La lucha por la instauración del Estado Liberal de Derecho, se fundamentó en que el Estado deje de estar al servicio de los intereses rentísticos y privilegiados de la nobleza feudal, para convertirse en representante del “interés general” de una sociedad compuesta por ciudadanos libres e iguales, con libertad de trabajo, empresa, mercado, libertad de expresión y más derechos individuales, para cuya garantía se divide el poder del Estado y donde el pueblo soberano elige a sus gobernantes y representantes.
Así, los empresarios son parte de la sociedad civil, con iguales libertades, derechos, deberes, responsabilidades y garantías, y en el caso de nuestro país hoy, bajo una Constitución cuyo régimen de desarrollo, se basa en una economía, social y solidaria, y una relación equilibrada y armónica entre sociedad, Estado, mercado y naturaleza.
Según el diccionario de la lengua española, empresario es una persona que invierte y que organiza y gestiona medios materiales, humanos y tecnológicos con el propósito de ofrecer a la sociedad bienes o servicios, obteniendo a cambio un rendimiento económico.
En la realidad práctica, existen diferentes clases de empresarios: grandes. medianos, pequeños y micro empresarios, unos están vinculados al mercado nacional interno otros al mercado externo, los hay quienes cumplen con la responsabilidad social y ambiental de sus empresas, otros no, algunos tienen profunda insensibilidad humana, otros son indiferentes y arrasan con la naturaleza, existe de todo; pero, son los grandes grupos empresariales monopólicos los que se relacionan con el poder político y utilizan a las organizaciones gremiales, como ciertas cámaras o asociaciones empresariales, para hacer valer sus intereses estrechos, desvinculados de los intereses generales de la ciudadanía y de sus agremiados menores.
En cualquier caso, la actividad empresarial requiere, como toda gestión de la ciudadanía, condiciones sociales y políticas de respeto a la Constitución y más normas del ordenamiento jurídico, pero sobre todo garantía a los derechos fundamentales, donde no haya lugar a la arbitrariedad, la concentración, desviación y abuso de poder, que es lo único que puede dar seguridad y estabilidad para las propias inversiones y contratos en general.
Un Estado aprisionado por los intereses patrimoniales y rentísticos de un círculo empresarial monopólico exclusivo, reproduce hoy, lo que fue ayer el Estado Feudal, y, si a eso se suma el hecho de que, algunos Estados evidencian tendencias autoritarias y totalitarias, aquello nos recuerda el señalamiento de Georgi Dimitrov, de que el fascismo es la expresión de la dictadura terrorista de la burguesía monopólica, que particulariza la referencia de Marx respecto del gobierno del Estado moderno, como una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa, porque el Estado autoritario, ni siquiera administra los negocios comunes, sino aquellos de las élites económicas poderosas, dirigiendo el Estado como su fuese su propia empresa.
Desde otra perspectiva, los Estados autoritarios, arbitrarios y despóticos, que se burlan de la Constitución y los pronunciamientos expresos de la voluntad soberana de los pueblos, solo abonan a la mayor descomposición social, política e institucional y generan más violencia y condiciones de explotación, dominio y opresión, que se represan cada vez más y revientan en estallidos sociales cuya dimensión y consecuencias son imprevisibles. Así muestra la experiencia histórica, después de una época viene otra, el poder no es eterno, pero esa realidad no le permite ver el envanecimiento del gobernante de turno.
Está demostrado que el verdadero desarrollo de un país pasa por el hecho de respetar la Constitución, la democracia, la soberanía, la dignidad del pueblo, y por, sobre todo, la observancia de los derechos y garantías fundamentales, con una justicia independiente que de seguridad a todos los ciudadanos.
Es de esperar que el sector empresarial asuma la necesidad de crear un Estado para todos donde se genere igualdad de condiciones para dignificar la vida de los pueblos.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
