El gobierno del presidente Noboa cumplió dos años en el poder, y, al juzgar por sus declaraciones efectuadas luego de la consulta popular, en una entrevista efectuada el pasado 27 de noviembre, con el periodista Jorge Yunda, se dispone a seguir con su política autoritaria y oligárquica extractivista, sin valorar en forma debida y autocrítica los resultados electorales del Referéndum Consulta Popular, reduciéndolos a un mero “remezón” para el gobierno, minimizando el pronunciamiento popular, y señalando que, ahora los cambios a la Constitución vigente, se harán vía la Asamblea Nacional, es decir, “más de lo mismo”.
Se podría entender, entonces, que el gobierno nacional, pretendería a través de la Asamblea Nacional realizar los cambios que fueron rechazados por el pueblo, incluyendo los que fueron negados en la Consulta Popular del 21de abril del 2024, relacionadas con el arbitraje internacional y el trabajo por horas, lo cual se conjugaría con propuestas de reformas legales que incluirían algunos contenidos de leyes declaradas inconstitucionales, como la Ley de Integridad Pública. Por ello, en la referida entrevista periodística, Noboa, curándose en sano, sacó nuevamente a relucir la muletilla “ojalá que la Corte Constitucional no se vuelva un enemigo del pueblo”.
Que el gobierno nacional pueda asumir la iniciativa de formular enmiendas y reformas a la Constitución vigente, siguiendo las vías y trámites señalados en la misma Constitución. la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el dictamen de la Corte Constitucional, es una cosa, pero que pretenda introducir los cambios que el pueblo negó en las consultas de abril 2024 y noviembre del 2025, sería jugar con la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano y desafiarla, con todas las consecuencias un acto político antidemocrático.
Pero, además, se ha demostrado hasta la saciedad, y así los hechos han confirmado, que la Constitución vigente no es el problema del país, puesto que el propio gobierno nacional se ufana de haber logrado éxito en el manejo de la economía y en la lucha antidelincuencial contando con las instituciones, procedimientos y herramientas constantes en la actual Constitución.
Por otra parte, los cambios que puedan hacerse a la Constitución, no son por ahora, los problemas prioritarios que necesitan ser atendidos y resueltos en el país, sino las demandas urgentes más sentidas del pueblo en materia de educación, salud, alimentación, sostenimiento del IESS, seguridad y atención a las necesidades del sector indígena-campesino, que no requieren, precisamente, de enmiendas o reformas constitucionales.
Lastimosamente, el gobierno no muestra signos de rectificar en sus políticas públicas neoliberales que favorecen a las mismas élites beneficiarias de los gobiernos de turno, lo que ahonda las brechas económicas y sociales y el descontento social. Tampoco el anunciado diálogo del gobierno, ha ido acompañado de muestras de apertura al mismo, y, por el contrario, sigue actuando con desplantes, y, sobre todo, de espaldas a la necesidad de dialogar con los sectores sociales que confluyeron en ese gran corriente cívico ciudadano que respondió con un NO, a las preguntas del referéndum Consulta Popular 2025.
El gobierno nacional persiste en distraer la atención sobre los graves problemas nacionales, incluyendo el crecimiento delincuencial, acudiendo al populismo penal con la pretensión de hacer creer que, el problema del país es contar con más leyes penales, cuando el problema reside en la ausencia de políticas verdaderamente inclusivas de los sectores sociales marginales y empobrecidos, la incapacidad de generar un plan integral de seguridad consensuado, para lograr eficacia, entre sectores ciudadanos, la academia, expertos nacionales y extranjeros en seguridad y gobiernos locales, y acordar políticas urgentes a manera de agenda de Estado. Esto implica abrirse al diálogo para acordar soluciones y sobre todo generar organización y participación ciudadana en cada territorio, para reestablecer el imperio de la soberanía estatal.
Sin embargo, todo indica que el gobierno nacional en vez de reconciliar al país, encuentra enemigos en todo lado, abre frentes de guerra con gobiernos locales llegando incluso a infantilismos (como la auto serenata quiteña), y en general, sigue las mismas huellas del pasado, se repiten las conductas y estilos de gobierno antes criticados, como el autoritarismo, arbitrariedad, maltrato a sectores indígenas y campesinos, división de organizaciones gremiales, concentración de poder, persecución política judicializada a dirigentes sociales, centralismo administrativo, inequidad en el tratamiento de la vialidad y más necesidades provinciales, cooptación de la dirección de organizaciones asociativas de gobiernos locales, estado de excepción permanente, estado de propaganda hostigoso, manejo populista, electorero y politiquero de bonos, aperturismo minero, amenazas de explotaciones mineras repudiadas por la voluntad popular, desobediencia de consultas populares, corrupción e impunidad.
Así, la angustia, defraudación y desesperanza social se agudizan. El gobierno no ha sacado lecciones de las ultimas movilizaciones ciudadanas y de los resultados de las consultas populares nacionales y locales.
No queda otra alternativa que seguir avanzando en el desarrollo autónomo de la organización y participación ciudadana en temas de preocupación común y sin intromisiones partidarias.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
