Cuando luego del 10 de agosto de 1809, se pintó en los muros de Quito, la frase “Último día del despotismo, y primero de lo mismo”, se habrá intuido por parte de los criollos, más conscientes, de que, tras la liberación del despotismo español, sucedería otro, ejercido por los criollos enriquecidos que compartieron los privilegios del coloniaje: la naciente oligarquía.
El despotismo, según el Diccionario Político de Norberto Bobbio y otros, es “aquella forma de gobierno en que quien detenta el poder tiene respecto de sus súbditos el mismo tipo de relación que el patrono (en griego “despotés”) tiene respecto de los esclavos en su posesión”.
Del significado originario de despotismo, se pasó a utilizarlo para calificar a un gobierno absolutista, concentrador del poder, autocrático, tiránico o dictador. En la actualidad, en un sentido amplio, el despotismo se relaciona con aquellas prácticas o conductas de la administración y gobierno, en las que se abusa del poder en el trato con los ciudadanos.
El ejercicio arbitrario de la autoridad, está estrechamente ligada al despotismo, ya que implica un ejercicio del poder sin límites al irrespetar las reglas jurídicas y romper el principio, del sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, que es la base fundamental del Estado de Derecho.
Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, enseña que, arbitrariedad, tiene como significados, entre otros, el de parcialidad, veleidad, improcedencia, iniquidad, sinrazón, atropello, desafuero, abuso y capricho.
Por lo tanto, la arbitrariedad se motiva en un acto que violenta la norma jurídica vigente, se basa llana y sencillamente en el poder, la autoridad, la fuerza que por lo mismo no se supedita al orden jurídico imperante, sino a determinaciones de la voluntad prepotente, por lo mismo caprichosa, carente de racionalidad jurídica, sin embargo, de lo cual puede aparentar tener motivación o justificación, pero falaces o manipuladoras de la ley.
La arbitrariedad puede inspirarse en la amistad, enemistad, intereses políticos, ideológicos, económicos, parentesco, compra de conciencias y otras causas, pero siempre, el ejercicio arbitrario del poder está ligado a la violación del ordenamiento jurídico, y primero de la Constitución.
En la historia de nuestro país, la arbitrariedad ha sido un componente de la gestión de las administraciones públicas de los gobiernos de turno, pero se agravó con el hiperpresidencialismo, y sobre todo por la práctica política autoritaria de los últimos tres gobiernos, que asimilaron bien las lecciones del régimen de Febres Cordero.
En la actualidad la arbitrariedad está ligada a la imposición autoritaria de tal o cual modelo económico, como ocurre con las últimas actuaciones del Ministerio del Ambiente, en relación a Quimsacocha, para acelerar la explotación minera, por encima de consultas populares, las resoluciones de la Corte Constitucional sobre la Consulta Ambiental y Consulta Previa, o la Sentencia de Protección de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
Que la arbitrariedad haya llegado a irrespetar las manifestaciones de la soberanía popular, resultantes de las consultas populares, es el acto más arbitrario y despótico, pero al mismo tiempo esa conducta genera la repulsa popular, indignación y desprecio ciudadano.
Y luego, algunas autoridades públicas se rasgan las vestiduras e hipócritamente se quejan de la inseguridad jurídica y la delincuencia, cuando son ellas mismas, con su comportamiento arbitrario, las causantes del irrespeto a los derechos, garantías y a la normatividad, causan desorden, desorganización y desinstitucionalización. Con la misma hipocresía se quejan de la falta de inversiones, haciéndose los desentendidos, de ser ellos, los responsables de los atropellos a las leyes, que ahuyentan las inversiones y abona el desempleo.
Si bien la población marginada urbana y rural, son los más golpeados por la arbitrariedad, sin embargo, la inobservancia de las normas jurídicas que rigen la estructura y funcionamiento del sistema social imperante, termina por perjudicar a los mismos beneficiarios del sistema mercantil capitalista que se basa en la libertad de empresa y mercado, y necesita, por lo tanto, de la previsibilidad que confiere el andamiaje jurídico positivo.
Por el contrario, los más beneficiados del ambiente de arbitrariedad, son los contrabandistas, mafiosos, delincuentes, la lumpen burguesía y la caterva de autoridades venales a su servicio que medran de la corrupción.
El país vive una ola de arbitrariedad en las diversas funciones del Estado, que terminará pasando factura a sus responsables políticos.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
