La atención puesta en la XXIX Cumbre Iberoamericana y los apagones de luz, se trasladó a los incendios forestales desatados en algunas partes del país y principalmente en la provincia del Azuay y Loja,
La Ministra del Interior, en una rueda de prensa señaló que dichos incendios fueron presumiblemente provocados, mientras que el Alcalde Cuenca sostuvo que existen intereses políticos detrás de los incendios y el Presidente Noboa los calificó como “terrorismo ambiental”.
Sobre estos hechos presuntamente delictivos, habría que esperar que la Fiscalía General del Estado haga una investigación profunda, determine responsabilidades, si las hay, y se imponga la sanción respectiva. Sin embargo, siguiendo la ruta del centralismo, los incendios forestales presuntamente provocados, tendrán que ser procesados en la “Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza” con sede en Quito.
A los incendios forestales han seguido los incendios políticos, dado que los hechos han sido sujetos a la manipulación politiquera a través de redes sociales cargadas de inculpaciones entre actores políticos, enconadas por el proceso electoral en marcha. Esta situación, en un país agobiado por la corrupción, delincuencia, estancamiento económico, crisis fiscal, sequía y déficit de energía eléctrica, solo causa, más dolor social, desesperanza, y la percepción de que el país se hunde más.
Pero, más allá del escenario político, los incendios forestales, evidencian la necesidad de incorporar, incluir a las comunidades campesinas en la prevención y sofocación inicial oportuna de los incendios forestales, el cuidado de las fuentes hídricas, protección de bosques y vegetación protectora, frenar la ampliación de la frontera agrícola, recolección de residuos sólidos, evitar la contaminación ambiental, socorro y atención de emergencias, entre otros aspectos.
Para ello es necesario una comunicación, información y verdadero diálogo con las comunidades rurales, sobre todo de altura, de paramos, vecinas de zonas sensibles o que conviven con ecosistemas frágiles, fortalecer su organización, capacitación, intercambio de saberes y experiencias, y dotación de la infraestructura necesaria tanto para el combate inicial oportuno de incendios forestales, como para las otras acciones de protección a la naturaleza, así como el financiamiento necesario que incluya recompensar a las comunidades por los servicios referidos.
Para dicho objeto, los GAD Municipales deberían expedir las ordenanzas respectivas, para normar la participación de las comunidades en las necesidades de sofocación inicial oportuna de incendios forestales, así como en las otras tareas ambientales señaladas.
En el caso de Cuenca, en un seminario organizado por el Colegio de Abogados del Azuay sobre “Pueblos, naturaleza, agua y minería” realizado del 20 al 24 de noviembre del 2017, se reflexionó sobre “Las alternativas de desarrollo para comunidades de altura”, luego de una conferencia sustentada por Fernando Vega, y entre otras cosas, se analizó el rol que podrían cumplir las comunidades de altura en el sofocamiento de incendios forestales.
Con posterioridad el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, presentó al GAD Municipal de Cuenca, un proyecto de “Ordenanza que establece las áreas de incidencia estratégica para el desarrollo sostenible del cantón cuenca y norma el uso y ocupación del suelo y las políticas públicas para las comunidades de altura que viven en esas áreas”, cuyo trámite quedó a medias, habiéndose incluso presentado una segunda versión que recogía las observaciones de diversas direcciones municipales.
Sería importante que el Concejo Cantonal de Cuenca retome el tratamiento de dicho proyecto Ordenanza que constituye un texto completo con justificación y exposición de motivos, considerandos y cuerpo normativo, incluyendo las fuentes de financiamiento. Dado el tiempo transcurrido, dicho proyecto de ordenanza, tendría que ser tratado armonizándolo con la ordenanza que norma el PDOT y el PUGS y la ordenanza que regula el control municipal.
Los incendios forestales a más de los daños ambientales, evidencian el abandono de las zonas rurales por parte del Estado, sin políticas públicas, proyectos y acciones para rescatar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas frágiles, las áreas protegidas, fomentar la agroecología, la agrobiodiversidad, la economía familiar campesina comunitaria, la soberanía alimentaria y sobre todo evitar la destrucción de los bosques y vegetación protectores, humedales y fuentes hídricas, lo cual es contradictorio con la política de explotar minería en los páramos, bosques y las nacientes de los ríos, sin reparar en las graves consecuencias que acarrea la destrucción de las condiciones naturales que hacen posible las lluvias.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
