Introducción
En el país se agrava el proceso de desinstitucionalización expresado, entre otras situaciones, en el deterioro de la democracia, manoseo de las leyes e instituciones jurídicas, atropello descarado de la Constitución, “metidas de las manos” entre las diversas funciones del Estado, corrupción y manipulación política en la justicia, politización de órganos de control, precariedad de los máximos órganos electorales, camarillas en el Estado para favorecer a ciertos círculos económicos, crisis aguda de los partidos políticos, avance de la delincuencia organizada y deterioro de los servicios públicos. La sensación de los ciudadanos es de mayor incertidumbre, inseguridad, arbitrariedad, anarquía y abuso de poder. El presente artículo trata de contribuir al análisis de la descomposición institucional.
1.- Democracia y desinstitucionalización
Las contradicciones entre diversos sujetos y líderes políticos, oficialismo y oposición, bancadas legislativas, órganos de las funciones del Estado o en general las derivadas de la participación en democracia no son las causas de la desinstitucionalización porque son propias de la convivencia en democracia, caso contrario la alternativa de solución serían los regímenes políticos totalitarios.
Algunos gobernantes y dirigentes políticos pregonan el liberalismo político, democracia, tolerancia, participación ciudadana y, sin embargo, en la práctica, pretenden la subordinación de las demás funciones del Estado a la función Ejecutiva recreando estilos del pasado. El tratamiento de las diferencias políticas es clave en democracia para tratar de llegar a consensos, lo que no se ha podido realizar ni bajo el autoritarismo populista ni con el neoliberalismo.
2.- La débil cultura de la legalidad
En el país no existe la cultura de la legalidad, es decir de respeto a la ley, los derechos y la justicia, como una de las condiciones para lograr una convivencia social basada en la igualdad de los ciudadanos, peor la cultura política de subordinación de todos los poderes a la Constitución y por ende la supeditación de la política a las reglas jurídicas.
La desinstitucionalización tiene sus raíces en el atropello constante a la Constitución y más normas del ordenamiento jurídico, la ineficiencia de la justicia y más órganos de control del Estado que desemboca en la permanente arbitrariedad y descomposición de la sociedad civil y la sociedad política.
Los grupos con poder económico disputan cuotas de participación en el sistema político y particularmente en el Estado y el gobierno de turno para favorecer sus intereses sin respetar la normatividad jurídica vigente por lo que el poder, la fuerza, termina imponiéndose al derecho, rodeándose, eso sí, de una aureola de legitimidad creada por la cobertura ideológica de grandes medios de comunicación.
Así en base a la confluencia del poder económico, ideológico y político se constituye en la realidad política un Estado Oligárquico expresión de corrupción y camarillas, que obedece a los intereses patrimonialistas y que contradice al Estado como un poder representativo y democrático como debería ser el Estado Constitucional de Derechos y Justicia establecido en la Constitución de la República.
En efecto el Estado Constitucional presupone que “…toda competencia, atribución, potestad o poder no puede ser sino producto de una norma y su ejercicio tiene límites de contenido y de procedimiento establecidos por la propia norma, de manera que el ordenamiento jurídico se configura por una sucesión de normas y poderes jerárquicamente establecidos en cuya cúspide se encuentra la Constitución que subordina a todas las demás normas y poderes”[1].
En este marco todo servidor público únicamente puede ejercer aquellas competencias, facultades, atribuciones, poderes y actos que expresamente le autoriza la Constitución y más leyes, lo que se traduce en el principio jurídico de derecho público “todo lo que no está expresamente permitido por la ley se entiende que está prohibido”, de manera que si el servidor público se extralimita en sus funciones, asume competencias o atribuciones que no le confiere la norma, entonces abusa de su poder, contraviene el ordenamiento jurídico y sus actos son nulos, jurídicamente insubsanables.
La actuación de la autoridad al margen de la norma jurídica constituye un acto arbitrario que lesiona el convivir conforme a los derechos y reduce las relaciones sociales y políticas a relaciones de fuerza, autoritarismo, prepotencia, violencia, discriminación e injusticia, que es lo que se vive precisamente en el país y que viene arrastrándose históricamente, proceder arbitrario que se motiva en el afecto, desafecto, amistad, enemistad, parentesco, congraciarse con autoridades, intereses políticos, económicos o de otra índole y la compraventa de la conciencia.
Las conductas arbitrarias generan una cultura del despotismo, espíritu rastrero, palanqueo, incondicionalidad y adulo al poder, relaciones mafiosas, subordinación complicidad, inmoralidad y denigración de la dignidad humana, que es justamente lo contrario a una cultura de legalidad, por lo que en el país no impera la racionalidad jurídica, la regularidad jurídica administrativa y judicial que lleva a la previsión de conductas y consecuencias, todo lo cual abona a la desinstitucionalización y el fracaso del Estado de Derecho.
3.- La calidad de la política
En el país se asiste a una clara degradación de la política que se manifiesta, a primera vista, en el creciente y constante deterioro de la preparación de las personas para el ejercicio de la representación popular y el servicio público de alta jerarquía.
La decreciente calidad de la política coincide con la crisis de los partidos políticos “arrastrada desde las elecciones del 2002, hasta la llegada de la Revolución Ciudadana, con su estigmatización de la partidocracia”[2] y continuó agravándose en los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso.
La crisis de los partidos políticos se expresa entre otros aspectos en:
- Deterioro del rol de los partidos de ser eslabones entre el gobierno y los ciudadanos
- Deterioro de su representatividad, legitimidad y credibilidad
- Deterioro de la identificación y conexión de los ciudadanos con los partidos y movimientos políticos
- Caudillismo y personalismo político
- Débil democracia interna y falta de transparencia
- Presencia política reducida al momento electoral
- Ausencia de formación política de militantes y dirigentes
- Débil debate político sobre temas trascendentes del país
- Indefinición, incoherencia y discrepancias ideológicas.
- Invasión del populismo.
- Desactualización de sus principios y propuestas programáticas
- Sustitución de los objetivos políticos por intereses patrimonialistas. (“Emprendimientos económicos”)
A estos factores hay que sumar el discurso del “apoliticismo” y la “antipolítica”, las falacias de la sustitución de la política por la técnica y el fin de las ideologías, el desprestigio de la política y el ataque a los partidos políticos, organizaciones populares, colectivos ciudadanos y gremios profesionales en el correato todo lo cual llevó a una dispersión política generalizada en cuyo marco se erguía el líder político omnipresente concentrador del poder y oráculo de la verdad. El resultado fue que la organización política y ciudadana se hizo pedazos para paso a la relación del caudillo con individuos aislados.
Los efectos de la dispersión política aún continúan manifestándose y los espacios políticos han sido copados en gran medida con personas improvisadas con débil o falta total de preparación para el ejercicio de una actividad que requiere investigación, conocimiento y responsabilidad, pues se trata de coparticipar en la dirección del país con fortaleza moral y ética para dar ejemplo a la sociedad. Para algunos hacer política es oportunidad para hacer negocios, emprendimientos y enriquecerse.
Por ello se ha señalado que “todos tienen derecho a ser elegidos es una cosa, pero también tienen el deber primero de ser honrados y prepararse como se hace para toda actividad humana como cocinar, cultivar, construir, conducir y cualquier otro oficio, arte o profesión. La democracia se basa en el respeto a la ley y los derechos, pero, ante todo en el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Ya decía Montesquieu la democracia tiene como principio la virtud”[3].
4.- Las proyecciones de la mediocridad de la política
La mediocridad en la política, como actividad para buscar el bien común, se proyecta en todos los ámbitos del Estado donde se advierte la carencia de la formación específica necesaria y pertinente para asumir la responsabilidad de la función pública, así por ejemplo políticos improvisados ejerciendo la diplomacia sin tener preparación siquiera para ser “momias cocteleras”, algunos llegan a dirigir la seguridad social sin conocimientos ni experiencia, otros acceden a dirigir funciones en el ramo de la agricultura con el único antecedente de haber administrado una bananera, por allí alguno dirige las obras públicas sin tener título de ingeniero, muchas personas sin formación jurídica en el servicio judicial y algunos dirigen instituciones públicas simplemente por ser empresarios o empleados de empresas confundiendo al Estado con empresa privada.
En el caso de algunos jueces y fiscales se observa la falta de probidad y fortaleza ética, débil educación y formación en la jurisprudencia, derecho constitucional y conocimiento especializado en la rama jurisdiccional de su competencia.
En el ámbito de la administración pública se da una violación frecuente del principio de legalidad o si se prefiere de juridicidad, es decir de motivar los actos administrativos con apego a la Constitución, otras fuentes del derecho y la ley formal con primacía en los derechos favorables al administrado. Esta situación es más delicada en los organismos de control para evitar la arbitrariedad, la discrecionalidad y la contaminación politiquera.
5.- La institucionalidad democrática
La construcción de una institucionalidad democrática necesita la creación de un régimen de desarrollo basado en la realización de los derechos, el respeto a la naturaleza, la participación ciudadana y estructuras económicas y sociales que posibiliten la igualdad material a la par con la justicia social.
Se requiere por lo tanto reconstruir el sistema político y la organización de la sociedad civil, comenzando por una reestructuración de los partidos y movimientos políticos para superar las deficiencias anotadas, así como del tejido social organizado partiendo de instituir la democracia interna y la transparencia en su funcionamiento y la sindéresis entre lo que se proclama y lo que se practica.
[1] Castro, C. Poder y Derecho. Página Editorial Diario El Mercurio de Cuenca. Edición: 6 de junio del 2013.
[2] https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/eloutsider/article/view/197
[3] Castro, C. Responsabilidad Política.. Página Editorial Diario El Mercurio de Cuenca. Edición: 10 de agosto del 2022.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
