La ciudad es un bien público y un proyecto ético, es el lema del colectivo ciudadano Cuenca Ciudad para vivir. Es decir, la ciudad es aquello que nos pertenece a todos y todas por nuestra dignidad, sin mediar condiciones de ninguna naturaleza.
El sentido de lo público, está en relación con el sentido de pertenencia. En temas de derechos, lo público está por encima de lo privado, pues tiene que ver con la utilidad y el beneficio general de acceder a un bien o servicio, es decir a un derecho. Los bienes públicos no pueden negociarse, dado que son de carácter colectivo; y su uso y disfrute es para todos los ciudadanos sin distinción. Lo público, también tiene que ver con la calidad de la gestión de los gobiernos, cuya principal característica debe ser la transparencia absoluta de la información y el manejo económico administrativo. El sector público trabaja con los aportes de los ciudadanos y desarrolla sus funciones con fondos públicos, por lo que es su obligación garantizar que los derechos ciudadanos se cumplan de manera eficiente, democrática y libre de corrupción.
La corrupción, no únicamente implica el uso indebido de fondos públicos, también implica la falta de calidad y eficiencia en la gestión de un gobierno. Los recursos de la ciudad como son el presupuesto, los bienes de la entidad, el suelo, la naturaleza, el espacio público, el agua, los bosques, y otros; deben ser administrados con eficiencia para garantizar la universalidad y equidad, evitando las desigualdades sociales. Ineficiencia, opacidad, inoperancia, negligencia, mala atención, tramitología, tardanza, despotismo, falta de información oportuna, tráfico de influencias, atención privilegiada a ciertos sectores, obstáculos para la participación social, son también prácticas corruptas. Si la administración pública incurre en cualquier de estas formas de corrupción, provoca el desprestigio de sector público, aleja a los ciudadanos, generando desencanto y escepticismo.
Tanto la sociedad civil como el Estado, son corresponsables en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. A. Cortina (2009) plantea que “si queremos construir sociedades más justas, un estado democrático, una economía ética, el despliegue de organizaciones solidarias y una ciudadanía activa y corresponsable; además de contratos políticos, económicos y sociales, se requiere de una alianza entre quienes se reconocen mutuamente como seres dotados de dignidad para compartir responsablemente las cargas y los beneficios”. Necesitamos desarrollar la capacidad de generar consensos, espacios dialogantes abiertos a todas las personas y organizaciones con el objetivo de aportar al proceso de imaginar y construir ciudades justas en las que la democracia deliberativa, sea posible.
La corresponsabilidad ciudadana, es una forma de cooperación entre los actores públicos, privados y la población, cooperación que se basa en el reconocimiento recíproco, más allá de nuestras necesidades particulares, posturas e interés individual o grupal. El Derecho a la Ciudad, significa rechazar la comodidad de pensar únicamente en el bienestar propio y desentenderse del malestar de los otros. La ética ciudadana, se complementa con la tarea del control social, el seguimiento a la gestión de las entidades y autoridades, y la fiscalización de su trabajo y sus resultados. Cuidar, es parte del ejercicio responsable de la ciudadanía. En esta línea, los gobernantes no solo deben tener un desempeño satisfactorio sino además sensible, tomando en cuenta a los diversos sectores que exigen atención a sus carencias y necesidades; porque gestionar una ciudad no es únicamente un conjunto de pasos técnicos o administrativos, sino la capacidad para enfrentar problemas como la pobreza, la exclusión social, la marginación, es decir distribuir los beneficios de manera justa.
El Derecho a la Ciudad puede sintetizarse en dos afirmaciones: el derecho a no ser excluido y el vivir dignamente sin discriminación alguna independiente del género, edad, colectividad a la que se pertenezca o de cuestiones sociales, económicas, educativas, culturales o cualquier otra. Nuestro país es uno de los pocos que incluye en su Constitución, el Derecho a la Ciudad que “representa la garantía del acceso equitativo a los beneficios de vivir en una ciudad, la posibilidad de construir participativamente los asuntos de esa ciudad y el cumplimiento de los derechos humanos para quienes habitan la misma” (Art. 31). Este derecho que comprende:
a) “El ejercicio pleno de la ciudadanía que asegure la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia.
b) La gestión democrática de las ciudades mediante formas directas y representativas de participación democrática en la planificación y gestión de las ciudades, así como mecanismos de información pública, transparencia y rendición de cuentas.
c) La función social y ambiental de la propiedad que anteponga el interés general al particular y garantice el derecho a un hábitat seguro y saludable”
Para gobernar una ciudad, no son suficientes los buenos deseos, supone además dar respuestas efectivas al cúmulo de demandas sociales, estableciendo prioridades para evitar privilegios. Los ciudadanos, por su parte, deberán cumplir las normas vigentes, asumiendo esa corresponsabilidad para diseñar conjuntamente políticas públicas pertinentes social, cultural y ambientalmente.
De ahí la importancia de que el servicio público sea ético, humanista y eficiente. La ética pública y la corresponsabilidad social no sólo son valores abstractos y normativos, son saberes aplicados que determinan la calidad de las decisiones, haciendo que las personas sean dignas de su condición ya sea de autoridades o ya sea de ciudadanos.
Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.
