“La fuerza sin Derecho es tiranía, pero el Derecho sin fuerza es anarquía” es un pensamiento atribuido al filósofo alemán von Iering, la que resume plenamente la realidad del país, con el Estado ante las bandas delictivas. El Estado ha estado sometido a las narcomafias, dueñas de las cárceles y de la calle, enfrentadas en cruenta disputa entre ellas por el control de las rutas de distribución de drogas y de las zonas de venta.
En esa disputa, balazos cruzados han terminado con la vida de personas ajenas a la lucha de las bandas, que han aterrorizado al pueblo. Por eso, con la presencia y actuación de los militares en las cárceles y calles, el país parece respirar, luego de la conmoción de los ataques terroristas.
Y así debería ser siempre. El país en paz, las cárceles y calles controladas, cárceles en las que, gracias a la movilización militar y policial, se descubrió que, al menos en la cárcel de Cuenca, había túneles de control de servicios eléctrico y sanitario, de los que casi nadie sabía; y, que los presos tenían instalaciones de fibra óptica y antenas satelitales. Es de presumir, entonces, la explicación de dos cosas que parecían inexplicables: por dónde ingresaban los presos las armas y drogas a las cárceles; y, cómo hacían los presos para conectarse a internet, pese a los “inhibidores” de celulares: esto es, por esos túneles y por la fibra óptica.
Mantener ese proceder sería imponer el control estatal que impida la anarquía, pero por Ley la presencia militar y policial es temporal, gracias al decreto del estado de excepción. El presidente lo expidió el 8 de enero, con una vigencia de sesenta días, prorrogables por treinta más, con lo que quedan solo dos meses y una semana para que los soldados vuelvan a los cuarteles y dejen las calles y cárceles, ojalá que no, desguarnecidas a merced del hampa.
Y aquí está el reto mayor. Qué va a hacer el Estado respecto a las mafias a partir del día 91 o cuando quiera que este termine el estado de excepción. Si no se quiere que la mafia recupere terreno, ese espacio de control debe recuperarlo el Estado. Lo fundamental será impedir que los jóvenes que integran las bandas – y que hoy están digamos en descanso, algunos amedrentados por las humillaciones y palizas a manos de los uniformados – regresen a ellas o se consoliden en las mismas. Opción para conseguirlo podrían ser programas educativos y de formación profesional, reforzados y persuadidos, eso sí, de que integrar la banda sólo es camino a la cárcel o la muerte.
Ese sería el poder de un Estado sin anarquía y sin tiranía, que oriente a esos jóvenes al trabajo en sociedad. No se alejarán de la delincuencia a tablazos, patadas y planazos de machete, como se ha visto en videos de las redes sociales. (O)
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, independiente. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
