El afán de estas reflexiones es explorar las características de algunas decisiones que se han tomado en el campo educativo en los tres últimos gobiernos, incluido el del presidente Lazo, y que han contribuido a crear, mantener y/o profundizar las condiciones de desigualdad de oportunidades que la educación ofrece a las y los ecuatorianos. De manera particular, se procura establecer el impacto de dichas decisiones para la educación de la población que habita en los territorios rurales y urbano marginales del país en donde, según datos del INEC, se concentra la pobreza por ingresos en el Ecuador. Esto se ejemplifica en aspectos relacionados con la educación y las telecomunicaciones que la Pandemia puso en cuestión.
El análisis centra su mirada en los contenidos educativos, pero también en las inversiones y orientación de las mismas.
Decisiones gubernamentales regresivas y contradictorias.
Los hechos y datos que ha continuación se exponen se ubican a finales del Gobierno del presidente Correa y en el mandato del presidente Moreno; en los dos momentos, las políticas implementadas, con respecto a algunos aspectos educativos fueron regresivas y contradictorias. La motivación inmediata de las mismas fue externa a la problemática educativa, puesto que, en los dos casos, ser realizaron para abonar a la disminución de los ingresos públicos, recortar la inversión estatal, y en el segundo caso, para achicar el Estado y acrecentar los ahorros para el pago a los acreedores de la deuda.
En este marco, al inicio del año lectivo 2016-2017 del régimen sierra, el Ministerio de Educación comunicó la decisión de eliminar del currículo nacional la asignatura de Informática (Ministerio de Educación, 24 agosto, 2016)[1]. Esta decisión fue regresiva porque tuvo como efecto inmediato el freno en la inversión gubernamental para la dotación de recursos tecnológicos en las escuelas fiscales, tal como lo indica el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel, s.f.)[2], el cual, puntualiza en 2018 que la falta de dicha dotación es responsabilidad del Ministerio de Educación y no suya. Las instituciones fiscales más afectadas por la decisión fueron las de los sectores rurales y urbano marginales, entre las cuales, como se puede apreciar en los datos oficiales de la Zona 6[3] para el cantón Cuenca, 5 de cada 10 ya no contaban con laboratorios, internet y/o ninguno de los dos servicios en 2018.
Los considerandos expresados en los documentos oficiales como justificación para la eliminación de la asignatura de Informática del currículo y su sustitución por la transversalización de este aprendizaje en la Educación General Básica y Bachillerato, a partir del trabajo de todos los profesores en sus respectivas intervenciones en un grupo de estudiantes, de acuerdo a las capacidades estudiantiles y necesidades curriculares, son teóricamente correctos; no obstante, y dado que, las autoridades ministeriales no dispusieron las estrategias correspondientes que crearan escenarios favorables para que eso sucediera universalmente en la educación fiscal ecuatoriana, se generaron consecuencias prácticas regresivas ya que los estudiantes, en la realidad se quedaron sin los aprendizajes de informática y sin la infraestructura tecnológica que eso requería, y/o con la rápida obsolescencia de aquella ya instalada. Con justa razón, una vez que han transcurrido, por lo menos 5 años, hoy se levanta una sería preocupación sobre cuáles son, al inicio del año lectivo 2021-2022, las condiciones de obsolescencia de los laboratorios que ya existían en algunos planteles fiscales.
El corto despliegue de estrategias e inversión fiscal en el periodo analizado se ve también ejemplificado en la rendición de cuentas ministerial del año 2019 en la que se da cuenta de 6.000 maestros (de 151.795 docentes del sistema fiscal que laboraron dicho año) capacitados en temas relacionados.
Sin desconocer otras limitaciones previamente existentes, se puede decir que, las grandes brechas que mostró la pandemia en la educación rural y urbano marginal, tienen su antecedente inmediato en estas decisiones. Lo anterior se reflejó en las limitadas habilidades estudiantiles en informática, el bajo equipamiento tecnológico de las instituciones educativas, pero también, en la falta de preparación de los docentes para poner en marcha las aspiraciones ministeriales de educación virtual en el 2020.
Por otra parte, el análisis de la trayectoria seguida por el Mintel en torno a los infocentros justifica plenamente el calificativo de política contradictoria, además de regresiva. No puede denominarse de otra manera el hecho de que este ministerio realizara un estudio detallado y a profundidad (Mintel, s.f.) que ratifica la necesidad de los mismos como salvaguarda de varios derechos, entre ellos de educación e información, de la población de menores ingresos económicos en el Ecuador, sobre todo, de aquellos ubicados en el sector rural y urbano marginal; este estudio también mostró que el aumento de la cobertura de los infocentros era una estrategia idónea del Mintel para garantizar acceso a las TIC de este sector poblacional y territorial. Al poco tiempo del estudio, la respuesta es desconocer lo actuado y analizado, y anunciar el cierre de los infocentros. Esta contradicción expone claramente la preeminencia de los intereses de los acreedores nacionales e internacionales sobre las necesidades internas de la población ecuatoriana, particularmente de aquella marginada históricamente. Aunque no se llegó al cierre en marzo de 2020, ni a inicios de 2021, al momento, las condiciones de funcionamiento de los infocentros, muestran que están siendo paulatinamente disminuidos hasta llegar a su extinsión.
La inacción como práctica
Antes y durante la pandemia generada por el Covid-19, la práctica de los ministerios e instituciones involucradas (Mineduc, Mintel, CNT) ha sido la inacción para la búsqueda de soluciones relacionadas con la introducción de TIC en la educación y la formulación de modalidades alternativas a la virtualidad para los sectores que no pudieron incorporarse a la misma.
De manera particular, resultó sorprendente la falta de intervención firme y categórica del Ministerio de Educación, por un lado, para establecer y desplegar modalidades alternativas de educación dirigidas a aquellos niños y niñas de quienes los docentes no volvieron a tener noticias en los tiempos de pandemia y, por otro lado, para levantar opciones de conectividad dirigidas a niños y jóvenes que, por esta falta, tenían un riesgo de pasar a engrosar el número de estudiantes sin escolaridad regular.
Las voces de las familias ecuatorianas que escuchamos, en muchos medios de comunicación, pidiendo ayuda, indicaban que, en esta problemática eran necesarias estrategias interministeriales (Mineduc-Mintel), el involucramiento de la Coorporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD- de diferentes niveles, para que las soluciones fueran factibles y adaptadas a las necesidades territoriales de acceso a las TIC. Sencillamente, nada de eso se hizo y las autoridades competentes en los diferentes niveles, fueron espectadores, como un ecuatoriano más, de la gran tragedia que se conocía por diferentes medios. Algunas iniciativas privadas pretendieron dar respuesta en la medida de sus posibilidades, pero al no haber política pública a la cual sumarse, quedaron con muy bajo impacto.
De esa época nunca supimos por qué la gestión del Mintel y Mineduc no concretaron su alianza con vigencia de 4 años para impulsar un bachillerato virtual, tal como lo anunciaron; cuáles fueron los condicionantes que impidieron la coordinación del Mintel con la Secretaría de Educación Superior para consolidar la educación superior virtual que permitiera ampliar los cupos de las universidades. Por último, surge la duda de si cuando se habla del cierre de los Infocentros también se está cerrando el proyecto que avaliza estas oportunidades de educación para el sector urbano marginal y rurales en nuestro país.
Dadas las actuales circunstancias constituye una obligación ineludible del Gobierno central así como de los autónomos descentralizados, retomar programas e inversiones públicas relativas a la incorporación de las TIC en el sistema educativo nacional que, en años atrás se suprimieron y/o no se realizaron. Pero también, es responsabilidad de las autoridades de los GAD provinciales, cantonales, parroquiales, estar al tanto de las carencias en las que se desenvuelve el servicio educativo fiscal y exigir el cierre de las brechas existentes en sus territorios .
En manos gubernamentales ha estado y sigue estando buscar soluciones a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y de alianzas con empresas privadas que viabilicen variadas alternativas. No obstante, hace falta un modelo de inserción de TIC en la educación, que de el marco general para optimizar las actuaciones gubernamentales y canalizar las iniciativas privadas y ciudadanas sin caer en la beneficencia y mendicidad.
Hoy: una agenda educativa sin políticas públicas
Al inicio del nuevo Gobierno ecuatoriano (2021- 2025), la autoridad educativa nacional presentó un nuevo plan de trabajo con 5 ejes denominados: Encontrémonos, Todos, Libres y flexibles, Fuertes y Excelencia (Ministerio de Educación, 5 ejes de trabajo: 20 líneas de acción)[4]. En la descripción de la línea denominada Todos, se señala el “Fortalecimiento de la educación rural y comunitaria con la reapertura y fortalecimiento de 900 escuelas rurales y con la implementación de un modelo pedagógico multigrado pertinente y de calidad.” (Ministerio de Educación, 5 ejes de trabajo: 20 líneas de acción). En el eje denominado Excelencia, se expone que una línea de acción es la: “Dotación de internet y herramientas digitales en las instituciones educativas, acompañada de procesos de alfabetización mediática e información y promoción de la ciudadanía digital”. (Ministerio de Educación, 5 ejes de trabajo: 20 líneas de acción).
Luego de trunscurrido el primer año de labores del actual gobierno y, visto el Informe preliminar Rendición de Cuentas 2021[5] se pueden señalar varias alertas:
La primera alerta es frente a la ejecución presupuestaria, la que muesta que, el fuerte del gasto fiscal en el sector, está en el pago de salarios y costos administrativos del ministerio, a lo que se suman el pago de compromisos anteriores no cancelados.
La segunda alerta se refiera a que los ejes señalados al inicio del gobierno, están siendo realizados a través de programas como “Apadrina una escuela” y similares, financiados e impulsados por la cooperación internacional y donativos de empresas (entre ellas Directv, Telefónica, Huawei), frente a los cuales, todos sabemos que, además de las ventajas tributarias para las empresas, esta es una forma eficiente de penetración en los públicos a los que están dirigidos los programas. Según señala el ministerio, así se han invertido “más de 17 millones de dólares en equipamiento, mejora y repotenciación de cerca 2.500 instituciones educativas, beneficiando a más de 199 mil estudiantes; 50.700 implementos tecnológicos entregados a 57.850 estudiantes; más de 66.200 listas de útiles entregadas en 960 instituciones educativas de 18 provincias del país; 39 mil estudiantes de 93 instituciones educativas se benefician con fruta fresca en su ración de alimentación escolar…” (Ministerio de Educación. Rendición de Cuentas, p.17).
Desde el punto de vista de este análisis, el problema no está en los aportes de la cooperación internacional y en las donaciones de las empresas; el problema está en que, son intervenciones puntuales y específicas que no impactan en el sistema educativo como tal, no trascenderán más allá del tiempo que duren los fondos y, lamentablemente, ni siquiera permanecerán en el lugar en el que hoy se implementan cuando se termine la intervención de sus padrinos.
Aunque es la primera vez que se habla de la construcción de contenidos curriculares desde los territorios y, desde la ruralidad en particular, no se alcanza a ver, la necesidad de coordinaciones interinstitucionales, de la participación de las organizaciones sociales, el involucramiento de los GADs, lo que sí daría sustentabilidad a estas acciones y establecería políticas públicas.
El escamoteo sistemático de las necesidades y derechos de la ruralidad.
En definitiva, de los datos expuestos en este artículo, se puede concluir que, lo único que se ha convertido en una política gubernamental, que se ha mantenido a lo largo de varios gobiernos y llega hasta el actual, es el escamoteo de las necesidades y derechos de la ruralidad y sectores urbano marginales. La gestión gubernamental de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en el Ecuador ha servido de ejemplo para identificar las características de la atención que los gobiernos dan a los sectores pobres del país.
Es necesario que las autoridades del Gobierno actual, deroguen las decisiones que han dado lugar a la regresión en la calidad educativa y en la inversión pública, prioricen las necesidades de los sectores vulnerables económicamente del país sobre el pago de la deuda interna y externa, como se ha hecho hasta el momento; no se siga recortando la inversión en educación y salud como solución al déficit fiscal, se trabaje coordinadamente entre los diferentes niveles de gobierno, fundamentalmente con los gobiernos locales, se escuche a las organizaciones sociales, lo que permitirá acercarse a las necesidades y condiciones de los territorios, y así, por fin, la educación rural y urbano marginal puedan estar presentes en la política pública tanto desde lo pedagógico como en las finanzas públicas.
[1] MINEDUC-VE-2016-00001-C Quito, D.M., 24 de agosto de 2016 Asunto: Actualización a la circular Nro. MINEDUC-VE-2014-0004-CIR del 13 de mayo de 2014, en función del Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/MINEDUC-VE-2016-00001-C-Circular-para-docentes-de-informatica-1.pdf
[2] Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (S.f.). Proyecto Ampliación de la Red Infocentros. Recuperado de: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/Infocentros-Documento.pdf
[3] Coordinación Zonal 6 de Educación. (2020). Listados de Instituciones educativas de tipo de educación regular, especial y popular permanente del cantón Cuenca desde el periodo 2013-2014 Inicio hasta el 2018-2019 Inicio (Registros Administrativos. Cuenca).
[4] Ministerio de Educación. 5 ejes de trabajo: 20 líneas de acción. En:https://educacion.gob.ec/ejes-de-trabajo/
[5] MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. Informe preliminar Rendición de Cuentas 2021 https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/03/informe_narrativo_rendicion_cuentas_2021.pdf
Ciudadana comprometida con el desarrollo de políticas públicas, programas y proyectos de diferentes niveles educativos en varios lugares del Ecuador, en los que ha explorado alternativas teóricas y prácticas para que niños, niñas y jóvenes tengan experiencias pedagógicas que aporten integralmente a sus vidas al hacer realidad su derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad.
