En la Constitución Ecuatoriana de 2008, la palabra “participación ciudadana” es mencionada en 38 ocasiones distintas, y a nivel nacional existen cuerpos normativos como la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que de una u otra manera buscan garantizar el involucramiento de los ciudadanos en planes, programas y proyectos. A pesar de ello, mucho se ha dicho en Ecuador sobre la dificultad de asentar, en la práctica, las políticas de participación ciudadana establecidas en estos cuerpos normativos. Los ciudadanos sienten que, a pesar de que sea ley, no pueden ser parte de las decisiones que se toman sobre la ciudad.
La participación ciudadana conlleva en su concepto la necesidad de escuchar a todos los actores; pero, eso no implica el atender las necesidades, deseos o intereses de todos. A manera de ejemplo, recuerdo hace 5 años, se realizó un proceso muy interesante de participación ciudadana en Cuenca para un plan de reactivación del espacio público del Centro Histórico. El proceso contemplaba actividades para niños, jóvenes, academia, ciudadanos, gremios, etc. Dentro de los talleres realizados con niños se les pedía dibujar cómo querían que fuese su espacio público en el centro histórico; recuerdo, con ternura, que casi en su totalidad los niños dibujaron una cancha de fútbol en las plazas. ¿Se debían hacer, entonces, canchas de fútbol en las plazas del centro histórico?
En temas de ciudad, la participación ciudadana implica un permanente enfrentamiento de criterios contrapuestos. Así, en cuanto al uso y gestión del suelo existe la dicotomía entre mercado inmobiliario versus regulación estatal (nacional o local); en el ámbito de la movilidad urbana el debate entre peatón versus vehículo; en cuanto a patrimonio los criterios conservacionistas versus aquellos que entienden al patrimonio como un fenómeno en permanente transformación; en lo que respecta al uso del espacio público el problema cotidiano sobre quien tiene derecho a su usufructo (Ej: ¿está bien que lo ocupe una cafetería pero no un vendedor informal?).
Entonces, ¿qué hacer? Se suele pensar que, ante esta segmentación de criterios, el Estado (ya sea a nivel nacional o local) debe priorizar las acciones que beneficien a la mayoría. Pero hay que tomar este beneficio con pinzas; tomemos el caso, por ejemplo, de la intención de construir un paso peatonal elevado (con los cuales yo, personalmente, no estoy de acuerdo), parecería que tiene sentido su construcción porque, por poner un dato numérico, en una avenida pueden pasar 1000 vehículos por hora versus unos pocos peatones que necesitan cruzarla. Pero, ¿qué pasa si dentro de esos pocos peatones se encuentran ancianos, discapacitados y/o mujeres embarazadas? ¿Estaría bien que tengan que subir y luego bajar 5 metros de altura? Ante este ejemplo, sería mejor que no aplique la idea de atender a la “mayoría”.
Por lo tanto, quizá el criterio que debería primar para los temas urbanos, en concordancia con los procesos de participación ciudadana que permitan conocer las verdaderas necesidades de los ciudadanos, sea el de atender prioritariamente a los grupos vulnerables, ya sean estos por edad, por capacidad motriz, por nivel socio-económico o por género.
Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Máster en Arquitectura por la Universidad de Kansas-EEUU. Docente/investigadora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay desde el año 2009. Coordinadora de Investigaciones de la Facultad y Directora de la Maestría de Arquitectura. Docente en diferentes módulos de posgrado a nivel nacional. Ha sido Secretaria de Movilidad y Directora de Planificación del Municipio de Cuenca. Sus trabajos de investigación, publicaciones y ponencias se centran en la ciudad con un énfasis en la movilidad y el transporte.
