Las democracias no se sostienen sobre el silencio, sino sobre el debate. No se fortalecen protegiendo a las autoridades de la crítica, sino garantizando que la ciudadanía pueda cuestionarlas libremente. Por eso, toda reforma legal que busque blindar a los funcionarios públicos frente al escrutinio ciudadano constituye un serio retroceso para la libertad de expresión y para la salud democrática del país.
La libertad de expresión no es un privilegio otorgado por el Estado, sino un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales. Incluye no solo el derecho a informar, sino también a opinar, investigar, criticar y denunciar. Cuando se intenta limitar este derecho bajo el argumento de “regular” la crítica o “proteger” la imagen de las autoridades, se pone en riesgo el principio básico de rendición de cuentas.
El escrutinio al funcionario público es una condición esencial de la democracia. Quien ejerce poder en nombre de la ciudadanía, administra recursos públicos o toma decisiones que afectan la vida colectiva debe estar dispuesto a tolerar un mayor nivel de crítica. Así lo ha establecido de forma reiterada la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos: los funcionarios no pueden exigir el mismo nivel de protección frente a la crítica que un ciudadano particular.
En este contexto, resulta especialmente preocupante que sea un funcionario del propio Estado quien impulse reformas legales orientadas a restringir el control ciudadano y el debate público. Lejos de fortalecer la institucionalidad, este tipo de propuestas contradicen los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que cualquier limitación desproporcionada a la crítica política vulnera la libertad de expresión.
Las normas que introducen sanciones ambiguas, figuras de protección excesiva a la autoridad o mecanismos que inhiben la investigación periodística no combaten la desinformación ni promueven el respeto institucional. Por el contrario, generan autocensura, debilitan el periodismo y favorecen la opacidad. Cuando la crítica se vuelve riesgosa, el poder se vuelve menos transparente.
Una democracia sana necesita funcionarios dispuestos a rendir cuentas, no a blindarse frente a la ciudadanía. Necesita leyes que protejan a las personas frente al abuso de poder, no al poder frente a la crítica. Defender la libertad de expresión y el derecho a fiscalizar a quienes gobiernan no es una postura ideológica: es una obligación democrática.
Silenciar el debate público no construye gobernabilidad. Lo que construye es desconfianza.
Portada: imagen tomada de https://acortar.link/60bxaQ
Rosana Encalada Rojas, soy periodista con experiencia en radio, prensa y televisión. He sido docente y he trabajado también en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. En la actualidad trabajo en la Dirección de Comunicación de la Universidad de Cuenca y en Radio Antena Uno. Soy directora del Portal Digital Voces Azuayas.
