Ha sorprendido por demás la concesión de 268 amnistías, de modo generalizado, por parte de la Asamblea Nacional, bajo el argumento de que eran defensores de la lucha social. Más el caso es que, bajo el cobijo de ser supuestos líderes sociales, se ha dejado sin efecto denuncias, llamados a juicio y aun sentencias confirmadas a acusados y responsables de delitos comunes, con lo que la Asamblea ha cometido una violación flagrante de la Constitución y la Ley.
El artículo 120 numeral 13 de la Constitución señala que es función de la Asamblea “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios… no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”, lo que se repite en la Ley de la Función Legislativa. A su vez, el “Diccionario de Ciencias Jurídicas” de Ossorio recuerda que la amnistía envía al olvido los delitos políticos, con lo que se extingue tanto la acción penal (denuncia e investigación) como las sentencias.
El espíritu de las leyes de amnistía es detener el poder sancionador del Estado cuando personas, llevadas por un sentimiento de reivindicación política, resistieron o reaccionaron, al margen de la Ley, contra la opresión, tiranía o injusticia estatal.
Dar amnistías a hechos consustanciales con una movilización popular es sano para la justicia. Pero la resistencia y movilización activa se entiende el cierre de vías, lanzar objetos contra un edificio gubernamental, desobedecer un mandato legal, mas en el informe para otorgar las amnistías constan entre los beneficiados de las mismas señalados por delitos o sospechas de secuestro, pertenencia a grupos subversivos, terrorismo, odio, daño al bien ajeno, sabotaje, destrucción de registros, usurpación y tráfico de tierras, robo, minería legal, asociación ilícita, daños y perjuicios y calumnia.
De parte del sistema de justicia, no es ni justo, ni legal, ni políticamente correcto confundir resistencia con delito, ni justificar delitos a título de resistencia. Lo peor es que más parece que se las concedieron sin considerar los hechos sino quiénes estaban vinculados o señalados, entre ellos, dirigentes y exdirigentes de la CONAIE, como su expresidente Antonio Vargas.
Las amnistías generalizadas, con muchos implicados y en forma indiscriminada, transmite un mensaje horrible a la sociedad. El mensaje de que basta que alguien se proclame en resistencia o se declare dirigente comunal para invadir propiedades, destruir el bien ajeno, calumniar, reaccionar en forma beligerante, obligarla a hacer mi voluntad; y, peor: que alguien quiere reaccionar, violentamente, contra las impunidades.
Finalmente, hay que condenar que el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea que sirvió de base para la votación de las amnistías, contengan información tergiversada para favorecer ciertos casos.
El peor, el dejar impune el secuestro de tres empleados de una cooperativa que perjudicó a pobladores de una comunidad indígena; aquellos empleados, aunque no eran responsables del manejo económico de la tal cooperativa, estuvieron secuestrados veinte días en una comunidad de Cañar, sometidos a fuerza, a título de justicia indígena, la cual necesita de urgentes límites para que no los rebasen. Falsamente el informe que votó la asamblea, a fin de desvirtuar el secuestro, dice que los empleados de la cooperativa decidieron “permanecer voluntariamente” en la comunidad. Del que un documento público tenga datos falsos, es de por sí un delito que se llama de falsedad ideológica.
Por cierto, en el informe de amnistías que disculpan los hechos de octubre del 2019 no constan el incendio de la contraloría, la quema de la ambulancia, el abuso sexual a la mujer policía ni el daño a la florícola: los procesos en estos casos deberán seguir.(I)
Portada: foto de diario El Comercio
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, independiente. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
