habló del deber ser del Consejo de la Judicatura, de cuáles son sus competencias, que no están en duda, sino precisamente los actos que han realizado individuos que trabajan en el organismo, sobrepasándolas o al margen de las mismas, como el pretender influir en un juez para que falle de una determinada manera. Obvio que el Pleno del Consejo de la Judicatura no va a aprobar una resolución en la que emita una sentencia, ni el Presidente lo hará por escrito, lo que no quita que alguno de sus miembros por sí o por interpuesta persona, como un director provincial pueda intentar presionar a un juez. Ese es uno de los temas que escandaliza y se repudia.
Quiso dar pena, señalando que producto de lo que llama “persecución política” y “linchamiento mediático” –muletillas de todos los que no tienen argumentos ni hechos que los defiendan-, su madre está en estado de nervios severo, su esposa en total depresión, sus hijas que son niñas preguntándose qué pasa con él.
No sé a ustedes, pero a mí esas tretas no me conmueven. Los llamados a pensar en el daño que sus malos actos pueden hacer a su familia, son quienes los ejecutan.
Hizo insinuaciones que parecían involucrar a los asambleístas en beneficios de sentencias que no se han reducido a escrito, sin decir en qué casos, ni señalar nombres, al estilo de los que pretenden distraer la atención, sembrando dudas sobre otros.
Repitió y repitió, a ratos parecía que él mismo quería convencerse de lo que ya había dicho, o como si hubiese tenido que llenar planas, para que por bulto le pongan mejor nota, o para cansar o despistar a la audiencia, que pierde el interés cuando se da cuenta que nada de lo que dice aporta.
A la conversación entre Gaibor y el juez Serrano, se refiere como “supuestos gestos de interlocución entre un servidor administrativo de la judicatura y un servidor jurisdiccional”, señalando que lo que el servidor administrativo supuestamente ha hecho cae en el campo de su responsabilidad individual, diferenciando de la actuación institucional del Consejo, pues “no existen responsabilidades colectivas ni imputaciones automáticas por pertenencia institucional” dijo. Si es así, entonces porqué utilizó tanto tiempo de la comparecencia a decir lo que hace, debe hacer, ha hecho y no hace el Consejo de la Judicatura… Marearnos.
Dijo que a Serrano no le aceptaron la renuncia porque tenía casos pendientes, pero la que le pidieron Gaibor si la aceptaron más rápido que inmediatamente. No son comparables las funciones jurisdiccionales con las administrativas, pero también debieron exigirle que finiquite los temas a su cargo y entregue lo que por ley corresponde hacerlo. ¿Será que la celeridad buscaba que pueda poner tierra de por medio o “los pies en polvorosa” para que no cuente quien o quienes le mandaron a dar el mensaje?
Dijo que se ha buscado satanizar el libre ejercicio profesional de su esposa y de él mismo cuando lo hizo. Algunos no defenderíamos jamás a narcotraficantes, pero hay abogados que con el argumento de que todos tienen derecho a la defensa lo hacen, o porque quieren hacerlo, porque paga bien, etc., allá cada uno. Lo que no corresponde es que se busque, se acepte y su ejerza un cargo en el máximo organismo administrativo de la justicia si el individuo o su cónyuge han optado por esa práctica profesional. Cuando se escoge un camino hay que tener claro que se pierde la posibilidad de seguir otros.
Después de haber presenciado el show como el mismo llamó a su comparecencia, cabe decir una vez más ¡Hasta cuándo!
Portada: imagen tomada de https://www.ecuavisa.com/
Mujer estudiosa y analítica, lectora atenta y escritora novel. Doctora en Jurisprudencia y Abogada – Universidad de Cuenca, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud – Universidad de Barcelona, Diplomado Superior en Economía de la Salud y Gestión de la Reforma – Universidad Central del Ecuador. Docente de maestría en temas de políticas públicas y legislación sanitaria –Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en el área de vinculación con la sociedad, legislación relacionada con el adulto mayor – Universidad del Adulto Mayor. Profesional con amplia experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en los ámbitos de legislación, normativa y gestión pública.