Ana Cecilia Salazar V.
El 9 de enero del 2024, Daniel Noboa decretó estado de guerra interna, supuestamente para enfrentar la violencia criminal y la inseguridad en el país, lo hizo después de una dudosa noticia sobre la toma del canal de TV oficial. Sin duda, la población ecuatoriana no dimensionó el alcance de esas palabras. A partir de ahí, el presidente apareció múltiples ocasiones vestido de militar y rodeado de comandos armados hasta los dientes. En el trasfondo de este relato, estaba el miedo y cualquier anuncio parecía la salvación frente a la violencia de las bandas criminales. Sin embargo, después de casi dos años esta guerra no ha dado los resultados esperados, hemos llegado a ser el país con las ciudades más peligrosas del mundo y el mayor exportador de droga hacia Europa, este último año ha sido el más violento de nuestra historia con más muertes extorción y secuestros que nunca antes. Tal parecería que las fuerzas armadas y policiales no son eficientes o están dedicadas a otras tareas.
Como ya lo advertimos en una ocasión anterior, parecería que el objetivo de esta declaración de guerra interna no era únicamente combatir a las bandas criminales sino también crear condiciones para implementar medidas de corte económico. Así, el gobierno ha decretado varios estados de excepción, ha enviado varias leyes económicas urgentes a la Asamblea Nacional, ha perseguido a la Corte Constitucional y ha puesto en el Consejo de la Judicatura a sus propios jueces; mientras tanto el ejército resguarda consultas manipuladas para beneficio de los intereses de las mineras, como en el caso de Kimsacocha, por ejemplo. El equipamiento y las armas entregadas a las fuerza policiales y militares, no han logrado brindar seguridad a la ciudadanía. El discurso de la guerra está sirviendo para criminalizar a las organizaciones sociales, encarcelar y acusar a sus líderes como terroristas, amedrentar a la población de los barrios populares y las comunidades de la sierra y hasta para amenazar a la población indígena de sacarles del territorio nacional. Las organizaciones sociales están en completo estado de indefensión y la democracia ecuatoriana sometida a un severo retroceso.
Hanna Arendt advierte que la violencia oficial aparece cuando el poder está en riesgo. El discurso de guerra interna le ha servido al gobierno para aplicar el uso ilimitado de la violencia. Vemos con dolor e indignación como esta guerra se ha extendido hacia los sectores populares que manifiestan su inconformidad y que han sido reprimidos brutalmente en las calles y las comunidades indígenas con el propósito de neutralizar la indignación social. El pueblo indígena ha sido humillado e irrespetado por parte del gobierno y de muchas personas que han profundizado sus expresiones racistas y discriminatorias, desconociendo que somos un país multicultural y constitucionalmente un Estado plurinacional.
Las cifras de la represión durante el paro son elevadísimas. Mientras el gobierno habla de 17 militares secuestrados, los mismos que ya fueron liberados agradeciendo el buen trato recibido por parte de los indígenas; la persecución a los manifestantes lleva 125 detenidos sin justificación, 150 violaciones a los derechos humanos, y lamentablemente un muerto en manos de militares que patearon indolentemente en el suelo a la persona mientras agonizaba.
La protesta social es constitucional porque es una forma de alertar al poder sobre la necesidad de gobernar democráticamente y en función del bien común. El paro nacional que se inició en oposición a la eliminación del subsidio del diésel, obliga al gobierno a revisar el decreto ejecutivo 126 y plantear una alternativa. Bien podría mantenerse el subsidio para el transporte público, la agroecología, la pesca artesanal, ya que no se puede dar el mismo tratamiento a todos los sectores cuando existen grandes empresas que se benefician de este subsidio de forma fraudulenta.
Noboa ha extendido la guerra interna contra el pueblo inconforme de los abusos del poder y su incapacidad para gestionar las necesidades apremiantes de la población. Es nuestra obligación resistir y contribuir a que no se apagan las múltiples voces de los y las ecuatorianas que no queremos una paz del cementerio sino una vida con dignidad y justicia social. Frente a ello, es imperativo cuidar las libertades y derechos colectivos de la población y los derechos de la naturaleza, organizarnos para liberar al país de tanta injusticia, engaño, corrupción e impunidad. La respuesta que debe recibir el gobierno de Noboa es NO en la próxima consulta popular.
Portada: foto tomada de https://short.do/WXjKhT
Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.
