AGENDA PARLAMENTARIA SOCIAL, AMBIENTALISTA Y DEMOCRÁTICA

El 14 de mayo del 2021 se instalará la nueva Asamblea Nacional por lo que deberán definirse las agendas parlamentarias de las diversas bancadas legislativas y de las respectivas alianzas, siendo importante contribuir al debate del “qué hacer” en este importante espacio de representación política donde se disputan intereses sociales, económicos y políticos.

Consideraciones previas

La propuesta de una agenda legislativa a la vez que tiene que enmarcarse en la Constitución de la República y el programa político presentado para las elecciones, debe considerar la representación social del partido, la situación política nacional e internacional, la posición frente al gobierno a instalarse, los objetivos políticos para el periodo y por supuesto la correlación de fuerzas necesaria para alcanzar las propuestas de legislación y fiscalización.

En el país en los últimos catorce años se conformó un modelo de desarrollo neoliberal contrario al establecido en la Constitución de la República, se dictaron leyes, decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales reñidos con el sistema de derechos establecido en la Ley Fundamental, el Estado Decretal se impuso sobre el Estado Constitucional, no se hizo efectiva la plurinacionalidad y la interculturalidad, se instauró el despilfarro y la corrupción estatalmente organizada cuyos efectos siguen repercutiendo en circunstancias de crisis económica, fiscal, sanitaria y moral  del país.

En esta situación es necesario desarrollar una agenda legislativa para enfrentar el neoliberalismo, avanzar en democracia y equidad social, garantizar los derechos colectivos y de la naturaleza, establecer una economía ética para la vida digna, que apoye a la producción campesina, fomente la economía y las finanzas populares y solidarias y establezca un marco institucional que permita luchar contra la corrupción.

Objetivos de la acción parlamentaria

De la evaluación de la aplicación de la Constitución de la República y la situación económica, social y política del país, se desprenden cuatro objetivos fundamentales para la tarea legislativa y fiscalizadora:

1. Desestructurar la normatividad jurídica que apuntala el neoliberalismo y adecuar la misma al régimen de desarrollo establecido en la Constitución.
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3. Derogar la normatividad jurídica contraria a las normas constitucionales sobre derechos colectivos, derechos de la naturaleza y al medio ambiente,
4. Desarrollar e implementar un sistema nacional anticorrupción para garantizar un manejo ético de los recursos públicos.

Objetivos generales y medios jurídicos

OBJETIVO GENERAL: “Desestructurar la normatividad jurídica que apuntala el neoliberalismo y adecuarla al régimen de desarrollo establecido en la constitución”.

Para lograr este objetivo se plantea reformar los siguientes cuerpos normativos:

1. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) en cuyo Art. 100 se contraviene la Constitución que ordena que la excepcionalidad de la delegación a la iniciativa privada debe hacerse en los casos que establezca la ley y no por “decreto” del Presidente de la República.
2. La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, para proteger las finanzas populares y solidarias con un régimen diferenciado de los bancos.
3. El Código Orgánico Monetario y Financiero para fortalecer la autonomía técnica del BCE, tanto del gobierno como de la banca.
4. La Ley de Seguridad Social para garantizar los aportes del Estado al financiamiento del IESS.
5. El Código de la Salud para fortalecer el sistema de salud público, su financiamiento y prevenir la privatización.
6. La Ley Orgánica de Educación para fortalecer el sistema de educación público, la interculturalidad, educación en valores e identidad histórica y geográfica y la educación en la ruralidad.

OBJETIVO GENERAL: “Hacer efectiva la vigencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia”

Para lograr este objetivo se plantea reformar los siguientes cuerpos normativos:

1. Elaborar la Ley Orgánica delSistema Nacional de Gestión de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, para hacer efectivo el Art. 1 de la Constitución.
2. Reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para eliminar normas que reducen la acción de protección a una acción subsidiaria y reforzar la ejecución de medidas cautelares y sentencias de los jueces constitucionales.
3. Reformar el Código Orgánico de la Función Judicial para normar de manera más específica el concurso para jueces y fiscales y evitar al máximo la discrecionalidad, en cuyo marco se dictará el reglamento respectivo; asegurar la transparencia de los procesos de concursos para jueces y fiscales; afianzar la autonomía de la Fiscalía General del Estado y normar la justicia indígena.
4. Reformar al Código de la Democracia, para evitar la manipulación de resultados electorales; establecer un método estable y democrático de distribución de escaños; armonizar las normas del COIP con las de inscripción de procesados que pretenden ser candidatos; mayor control de aportes a campañas y del funcionamiento democrático de partidos.
5. Reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para agilitar el juicio político y el trámite de destitución a los asambleístas inmersos en actos de corrupción.
6. Reformar la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo que afectan la autonomía de los GAD Municipales.

OBJETIVO GENERAL: “Derogar la normatividad jurídica contraria a las normas constitucionales sobre derechos colectivos, derechos de la naturaleza y medio ambiente”

Para lograr este objetivo se plantea reformar los siguientes cuerpos normativos:

1. La Ley de Minería para derogar las reformas elaboradas en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, publicadas en el RO 2S 37del 16 de julio del 2013, que benefician a las empresas mineras en detrimento de los intereses nacionales y los derechos de la naturaleza, las fuentes de agua y de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
2. El Código Orgánico del Ambiente, para: fortalecer el Subsistema Autónomo Descentralizado de áreas protegidas y la agilidad del trámite de dichas áreas en el MAE; garantizar los bosques y vegetación protectores naturales respecto de las actividades antrópicas y extractiva, así como los ecosistemas frágiles.
3. La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que establece la prevención a los impactos ambientales a perpetuidad que afectan a las fuentes hídricas, y que se encuentra para segundo debate en la Asamblea Nacional desde el 25 de noviembre del 2020 enviada por la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales.

OBJETIVO GENERAL: “Desarrollar e implementar un sistema nacional anticorrupción para garantizar un manejo ético de los recursos públicos”

Para lograr este objetivo se plantean los siguientes medios jurídicos:

1. Elaborar el Código Orgánico del Sistema Nacional para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción.
2. Reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para controlar los estudios de precios de mercado para definir pliegos y ofertas; evitar imposición de precios por los monopolios; redacción precisa de normas de la ley para evitar ambigüedades; y, restringir delegación de legislación secundaria a la SERCOP.
3. Reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para que en determinados casos se pueda realizar control preventivo y concurrente; absolver consultas sobre el trámite a casos específico, delimitados y concretos; establecer con precisión los plazos y términos de recursos y caducidad de informes con vistas a la seguridad jurídica; y que las auditorias se hagan por proyectos (si son de corto plazo), o por etapas o fases (en proyectos de largo plazo).
4. Agilitar la expedición de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Dictamen de la Corte Constitucional No. 1-21-OP/21 del 17 de marzo de 2021.

Objetivos de la fiscalización

1. En esta agenda debe incluirse la fiscalización a las actuaciones privatizadoras del gobierno de Lenin Moreno, las contrataciones de bienes, servicios, obras públicas y concesiones de última hora, así como la actuación del CNE y TCE en el proceso Elecciones Generales 2021 y exigir a la CGE la auditoría al sistema informático del CNE.
2. En el ámbito de la salud pública y la seguridad social, debería convocarse al Ministro de Salud para que informe sobre la estrategia para enfrentar la pandemia viral, el plan de vacunación, contratos e importaciones de vacunas. el proceso de vacunación, los costos de exámenes y pruebas en los laboratorios privados; exigir al gobierno que declare el uso público de los hospitales privados para la atención de pacientes graves de Covid 19 y convocar al Presidente del IESS para que informe sobre la situación económica y las acciones para su sostenibilidad y refinanciamiento.
3. En materia de la lucha anticorrupción debería convocarse a la Fiscal General del Estado para que informe sobre el avance de la investigación de los casos de corrupción y la negociación de petróleo con Petrochina.
4. En el ámbito ambiental resolución de la Asamblea Nacional para que se respete la consulta popular de Cuenca y convocar al Ministro del Ambiente para que informe sobre la delimitación de las zonas de Zonas de Recarga Hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay del cantón Cuenca.
5. En lo económico convocar al Ministro de Economía para que informe sobre la deuda pública y los planes de refinanciamiento; exigir a la CGE que realice un examen especial sobre la deuda pública y una auditoría el seguimiento de sus recomendaciones sobre esta materia; convocar al Ministro de Agricultura para que informe sobre las acciones para fortalecer la producción de pequeños y medianos productores agrícolas y líneas de crédito para el sector; la asistencia técnica y programas de mecanización agrícola y riego; acelerar la titularización de tierras en posesión individual y  colectiva; y, convocar al Ministro de Recurso Naturales No Renovables para que explique la situación de la producción petrolera, los últimos contratos y planes futuros para el sector.