Las objeciones a los concursos que desarrollan instituciones como el Consejo de la Judicatura o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, han sido una constante, desde que tienen esa potestad.
En los últimos meses hemos presenciado lo que acontece en cada etapa del proceso de concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia; si no fuera un tema de trascendencia nacional, podríamos decir que a cada paso nos presentan capítulos de una tragicomedia.
Lo que hacen Terán y sus acólitos es impresentable, de forma grotesca violan la ley y las normas secundarias, las acomodan y modifican a su antojo, para favorecer intereses y a personas, mucho se ha dicho al respecto, en resumen, a la impunidad.
Aquí un recuento: extendieron ilegalmente el período de jueces que debían ser reemplazados; nombraron un Comité de Expertos, para la elaboración del banco de preguntas y casos prácticos, así como para calificar las pruebas, cuya experticia ha sido duramente cuestionada; dieron la opción a los participantes en el concurso para que repitan una prueba de confianza -aduciendo fallas en el sistema que impidieron a unos pocos realizarla-, so pretexto de garantizar un mentado principio de igualdad, que nunca iba a ser tal, porque a los que no pudieron realizar la prueba en el primer señalamiento, tampoco se les deba dos opciones –ese argumento cayó por su propio peso-.
A lo anterior se suman otros hechos que es importante tenerlos presentes, las decisiones han sido tomadas con mayoría de 2 votos, cuando los miembros del Consejo de la Judicatura son 5, pues se instalan las sesiones con quorum de 3, votan 2 a favor y se aprueba. En otros -como la repetición de la prueba de confianza-, estuvieron 4 en la sesión, 2 votos a favor y dos en contra, pero se resuelve con el dirimente del presidente, es decir en el sentido de lo que vota Terán.
Sobre este malhadado concurso, hay objeciones y dudas en el país y de los observadores internacionales, que no son consideradas ni tomadas en cuenta por quienes se creen investidos de poderes supremos. El Colegio de Abogados de Pichincha ha interpuesto una acción de protección para suspenderlo, la Jueza a cargo deberá resolverla el 14 de diciembre de 2023. Muchos esperamos que la decisión sea favorable y se suspenda ese concurso, pues la opacidad que lo rodea es enorme.
Lo que sucede en el Consejo de la Judicatura, debería motivar la reflexión de los tomadores de decisiones; y, al mismo tiempo plantear la necesidad de reformas urgentes al marco normativo nacional, pues no se pueden esperar resultados diferentes si se siguen haciendo las mismas cosas, las reformas legales y normativas deben incluir la posibilidad de acciones inmediatas que permitan evitar los atropellos de gente sin escrúpulos que llega a ocupar cargos en los que sirven y se sirven del poder para protervos intereses.
La Función Judicial, tiene una importancia capital en la defensa y garantía de derechos, así como en el sostenimiento de la democracia, por ello es imperioso realizar como sociedad todos los esfuerzos que correspondan para sanearla de perniciosos elementos; estableciendo requisitos exigentes y rigurosos, de manera que los mejores profesionales, con conocimientos, aptitudes, capacidades, honestidad y probidad notorias ocupen las magistraturas en todos los niveles y la dirección administrativa que tanta importancia tiene.
Este es otro de los casos, en el que no debemos normalizar la corrupción, la inoperancia, la ignorancia y las afrentas constantes a la justicia y el ejercicio del derecho, en el que no se puede dar palestra a quienes con cinismo se justifican o simplemente sacan el cuerpo, sin que se los ponga en evidencia como merecen, es más, están confiados en que los atropellos se harán efectivos pues no existen procedimientos expeditos que permitan pararlos a tiempo.
He dicho en otros espacios, que, quienes están al frente del Consejo de la Judicatura, provocan vergüenza ajena, me ratifico.
Portada: revista Vistazo
Mujer estudiosa y analítica, lectora atenta y escritora novel. Doctora en Jurisprudencia y Abogada – Universidad de Cuenca, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud – Universidad de Barcelona, Diplomado Superior en Economía de la Salud y Gestión de la Reforma – Universidad Central del Ecuador. Docente de maestría en temas de políticas públicas y legislación sanitaria –Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en el área de vinculación con la sociedad, legislación relacionada con el adulto mayor – Universidad del Adulto Mayor. Profesional con amplia experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en los ámbitos de legislación, normativa y gestión pública.
