Las tres últimas semanas hemos transitado de sobresalto en sobresalto. Las noticias que nos han llegado por los distintos medios de comunicación, provocaron en muchos sensaciones de paralización, impotencia, asombro, indignación, indefensión, miedo e incluso terror.
La realidad que estamos viviendo, supera la ficción. Como decían las abuelas, ni en las peores pesadillas imaginamos que algo así nos podía pasar.
Centros penitenciarios gobernados por las mafias del narco terrorismo, convertidos en reductos y guaridas, desde los que dirigían sus criminales negocios, sin que la policía o el SNAI ejercieran ninguna acción de control. Las cárceles no eran tierra de nadie, eran las fortalezas de los criminales.
El Presidente Daniel Noboa, había anunciado el traslado de los cabecillas de las bandas delincuenciales a centros de privación de libertad de máxima seguridad, antes de que se cumpla la disposición, el lunes 8 de enero nos enteramos de la fuga de alias “Fito” de la cárcel Regional de Guayaquil. Se decreta estado de excepción por 60 días y toque de queda de 23H00 a 05H00 a nivel nacional.
El martes 9 se amotinan los privados de la libertad, secuestran a guías penitenciarios en la cárcel de Turi y otros centros; un grupo armado se toman las instalaciones de TC Televisión, durante una transmisión en vivo en señal abierta.
Ese mismo día el Presidente emite el Decreto 111, reconociendo la existencia de un conflicto armado interno, dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes, e identifica a 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
Lo relatado es un conciso resumen de algunos de los hechos que hemos sufrido en los últimos 11 días, los que han sido reproducidos en todos los medios de comunicación y redes sociales. A riesgo de ser cansona, creo que es importante no olvidar porqué estamos en un conflicto interno armado.
Creo que hay que reconocer los arrestos del Presidente, así como la necesidad del respaldo ciudadano, pero sobre todo del que deben darle las otras funciones del Estado, respecto de las decisiones y acciones que buscan protegernos, lo que implica trabajar en consonancia y cumplir con sus responsabilidades y atribuciones con firmeza y pulcritud.
Lo que estamos viviendo, hace que inevitablemente miremos hacia atrás. Cierto es que no deberíamos llorar sobre la leche derramada, pues la terrible realidad que enfrentamos son hechos consumados, sin embargo, como en todos los ámbitos de la vida individual, familiar y colectiva, es necesario que aprendamos las lecciones, para implementar correctivos o acciones radicales, que permitan al país ir hacia delante en condiciones de seguridad y en búsqueda del bienestar.
En situaciones de crisis se dice mucho, que no es el momento de señalar los culpables sino buscar las soluciones. Por supuesto que lo segundo es lo que hay que hacer para salvar y proteger a la mayoría, pero sin duda, hay que castigar a los responsables; en primer lugar a las bandas narco terroristas y sus integrantes, que han sembrado el terror y atentado contra las libertades de los habitantes del Ecuador.
Pero también hay que imponer sanciones –con aplicación de la ley y/o con la condena social y moral- a quienes hacen posible el paso de los delincuentes de todo tipo, por “puertas giratorias” que los libran de responsabilidades, condenas o del cumplimiento de penas.
Hay que escarmentar a los abogados que no ejercen la defensa del imputado o procesado, sino que se convierten en parte de la organización delincuencial, recurriendo a subterfugios con el uso y abuso de las normas para beneficiar a los delincuentes, o se transforman en correos o mensajeros para sobornar o chantajear a jueces, fiscales, otros servidores judiciales o de los organismos de vigilancia y control.
Hay que escarmentar y proscribir a los jueces corruptos, que obvian las pruebas y evidencias, no condenan o conceden medidas cautelares o acciones constitucionales para favorecer la impunidad, igual cosa en lo que corresponda, a fiscales y servidores judiciales.
Hay que sancionar a miembros de la policía y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) –nombre rimbombante, como varios otros, producto de las leyes aprobadas al amparo de la Constitución-, por no cumplir con su deber y más aún por ser parte de las mafias.
Hay que condenar, con aplicación de la ley si se determinan méritos para ello, pero sin duda moral y políticamente, a quienes en el mejor de los casos se hicieron de la vista gorda en su momento, o peor aún permitieron con conciencia y voluntad, quizá recibiendo beneficios, la entrada e instalación de las mafias narcoterroristas que hoy asolan el país. Sería bueno comenzar por dejar de darles palestra y micrófonos para que pontifiquen, se presenten como impolutos y endilguen a otros también sus propias responsabilidades, a pretexto de que hace algunos años no estábamos como hoy.
Hay que escarmentar a quienes “de la nada” y de la noche a la mañana aparecen haciendo gala de riqueza, cuyo origen lícito no podrían probar, la que nadie cuestiona, al contrario muchos admiran y envidian, porque en la sociedad ecuatoriana parece darse más valor al tener que al ser personas de bien.
Hay que sancionar a quienes abusan de los recursos públicos, a los que no cumplen con su deber y se benefician sin importarles las personas a quienes están obligados a servir.
Tenemos que salir del letargo, mirar alrededor, hacer lo que a cada uno nos corresponda para recomponer el dañado tejido social, porque los corruptos, las mafias y el narco terrorismo no están dónde los vecinos sino en nuestra casa grande.
Todo grano de arena suma, para bien o para mal.
Portada: foto tomada de: https://culturadelainterioridad.wordpress.com/
Mujer estudiosa y analítica, lectora atenta y escritora novel. Doctora en Jurisprudencia y Abogada – Universidad de Cuenca, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud – Universidad de Barcelona, Diplomado Superior en Economía de la Salud y Gestión de la Reforma – Universidad Central del Ecuador. Docente de maestría en temas de políticas públicas y legislación sanitaria –Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en el área de vinculación con la sociedad, legislación relacionada con el adulto mayor – Universidad del Adulto Mayor. Profesional con amplia experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en los ámbitos de legislación, normativa y gestión pública.
