Cual un convaleciente intensivo del covid19, deambulando en el nubloso campo ético y jurídico, el estado ecuatoriano avanza, apeado en la maltrecha Constitución del 2008. No sabe por dónde ir, ni a dónde. Vive en el inmenso riesgo país del incumplimiento no sólo económico sino moral. La Fiscal Diana Salazar inscribió su nombre de dignidad afro, porque ella, antes que una individualidad es, en sí, todo un pueblo honrado y altivo. A Diana no le llegó la corrupción por muy amapolada que le ofrecieran entre sobornos o amenazas. No pudieron ante ella los ardides jurídicos, ni alcanzaron los sicarios a quemar todas las pruebas; las sentencias del caso “Sobornos” ponen en evidencia que la política de gobierno durante los dos últimos períodos, ha sido la política de la corrupción y alevosía. Mentiras disfrazadas, sobornos, concesiones y contratos, robos, depredación, ruta de los paraísos fiscales, mafias de recursos y personas, ecocidio y genocidio contra culturas ancestrales y comunidades rurales y urbanas. Salazar y la Corte de Justicia constituyen, una incipiente esperanza para salvar el Sistema Jurídico del Estado y su integridad moral.
Sin embargo, hay un vacío notorio, una falta de expresión ética de la Corte Constitucional que sea garantía ciudadana en la correcta concepción del Estado. Ella que entraña la parte vital de la estructura jurídica de Estado. Siendo el más alto órgano de control, interpretación de la Constitución y administración de justicia; no puede permanecer impávida, mirando hacia otro lado, como si no hubiera la presunción grave de que el sistema de sobornos para obtener contratos se ha extendido subrepticiamente entre raíces de toda la vida pública nacional. La sutileza de inventar tinterilladas de forma para negar o desviar las consultas populares que se someten a sus dictámenes, no es propicio para un órgano de tal jerarquía y responsabilidad.
Cierto es que existen enormes intereses económicos cuyos tentáculos aparecen donde menos se espera que lo hagan, son las réplicas al estilo Odebrecht. Parte de la misma telaraña de la corrupción que asigna contratos y hace concesiones mineras para apaciguar la fiebre del oro que aqueja a los sedientos de dinero: mineros, políticos, funcionarios, negociantes y otros más que andan ahora en mafias organizadas; fiebre más agresiva que el covid 19, ¡fiebre del oro! que persiste con desaforado incremento durante la época de los dos gobiernos más nefastos en la historia del Ecuador.
Quien puede sino la Corte Constitucional, dentro de sus atribuciones, declarar la inconstitucionalidad de los actos administrativos, legislativos, y de cualquier índole que se hubieren cometido. Si así lo hiciere, el país descubriría que reformas legales, concesiones mineras y contratos para la explotación, forman un solo andamio de corrupción e ilegalidad y, por tanto, son nulas de nulidad absoluta. Ese es el punto clave que los defensores del agua debemos abordar con frontalidad, con urgencia.
Peligroso dejarnos llevar del pensamiento ilusorio de la consulta, liderada ahora por el señor Alcalde y los señores Concejales; el pronunciamiento de Cuenca y el Azuay será nuevamente en defensa del agua y de la vida, pero puede devenir en un engaño más a las aspiraciones de los consultados, porque constituye, implícitamente, un reconocimiento de la presencia de las empresas mineras, ¿acaso se podrá realizar consultas populares para defender las nacientes hídricas de río en río?
¡Por favor!, abramos la mente al concepto más amplio de ecosistema para referirnos a nuestra realidad. Una estrategia mal concebida lleva directo a la fatalidad de la derrota. Creería que, aunque se ha tardado demasiado, es todavía momento para exigir la salida inmediata de las compañías mineras de Río Blanco, en cumplimiento de la sentencia de agosto del 2018 del Tribunal de Justicia Constitucional de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay que aceptó la acción constitucional por vulneración del debido proceso de consulta previa, libre e informada en la comunidad de Molleturo y del proyecto Loma Larga porque incurre en la misma inconstitucionalidad, el daño irrevocable de contaminación ambiental y el riesgo de la desecación del humedal mayor, el pantano o Pampa de la Procesión que alimenta las lagunas Quimsacochas.
La corrupción foránea no podrá, bajo ningún justificativo, hollar nuestra tierra, nuestra vida, nuestra proyección generacional como realidad de ser reserva de la biosfera del planeta.
¡Fuera mineras de nuestro espacio de vida! Nuestras fuentes se agotarán con nuestras vidas. Las mineras están aquí en forma ilegal, inconstitucional, son el latrocinio de nuestra infraestructura vital.
