Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glass y nexo de los sobornos pagados por la empresa Oderbrecht a exfuncionarios o a sus allegados para conseguir contratos con el sector público ecuatoriano, ha fallecido en Guayaquil por covid 19. Rivera estaba en condición de prelibertad y cumplió dos tercios de su pena de prisión. Está pendiente el pago de 33 millones de dólares como indemnización al Estado por los daños sufridos, cantidad fijada por Corte Nacional de Justicia. Rivera debía pagar 7,5 millones.
La muerte de una persona extingue la responsabilidad penal; la penal, pero no la civil o económica, por lo que el gobierno nacional está en la obligación de activar los medios legales para recuperar ese dinero.
Cuando una persona particular fallece y deja deudas, sus herederos o sucesores se hacen cargo de esos pagos, incluso con sus propios bienes si aceptan totalmente la herencia del fallecido; y, si la aceptan solo con beneficio de inventario, responderán hasta por el monto de la herencia.
En este caso no hay una persona particular, sino que es el Estado, o sea la sociedad ecuatoriana, la víctima de los perjuicios causados por los sobornos de Oderbrecht, ya que representaron contratos con sobreprecios y en cumplimiento del Código Integral Penal (COIP), la justicia sentenció a los implicados a pagar una reparación económica, a la que la víctima -en este caso la sociedad ecuatoriana- tiene derecho según el artículo 11 numeral 2 del Código Penal.
A la Procuraduría General, como abogado patrocinador del Estado, le corresponde gestionar toda acción legal para que el gobierno nacional recupere ese fondo. Por lo pronto, bienes y cuentas del señor Rivera deberían ser intervenidas, así como vigiladas las de sus potenciales herederos a fin de evitar transacciones irregulares y que las responsabilidades queden diluidas.
Debe seguirse el mismo procedimiento con todas las personas sentenciadas para que el Estado recupere su perjuicio y esto con urgencia. Rivera es el segundo de los condenados que fallece, después de Édgar Arias, quien murió en abril del 2020. Si la Procuraduría no es diligente, pandemia y negligencia de por medio la madrugarán y la corrupción habrá ganado la batalla más importante: recuperar los fondos perdidos. (O)
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, independiente. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
