Por decreto del presidente Lasso las Fuerzas Armadas están movilizadas para contribuir a controlar la delincuencia. Este año han ocurrido en el país 1.185 homicidios, 1.112 de los cuales han sido calificados de violencia criminal, dice la Policía Nacional y el presidente Lasso lo subraya para justificar su decreto de estado de excepción con el moviliza a las Fuerzas Armadas en todas las provincias de la costa, más las provincias de Pichincha y Santo Domingo.
En el decreto de estado de excepción se asegura que la tasa de homicidios intencionales subió: de 5,81 por cada 100.000 habitantes en el año 2006 a 10,62 por 100.000 habitantes en el 2021. Y, ante la desbordada acción delincuencial, el presidente llama, temporalmente, a los militares para completar y reforzar el rol de control de la Policía.
El crecimiento delincuencial es innegable y la movilización militar de refuerzo a la policía en operativos de seguridad ciudadana, protección interna, prevención del delito, orden público, requisa de armas, drogas y sustancias para procesarlas es útil pero, como bien dice el mismo decreto, esto será solo temporal y no es una solución definitiva al alto incremento las muertes violentas.
Si el gobierno no actúa para neutralizar a las bandas del crimen organizado el problema subsistirá, pero por ningún motivo de debe utilizar a las Fuerzas Armadas más allá del límite constitucional. Es decir, no deben ser usadas como fuerza de represión directa del crimen o narcotráfico, porque se corre el riesgo de exponer a la población civil a atraparla entre dos fuegos y además porque los soldados no están entrenados para controlar delincuentes en las ciudades sino para enfrentarse con otros militares o con irregulares armados.
Según el gobierno, las bandas delincuenciales están reaccionado con violencia como venganza contra el Estado por los decomisos de drogas y la vigilancia aérea antinarcóticos en las provincias costaneras. Puede ser cierto y, precisamente por eso, una guerra frontal vía armada contra el narcotráfico no es solución, mas bien exacerbaría el conflicto y lo pagaría la población como víctima de una guerra; peor si, como equivocadamente hizo México, se involucra en la lucha, de modo directo, a los militares, armas en mano.
Si el empleo de las Fuerzas Armadas es tan solo para tranquilizar a la población tampoco es correcto, porque finalizado el estado de excepción todo volverá a la anormalidad común.
El crimen organizado y el tráfico deben combatirse con actividades de inteligencia, con la partición transnacional y de la Organización de Naciones Unidas contra el Crimen (UNODC), dando paso a vigilancia de naves y aeronaves extranjeras, según lo permiten las convenciones internacionales.
Algunos opinan, incluso, que la legalización del comercio de algunas drogas mitigaría radicalmente el conflicto en uso de armas, pugnas por control de territorios, enfrentamientos con la fuerza pública, venganzas.
Es para debatir en las esferas de gobierno no solo la política de represión sino también las políticas con las que, sin renunciar nunca al control del Estado, se atenúe, restrinja o contribuya a suprimir las razones que mueven a las personas a dedicarse al delito. Es decir, nada funcionará sin enfoque social.
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, independiente. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
