El Día Internacional de los Trabajadores, se conmemora en el país, en circunstancias en que, el 69,51 % del pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 21 de abril del 2024, respondió en forma negativa a la pregunta que pretendía enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.
Se han planteado una serie de conjeturas para explicar el fracaso de la pretensión de instaurar (o reinstaurar) el contrato a plazo fijo, y de eliminar la prohibición del trabajo por horas establecida en la Constitución.
La pregunta rechazada, representó la política neoliberal del gobierno, y generó enorme desconfianza al dejar en manos del propio régimen, a través del Ministerio del Trabajo, la regulación de estos dos tipos de contrato de trabajo, debiendo recordarse que durante los últimos tres gobiernos proliferó la regulación laboral vía acuerdos ministeriales, muchos de ellos contrarios a la Constitución y al Código del Trabajo.
Esta desconfianza se vino acrecentando por la forma como se ha venido gestionando las relaciones laborales por parte del Ministerio del Trabajo y la falta de objetividad en el diálogo entre delegados de los empleadores y trabajadores, en las pocas ocasiones que han tenido la oportunidad de hacerlo.
En efecto, la gestión del Ministerio del Trabajo, a más de la débil inspección para supervisar las condiciones laborales, se realiza de espalas a los principios que ilustran el Derecho del Trabajo, como la protección o tutela a la parte más débil de la relación laboral, actitud que se extiende a los Tribunales de Conciliación y Arbitraje y también al ámbito judicial laboral.
En el caso del diálogo entre empleadores y trabajadores, no han sido representados los propietarios de los talleres artesanales, manufactureros, pequeños y medianos empresarios, sino delegados de una oligarquía empresarial, como tampoco son representados todos los sectores de trabajadores, siendo urgente una renovación de los delegados de las partes en los diferentes espacios de participación.
Pero la renovación no solo debe ser de personas, sino de conceptos y actitudes, para superar viejas trabas que impiden alcanzar consensos. Los empresarios se quejan que existen dirigentes sindicales desfasados de la realidad laboral actual y que no se han cambiado durante décadas, mientras los trabajadores acusan que existen dirigentes empresariales deshumanizados que solo pretenden la regresión de derechos y que no han superado los viejos conceptos liberales del trabajo o del capitalismo salvaje neoliberal.
Se deberían sincerar las posiciones en materia laboral y actuar con la realidad y la verdad tanto para crear nuevas fuentes de trabajo, cuanto para no esquilmar a los trabajadores. En este sentido se sostiene con mala fe o ignorancia que el Código del Trabajo, que data de 1938, no ha cambiado, cuando en realidad es una ley que más se ha reformado, a más de la frondosa normativa laboral infra legal emitida por el Ministerio del Trabajo a través de acuerdos ministeriales.
Por lo tanto, es necesario alcanzar consensos en torno a nuevos tipos de contratos de trabajo acordes con las realidades actuales del mundo laboral, pero la llamada flexibilización no puede ser pretexto para aprovecharse de la angustia de los desempleados y precarizar las relaciones laborales. No todos los empresarios actúan de la misma forma. Existen pequeños y medianos empresarios que comparten más con sus trabajadores y otros poderosos que comparten menos; unos respetan la dignidad de sus dependientes, y otros los maltratan como si fuesen esclavos o siervos, situación que se agrava con las mujeres trabajadoras.
Se debe considerar, entonces, que, en la dinámica de la realidad económica, se desarrollan formas y tipos de relaciones laborales (relaciones de hecho) que no se recogen y formalizan inmediatamente en relaciones jurídicamente reconocidas (relaciones de derecho), por lo que es necesario que empresarios y trabajadores dialoguen sobre estas novedades laborales que se abren paso en la economía.
Nadie puede dar las espaldas a realidades objetivas del mundo del trabajo, que están más allá de la voluntad, pero para afrontarlas hay que hacerlo con buena fe, transparencia, sin engañifas y tomaduras de pelo para avanzar en cualquier reforma laboral.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
