Un lenguaje inadecuadamente expresado por el presidente de la República y peor entendido por las bandas delincuenciales contribuye a precipitarnos a un conflicto armado o más directamente una guerra.
Que había una disposición de trasladar mafiosos corrió, de cárcel a cárcel, y en menos de cuarenta y ocho horas hubo motines, desórdenes; y, dos de los delincuentes más buscados se fugaron de su prisión: Alias “Fito”, líder de la banda Los Choneros; y Fabricio Colón Pico, presunto encomendado de matar a la fiscal general Diana Salazar. Entonces el gobierno declaró el estado de excepción y movilizó a los militares para que intervengan las cárceles. Los mafiosos entendieron todo esto como una amenaza contra su vida y declararon la “guerra”.
Quizás el conflicto se evitaba si el gobierno aclaraba que los militares se limitarían a requisar armas y calmar insurrecciones, sin que se pretenda quitar la vida a nadie, pero devolvió el golpe y declaró al país en “conflicto armado interno”, bajo el “derecho internacional humanitario” contra las bandas de delincuencia organizada, a las que declara “terroristas” y encarga a las Fuerzas Armadas combatirlos.
A partir de aquí el gobierno comete, de entrada, una confusión sobre el conflicto, porque los narcoterroristas no pueden ser tratados bajo combatientes acogidos al derecho internacional humanitario pues no son soldados extranjeros, ni siquiera guerrilleros locales con motivaciones políticas, sino delincuentes comunes que cometen actos de terrorismo y como tal deben ser tratados, juzgados y condenados.
El país ha vivido subversiones, anarquías graves, rebeliones militares, pero ningún gobernante se atrevió a decretar la vigencia de un “conflicto armado interno” a cuenta de las Fuerzas Armadas. La Constitución y leyes encomiendan a los militares la defensa externa del país y pueden actuar en defensa interna, en casos excepcionales, bajo rigurosos límites y controles.
Que los militares intervengan es correcto. Pero deberá ser una intervención tinosa, basada en inteligencia e información certera, para que la actuación sea puntual y contundente, a fin de apresar y llevar a juicio a los cabecillas e integrantes de las bandas. Pero sería un error pensar en una guerra abierta a tiros y en cualquier parte, con las bandas y con toda la fuerza armada. Eso pasó en México y ese país se inundó en sangre. Siempre se debe tener presente que las mafias reaccionarán contra la población civil, por lo que la acción militar debe hacerse con cautela.
Ahora, surge un problema más grave. Sucede que en Ecuador ni los militares ni nadie por acá tienen experiencia ni orientación profesional suficiente para combatir al terrorismo (solo recordemos el episodio del Huacho y los periodistas de El Comercio). Aquí al militar se lo prepara para combatir a subversivos en campo abierto, pero el terrorismo tiene otro tipo de batalla, cuya doctrina contraterrorista (o sea los estudios y principios filosófico profesionales) está poco desarrollada en nuestras Fuerzas Armadas. Y ya que nuestros soldados deben enfrentarse a las nutridas narcobandas, solo diré que el armamento de la gran mayoría de nuestros soldados son puros fierros viejos. (O)
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, independiente. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
