La pregunta de la consulta popular para que el pueblo decida si se convoca o no a una Asamblea Constituyente, para elaborar otra Constitución merece una reflexión responsable.
Las Asambleas Constituyentes, como poder constituyente originario, se han dado, como resultado ya sea de la fundación de Estados por procesos de independencia política, por división o desintegración de Estados surgiendo otros nuevos, y a la inversa, por fusión de Estados y como consecuencia de revoluciones políticas. En todos estos casos las Asambleas Constituyentes han sido fundacionales de Estados.
En otros casos, los Estados ya existen, y las Asambleas Constituyentes se motivan entre otras causas: por reformas políticas más o menos profundas; para salir de dictaduras, gobiernos interinos o de transición; por cambios de “partido dominante” o regímenes ideológicos hegemónicos de larga data; proyectos políticos que recogen reivindicaciones sociales represadas y persistentes en el tiempo; y, por iniciativa de ciertos líderes (caudillos) con significativo peso y capacidad de arrastre político.
En nuestro país se destacan, entre otras, las Asambleas Constituyentes de: 1830 con la que se fundó el Ecuador; la de 1845 expresión de la Revolución Marcista; la de 1861 que amplió el sufragio, otorgó poder regional a las provincias y permitió superar la desintegración nacional; la de 1906 que consagró las transformaciones de la revolución liberal; la de 1929 que recogió los logros sociales de la Revolución Juliana; la de 1945 considerada la más avanzada socialmente que avanzó hacia el Estado social y democrático de derecho; y, la de 1997 que expidió la Constitución de 1998 en la que se institucionalizó el Estado pluricultural y multiétnico.
En el caso de la Asamblea Constituyente de Montecristi, y la Constitución del 2008, éstas fueron la expresión de la presencia de nuevos sujetos y movimientos sociales ligados a emergentes vertientes del pensamiento social vinculadas al ecologismo, feminismo, las diversidades sexuales, étnicas, culturales y nacionales, la democracia ciudadana directa, lo comunitario, público, inclusivo y social, los nuevos sujetos de derechos (naturaleza, comunidades, pueblos y nacionalidades), la relación armónica entre sociedad, Estado, mercado y naturaleza, el desarrollo basado en los derechos, el buen vivir, la economía social solidaria, y los recursos estratégicos y servicios públicos en manos del Estado.
Con la Constitución del 2008 se superó una época donde primó el neoliberalismo, en medio de una descomposición institucional y corrupción generalizada, la amenaza de desintegración nacional con la pretensión de ciertas oligarquías de tener su propia “Ciudad Estado”; y, en circunstancias donde las Constituciones de 1978 y 1998 habían sido vaciadas, imperando la voluntad de ciertos caudillos políticos. Pero también inauguró el dominio de la Revolución Ciudadana (Alianza PAIS), que transitó por la modernización, el autoritarismo y la corrupción; y luego, el paso de los gobiernos de Moreno, Lasso y el actual de Daniel Noboa.
Con todos estos avatares de la vida nacional, cabe preguntar, entonces, ¿por qué el gobierno actual propone ir hacia otra Constituyente?
De la revisión de los considerandos del Decreto Ejecutivo 153 expedido por el Presidente Noboa, el 20 de septiembre de 2025, para convocar a la Asamblea Constituyente, se desprende que la motivación fundamental, se relaciona con la inseguridad del país, motines carcelarios, asesinatos de civiles, policías y militares, conflicto armado interno, descomposición profunda de la justicia, fracaso de las cárceles bajo la Constitución vigente, incremento de la tasa de homicidios que sitúa al país entre los más violentos de la región, expansión del crimen organizado, disputa por territorios y rutas del narcotráfico e infiltración en instituciones estatales, entramado jurídico-procesal que opera en favor de la impunidad de criminales y niveles mínimos de confianza ciudadana en las instituciones representativas.
Todas las motivaciones para la Constituyente, son materias y temas susceptibles de ser enfrentadas mediante reformas legales, leyes, nuevas, políticas públicas, estrategias, acciones y modificaciones institucionales en el marco del ordenamiento jurídico vigente y mucho más si el gobierno cuenta con una mayoría legislativa, pero respetando los procedimientos de producción de las leyes.
Aún más, como nunca antes, el gobierno de Noboa, ya cuenta con todas leyes necesarias para enfrentar la inseguridad, nada le falta. El problema no radica en tener una nueva Constitución sino en la capacidad para establecer consensos sociales, políticos e interinstitucionales y un gabinete con más alta calidad, sensibilidad social, con capacidad de diálogo, despojados de vanidad y autoritarismo, y considerando que gobernar el país no es igual que administrar una empresa privada.
Si los ciudadanos leen los considerandos que motivan la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar otra Constitución, se darán cuenta que no hay una sola razón para avanzar en ese empeño que podría coinvertirse en un tiro en el pie. Hasta ahora la estrategia del gobierno ha sido mostrarse supuestamente victorioso de la “guerra” contra la delincuencia y la protesta social, aunque son inciertos los efectos de la violencia tanto del Estado como de ciertos sectores provocadores.
Pero las verdaderas motivaciones para la Constituyente, se visibilizan en las declaraciones de algunos de sus funcionarios y voceros del gobierno, que revelan la intención de reducir al máximo el sistema de derechos y garantías, suprimir los derechos de la naturaleza y limitar la consulta ambiental y consulta previa, la instauración de un régimen económico basado en privatizaciones y la rentabilidad de los servicios públicos, los negocios privados con los fondos del IESS, la supresión de subsidios sociales e incentivos económicos a las élites, el extractivismo minero, los agronegocios y beneficios a la banca.
La experiencia vivida con el actual gobierno, proyectan a nivel político en la Constitución de sus sueños, la institucionalización de un Estado de excepción permanente, más centralización administrativa, supresión del derecho a la resistencia, mecanismos de subordinación de jueces, fiscales y órganos de control, débil control constitucional y una mayor militarización de la sociedad.
En el país, casi todos los que acceden a la presidencia de la república u otras dignidades de elección popular, se creen refundadores de ciudades, provincias o del Estado nacional, y que con ellos comienza y termina la historia, y al día siguiente de su elección piensan en la reelección y que son eternos en el cargo. Culpan a la Constitución y más leyes de todo, y que las reformas penales y sanciones drásticas lo curan todo. Así se repite el círculo vicioso de la desgracia nacional.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
