Los mandatos arbitrarios, considerados en general, como aquellos actos emanados de los servidores públicos que contradicen en forma fehaciente el contenido expreso de los mandatos jurídicos de las leyes, atacan la seguridad jurídica, socavan el ordenamiento jurídico y la integridad del Estado de Derecho, y conducen al sometimiento de los ciudadanos al imperio de la voluntad caprichosa de tal o cual burócrata de las instituciones públicas.
La situación es extremadamente grave si esos mandatos arbitrarios provienen de altas autoridades del Estado y obedecen a intereses estrechos que pretenden adecuar las instituciones de la democracia constitucional y republicana a objetivos políticos coyunturales que destrozan principios, normas e instituciones establecidos por la ley fundamental del Estado, cuyos efectos son irreparables si a tiempo no reaccionan los mecanismos de control del Estado.
No es que con el cálculo de la prolongación de los tiempos de las acciones y procesos judiciales, constitucionales y políticos en torno a al caso, se solucione la arbitrariedad misma, sino solo se difiere la resolución final sobre el acto arbitrario, donde si bien puede causar duda la eficacia de las sentencias judiciales o constitucionales definitivas, dado que podría consumarse el cálculo político detrás del acto antijurídico, sin embargo, solo termina enconándose aún más los efectos de la arbitrariedad, hasta que acumuladas las tensiones explotan, para terminar en el desastre político.
Pretender que un acto eminentemente político disfrazado de alguna formalidad jurídica procesal administrativa artificiosa, como la suspensión de las funciones de la vicepresidente de la República electa, mediante un sumario administrativo, pueda tener éxito, quedar firme y gozar de eterna impunidad, es una ilusión de la voluntad política, una aventura con gravísimas consecuencias, aunque por la obnubilación del poder, no se tenga conciencia de la dimensión de lo cometido.
Con la suspensión arbitraria de la Vicepresidente electa, el país ha entrado en un túnel político peligroso, y por ello solo cabe la actuación independiente, firme y coherente de Lajusticia constitucional, para reparar a tiempo la violación de los derechos y el desborde político, lo cual por supuesto, también podría tener impactos políticos que pueden ser más negativos para el destino del país, pero en un Estado de Derecho, no se puede en nombre de tal o cual fin político quebrantar gravemente el ordenamiento jurídico
Más aún no se puede solucionar un error político, una irresponsabilidad política, la falta de previsión y conocimiento de la integridad de compañeros de ruta electoral, violentando las normas constitucionales para alcanzar soluciones a situaciones políticas personales, grupales o partidarias. El ejercicio del poder no puede estar supeditado a la voluntad omnímoda de tal o cual gobernante ni a la voluntad irregular de la autoridad. que contradice la objetividad de lo jurídico.
Con lo que acontece en la cúspide del poder, se agravan las circunstancias políticas y sociales del país, y en esta situación solo cabe que los jueces ejerciendo a cabalidad su función, rodeándose de entereza y firmeza ético jurídica, puedan someter al acatamiento de la Constitución y al ordenamiento jurídico a quienes ejercen el poder.
No se puede permitir que campee la arbitrariedad e impunidad en el país. En Cuenca también en los últimos días sufrimos una actuación arbitraria de autoridades del Ministerio del Ambiente, realizando una conducta ambiental que irrespeta la Constitución, la sentencia de la Corte de Justicia del Azuay sobre Quimsacocha, la sentencia de la Corte Constitucional que establece estándares para la consulta ambiental y las propias consultas populares de Girón y Cuenca.
Hay que esperar que los jueces con la Constitución y la ley en la mano, controlen las actuaciones abusivas de la administración pública, para hacer efectivo el principio de interdicción de la arbitrariedad, y que todas las instituciones y servidores públicos sometan sus actos al principio de juridicidad.
Ningún juez debe doblegarse ante el poder arbitrario. Nadie, y peor las autoridades pueden hacer prevalecer su voluntad personal por encima de la ley.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
