Algunos servidores públicos, tratan a las instituciones públicas como si fuesen de su propiedad o como si estuviesen gerenciando un negocio privado dando rienda suelta ya sea a su voluntad, capricho, amistad, enemistad, interés personal o afinidad política.
La corrupción del servicio público avanza como un cáncer agresivo que corroe a las administraciones públicas y amenaza con convertirse en metástasis, de no asumirse medidas para frenar este proceso de descomposición acelerado.
Esto sucede a pesar de que existen suficientes leyes, reglamentos, y más normas jurídicas, por lo que el problema no es insuficiencia del ordenamiento jurídico, sino de la cultura de corrupción agravada por la presión de grupos de delincuencia organizada, las mafias y el narcotráfico que carcomen la institucionalidad pública.
Quienes encabezan los organismos y dependencias de las diversas Funciones del Estado, de las entidades que integran los GAD, las empresas públicas y más entidades del sector público, deben comenzar dando ejemplo de rectitud a los demás servidores públicos, para su comportamiento ético y jurídico.
A su vez, los servidores públicos deben reparar que no se deben a un superior jerárquico o un gobierno en particular, sino a los grandes fines del Estado, por lo que deben cumplir su función sometidos, no a una persona o grupo, sino a la Constitución y las leyes, de forma que, la carrera administrativa no es garantía para la arbitrariedad, ni ser un funcionario de libre nombramiento o electo por votación popular, confiere derecho para actuar con liberalidad.
Por lo tanto, los personeros de las Funciones del Estado, deben ser paradigmas de moral y ética pública, y cumplir con su deber llana y sencillamente, con mística y humildad al ser oficiales del pueblo soberano en el ejercicio de tan altas responsabilidades, es decir, ejercer la función pública, sin altanería, prepotencia y autoritarismo.
Por desgracia, especialmente, algunos de los funcionarios públicos, con rango ministerial y otros de alta jerarquía, cuando llegan a su cargo se entontecen por vanidad o porque arrastran conductas elitistas, oligárquicas, de jorga, argolla o trinca, llegando a tratar los asuntos públicos como si fuese su feudo, por encima de todo y de todos, creyéndose eternos en el cargo, siendo los peores funcionarios junto con los cepillos, estropajos y otros dispuestos a cumplir las tareas sucias del poder.
Otros servidores públicos, son incapaces para ejercer su función, indolentes a las necesidades de los administrados, y en su comodidad evitan hacerse cargo de las peticiones y problemas de los ciudadanos, por lo que, antes de encontrar soluciones, dilatan los trámites, y en vez de remover los obstáculos para el ejercicio de los derechos, ponen o encuentran trabas, se dan las vueltas, remiten el caso a otros funcionarios, siguen con rodeos, vuelven al principio, se olvidan de temas superados, y utilizan la firma electrónica de sus superiores para resoluciones vergonzantes simulando la motivación con la cita de cantidad de normas jurídicas impertinentes al asunto, y sin explicar su aplicación al caso.
Existen también algunos empleados que se aprovechan del cargo en función de sus intereses económicos, para lo cual utilizan la maniobra de generar problemas artificiosamente a los administrados, quienes en su angustia se ven forzados a ocupar los servicios de profesionales conchabados, ya sea por amistad, parentesco o vínculo conyugal con aquellos empleados que hacen de correo de sus víctimas.
Frente a estas conductas, las autoridades en sus respectivas jerarquías, deben vigilar que los subalternos observen los principios constitucionales de la administración pública, las disposiciones del Código Orgánico Administrativo y de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de los Trámites Administrativos.
Por su parte los procuradores síndicos, directores de asesoría jurídica y los abogados de las unidades y dependencias del sector público, deberían ejercer el control de legalidad frente a las denuncias y observaciones escritas debidamente fundadas de los administrados.
Además, en convenio con las Facultades de Jurisprudencia, se debe capacitar a los empleados públicos en materia de estructura del Estado, sistema de derechos y garantías, debido proceso, principios de la actividad administrativa, actos y contratos administrativos y procedimiento administrativo común, e incluso analizarse la medida de que, la persona que pretenda, ingresar a la administración pública, por primera vez, siga un curso de inducción ofrecido por la academia a través de convenios interinstitucionales. Estas observaciones y sugerencias, implican reformas a la LOSEP y la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado para tratar de sanear y fortalecer la institucionalidad administrativa.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
