Inclusión no solo de la discapacidad
La autoridad educativa ecuatoriana actual ha establecido el campo de la educación inclusiva, en los siguientes términos: “La Educación Inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. Esto implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común y la convicción de que es responsabilidad del Sistema Educativo educar a todos los niños, niñas y adolescentes.” (Portal oficial). En esta afirmación se reconocen las diferencias entre individuos, así como entre grupos de personas por razones, económicas, sociales y culturales; diversidades que se manifiestan en el estudiantado que asiste a las aulas de todos los niveles educativos en nuestro país.
En la LOEI e instrumentos de planificación del desarrollo nacional y local, hay una marcada tendencia a reducir la Inclusión Educativa únicamente a las acciones dirigidas a personas con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de la discapacidad intelectual, física, motriz, auditiva, visual o mental; de multidiscapacidades; o de autismo, síndrome de Asperger, entre otros, lo que en la literatura especializada internacional se conoce como diversidad funcional.
Por su parte, investigaciones educativas en varios lugares del país, muestran que la realidad de las aulas pone en tela de duda que el sistema educativo en general y, el profesorado en particular, den respuestas satisfactorias a las necesidades educativas especiales ya sea en sentido amplio o, aún a aquellas que se conocen como diversidad funcional, las cuales, por ahora, supuestamente están atendidas como inclusión educativa.
Sin desconocer la validez y urgencia de atender a las necesidades de las diversidades funcionales en la educación, en esta ocasión es nuestro interés llamar la atención sobre el hecho de que hay otras diferencias presentes entre niños, niñas y jóvenes, como situación económica, estatus migratorio, religión, cultura, procedencia, edad; identidad de género, etnia, orientación sexual, etc., que, en muchos casos, también demandan ser atendidas de manera específica para que no se conviertan en obstáculos en su proceso educativo.
¿Qué pasa en América Latina?
A finales de la primera e inicios de la segunda década de este siglo, organismos internacionales como UNESCO, OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y UNICEF consideraban que la inclusión educativa era relativamente reciente a nivel mundial. Para esos años, en América Latina el tema había ganado la atención de las reflexiones académicas, en contraste a la baja atención dada por las políticas públicas del sector.
En junio de 2020, en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM, por sus siglas en inglés) la UNESCO declara que las escuelas de la América Latina, aun son escenarios de múltiples manifestaciones de exclusión educativa.
Este informe indica que, en la región, los sistemas educativos no se están adaptando a las necesidades de los estudiantes, por lo que uno de cada cuatro estudiantes de 15 años de edad, declara sentirse como un extraño en la escuela. En la República Dominicana esta cifra supera el 30%.
Latinoamérica presenta una de las más altas diversidades lingüísticas del mundo, pero los sistemas educativos no siempre lo reflejan, lo que tiene repercusión en el éxito escolar; por ejemplo, los estudiantes que no hablan el idioma de examinación estandarizada regional en el tercer grado (Pruebas TERCE), tienen tres veces menos probabilidades de poder leer un cuento.
Los datos de la región presentados por el Informe GEM (2020) apuntan que la segregación por origen étnico es mayor que la segregación por condición socioeconómica. En Brasil, México, Perú y Ecuador, existe una persistente desigualdad debido al origen indígena.
Si se enfoca la atención solamente en la diversidad por discapacidad funcional, 42% de los países de América Latina todavía mantienen leyes que colocan a estos niños y niñas en entornos separados para ser educados, es decir, a lo sumo el 40% de escuelas primarias ordinarias, reciben estudiantes con discapacidades funcionales. Estos estudiantes suelen necesitar infraestructura, materiales y estrategias pedagógicas adaptadas, pero solo el 29% de las escuelas de la región han hecho los cambios necesarios. Siete de cuarenta y seis países latinoamericanos reconocen el lenguaje de señas como idioma oficial. Los sistemas de información de nueve países no recopilan datos sobre la educación de los niños con discapacidades, por lo que, en esos casos, no se puede saber cuántos niños y niñas reciben atención a su discapacidad.
En algunos países, como Paraguay y Perú, el trabajo infantil todavía se permite a los 14 años, esto es antes de que termine la enseñanza obligatoria.
En toda América Latina hace falta generar programas específicos, redefinir la formación profesional y la práctica docentes, para ampliar el horizonte de la inclusión educativa de la siguiente manera:
Orientar la educación inclusiva hacia la construcción de equidad, por la que todas y todos los niños y jóvenes disfruten de pertenecer a un grupo en el que hay aceptación a la diferencias y equidad de oportunidades y así la educación pueda cumplir su función como factor de protección.
Impulsar la coeducación, es decir, propiciar una educación con perspectiva de género, basada en la igualdad de ambos sexos, que visibilice la importancia de la labor de las mujeres a lo largo de la historia para que las niñas tengan modelos a seguir, se incorpore un lenguaje inclusivo, se evite el sexismo y se respete la homosexualidad y transexualidad, en los textos escolares y en la vida cotidiana, todo lo que el androcentrismo prohibe a través del llamado currículo oculto.
Profundizar la interculturalidad en todos los niveles del sistema educativo nacional para aportar a la eliminación de las barreras que impiden al estudiantado tener un papel activo en lo cultural, comunitario y en el aprendizaje. Las barreras más frecuentes son el idioma, el racismo, el estatus migratorio, entre otros. La lengua supone una barrera directa al aprendizaje de los estudiantes, ya que impide seguir y entender las explicaciones del profesor, socializar con los compañeros y participar de forma activa en clase. La multiculturalidad en las aulas es una causa de racismo que afecta la convivencia escolar, con lo que se desaprovecha la oportunidad real para conocer otras culturas, idiomas, países, formas de vida. La intolerancia religiosa y de creencias expresadas por estudiantes y docentes es un aspecto urgente a trabajar, pues con frecuencia se asume una religión como la única válida.
Tareas en Ecuador
En el país están pendientes grandes tareas. Una es introducir en la LOEI una definición abarcativa de la Inclusión Educativa, tal como consta en la Constitución, para garantizar el derecho a la educación de todas las personas con necesidades educativas especiales derivadas de situaciones de vulnerabilidad social, cultural y de la diversidad funcional con o sin discapacidad. Otra es identificar y derrocar las barreras socioculturales y económicas por las cuales no todos los niños y jóvenes tienen la oportunidad de ir a un establecimiento educativo, o de recibir el apoyo que necesitan; ejemplos son el trabajo infantil y la falta de recursos económicos para la adquisición de libros escolares, uniformes etc. También hay que solventar los requerimientos que la atención de la diversidad funcional de tipo físico o cognitivo requiere, tales como adaptaciones arquitectónicas, intérpretes de lenguaje de signos y ampliación del número de niños que son atendidos por esta causa.
En cualquiera de los casos mencionados es urgente una gestión adecuada de la inclusión en el aula, institución y sistema educativo, y para ello, además de los cambios en las políticas ministeriales, son ineludibles las transfomaciones en la formación profesional docente, en lo concepual, metodológico, curricular y en la práctica profesional, de tal manera que se logre el respeto y aceptación de estas diferencias en las comunidades educativas.
Ciudadana comprometida con el desarrollo de políticas públicas, programas y proyectos de diferentes niveles educativos en varios lugares del Ecuador, en los que ha explorado alternativas teóricas y prácticas para que niños, niñas y jóvenes tengan experiencias pedagógicas que aporten integralmente a sus vidas al hacer realidad su derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad.
