En el escenario delincuencial y político, Abdalita Bucaram resalta y agita las aguas con una inesperada demanda de indemnización por el golpe de estado en su contra, en febrero de 1997, hecho por el que reclama se le pague 300 millones de dólares. Por lo pronto, el Estado recibió el requerimiento de informar al detalle el caso de Bucaram a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que procesa las demandas por violaciones antes de que pasen a la Corte Interamericana para que se juzguen las causas.
Pide 300 millones de dólares Abdalita y promete que con parte de eso pagará la deuda se su equipo del alma, Barcelona. Hasta ahí la parte folklórica, chistosa y ridícula que caracteriza a nuestra política, pero el hecho viene con un lamentable y peligroso trasfondo jurídico y de corrupción.
No se me ocurre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preste para ayudar en su juego corrupto a Bucaram, sino que este pretende instrumentalizar en su favor a la alta instancia de derechos humanos para chantajear al sistema de justicia.
No olvidemos que en los juzgados penales se han desarrollado, apenas el mes pasado, las audiencias de juzgamiento por el supuesto delito de delincuencia organizada relacionado a la venta de insumos médicos y pruebas a los hospitales públicos, durante la pandemia y después de ella; y la Fiscalía acusa del mismo a Abdalá y a su hijo Jacobo.
Así que, me temo que la posición de Abdalita sea: o cierran la causa penal en mi contra o me pagan 300 millones de dólares por votarme de la presidencia por “incapaz mental”, conforme decisión mayoritaria de 44 de los 82 diputados de la época. Y, puesto que ya se ha interesado la Comisión Interamericana y como el Estado lleva las de perder, me temo que eso sea lo de fondo.
Chiste aparte, es indudable que la destitución de Bucaram fue ilícita y que se violaron sus derechos políticos y los de Rosalía Arteaga, por lo que la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos bien podrían sentenciar al Estado. No existen ni en la Corte ni en la Comisión Interamericana precedentes de condena a estados por la destitución ilegal de presidentes, pero sí de alcaldes y jueces.
El alcalde que consiguió reparación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro; y los jueces destituidos fueron los de la Pichi Corte. Lo que no cuadra es el monto de la indemización que pide Abdalá, pues 300 millones es un monto que jamás ha decidido la Corte en favor de nadie, ni siquiera por desaparición y tortura de familiares:
El exalcalde Petro recibió 28.000 dólares y los jueces 400.000 cada uno, lo que fue considerando excesivo. Lo que no se debe olvidar, es que Abdalá le debe país una indemnización millonaria por las sentencias de corrupción que jamás cumplió y por las causas que prescribieron… así que: si se le debe alcalde, que cuadren. (I)
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Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, Periodista de Academia TV. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
