Las ciudades son un bien común, por ello es fundamental recuperar su naturaleza rescatándolas de la lógica mercantil y retomando su valor de uso en beneficio de los habitantes, por encima de cualquier otra justificación. La complejidad de las ciudades requiere que la investigación en el ámbito urbano no esté vinculada a la acumulación de capital, sino que esté orientada a garantizar derechos, a democratizar la sociedad, a potenciar capacidades individuales y territoriales, a medir los impactos sociales y ambientales de la corriente del urbanismo planetario. Este desafío permitirá la construcción de ciudades habitables, donde su correcto crecimiento y el adecuado andamiaje institucional sean producto de políticas públicas urbanas con enfoque de Derechos Humanos y con presupuestos públicos adecuados.
El derecho a la ciudad podría ser definido como la oportunidad de los ciudadanos de apropiarse de la ciudad, a través de la corresponsabilidad social, entendida como lo pensamos y lo hacemos juntos, en el marco de una democracia deliberativa que demanda nuevas relaciones entre autoridades y habitantes, y el diálogo sobre la definición de las políticas públicas. De otra manera, los derechos fundamentales seguirán confundiéndose con favores y las garantías ciudadanas con concesiones clientelares. El derecho a la ciudad, implica la posibilidad de construir un imaginario de la ciudad en la que queremos vivir, rechazar la comodidad de pensar únicamente en el bienestar propio y desentenderse del malestar de los otros. Este derecho implica una manifestación de la vida urbana a través de la capacidad de organización social de sus habitantes para transformar la ciudad en respuesta a las necesidades colectivas. Una de las prerrogativas de la Ciudad es el derecho al Plan, en donde el Urbanismo es una condición necesaria en la construcción de las ciudades. Toda realidad ampliada del mundo actual genera la reflexión de cómo actuar en redes, las mismas que no son elementos estables y visibles para todos. Por tanto, deben ser pensadas de un modo especial y espacial para que puedan formar parte de los contenidos de la educación y del urbanismo.
Necesitamos provocar un movimiento democratizador que luche por ciudades pensadas en la gente. Existe una escasa identificación de los habitantes con los espacios públicos, lo que debilita su sentido de pertenencia y posibilidad de apropiación y de la acción social sobre el derecho al ejercicio ciudadano. Esta cultura política afecta a la organización social de los actores y gira en torno a temas concretos y no al interés colectivo. De ahí la urgencia de reconstruir relaciones, sostener solidaridades, fortalecer la identidad local y el sentido de proyecto colectivo. La ciudad en la que vivimos marca lo que somos y lo que podemos ser. El proceso de desarrollo de las ciudades intermedias como Cuenca, reclama una atención específica. Las ciudades intermedias son el núcleo del desarrollo económico, social o cultural pues son las mediadoras entre los servicios rurales y urbanos, funciones y flujos con capacidad para sostener la posición de los motores económicos regionales. Son ciudades protagonistas en el siglo XXI por su importancia demográfica y por las funciones que cumplen en el territorio; esto implica nuevas políticas e instrumentos de planificación, ya que las ciudades de tamaño mediano, de segundo nivel y pequeñas– requieren más servicios e inversiones para hacer frente a los cambios económicos, sociales, culturales y ambientales.
[1] Conclusiones del artículo: FACTORES QUE IMPULSAN Y RESTRINGEN EL DERECHO A LA CIUDAD EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN URBANA
lorena.vivanco@ucuenca.edu.ec / ana.salazar@ucuenca.edu.ec
Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.
