Como es de conocimiento público, la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en la sentencia sobre la acción de protección propuesta por algunos presidentes de organizaciones campesinas y del agua, en contra del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), resolvió entre otras medidas de reparación, la señalada en el punto 2 que dice:
“Como en el Área Nacional de Recreación Quimsacocha nacen fuentes de agua que sirven tanto para consumo doméstico, abrevadero, riego, alimentación, etc., considerada como reserva hídrica y zona de humedales, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, presentará un informe que aborde la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua, detallará las acciones para posibilitar la planificación, regulación y control, así como deberá abordar las conclusiones que se emite en el informe presentado en ETAPA EP por parte del Ing. Galo Ordoñez, por lo que, para el cumplimiento de esta medida de reparación, se contará con la Empresa ETAPA EP, que garantiza el acceso al derecho humano del agua en el cantón Cuenca, debiendo su gerente en el plazo de quince días de recibida la notificación, designar los funcionarios públicos que se encargarán de este estudio y posterior informe, actividades que realizarán en coordinación y colaboración”. (El subrayado es mío)
En la presentación del informe al Juez de ejecución, la Gerente de ETAPA EP, revela que no ha sido posible emitir un informe conjunto con el MAATE debido a que algunas reuniones previamente convocadas habían sido suspendidas por el MAATE y que, desde el 26 de junio del 2024, la comisión de funcionarios de ETAPA EP no habían recibido convocatoria alguna por parte del MAATE, para dar continuidad con la elaboración del informe.
Ante la omisión del MAATE, los funcionarios de ETAPA EP encargados de “realizar el estudio y posterior informe”, continuaron haciendo su deber, para finalmente presentar los resultados del trabajo investigativo. Por ello causa indignación ciudadana, que quienes incumplieron la orden judicial, pretendan ahora cuestionar el informe y hasta pedir una investigación penal en contra de ETAPA EP, cuando los investigados deberían ser los irresponsables que se alzaron de la mesa de las investigaciones técnicas, porque el descubrimiento de la verdad les estaba estallando en la cara.
El “Informe técnico sobre la sustentabilidad de las fuentes de agua que nacen en Quimsacocha bajo el contexto de la fase de explotación del proyecto minero de Loma Larga”, elaborado por ETAPA EP, señala los antecedentes judiciales, la metodología utilizada para realizar del informe técnico, ubicación de las fuentes de agua de Quimsacocha y su importancia, ubicación del proyecto minero Loma Larga y características principales, observaciones a la definición del área geográfica y operativa del proyecto Loma Larga, autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua en las subcuencas que nacen en el páramo de Quimsacocha, análisis del estudio de impacto ambiental de la fase de explotación del proyecto minero Loma Larga enfocado a los impactos sobre las fuentes de agua y la sustentabilidad del ecosistema acuático en los páramos de Quimsacocha y las conclusiones y recomendaciones.
El Informe, utiliza una enorme cantidad de datos y estadísticas de ETAPA, registros de usuarios del agua del MAATE, datos de otras instituciones públicas, observaciones y mediciones, y estudios de entidades internacionales especializadas en la temática y de connotados peritos e investigadores extranjeros.
La investigación realizada por ETAPA EP compara y contrasta el contenido del estudio de impacto ambiental presentado por la minera, con la realidad concreta de las fuentes de agua, páramos, humedales y más ecosistemas frágiles; determina el verdadero caudal de agua a utilizarse en la explotación minera en relación con los caudales de los ríos y los que utilizan los usuarios del agua de las zonas bajas; aborda la contaminación de las fuentes agua con arsénico y otros minerales pesados; las graves deficiencias y omisiones técnicas de los estudios de impacto ambiental para la explotación minera; el área real de las afecciones e impactos ambientales de la explotación minera, que fueron minimizados tanto por los gobiernos de turno, como por la concesionaria minera; y, los caudales y las listas de usuarios y proyectos de agua comunitarios a ser afectados de cada fuente de agua, entre otros aspectos.
Todos estas realidades y hallazgos afectarían a la sustentabilidad de las fuentes de agua que sirven a la población del cantón Cuenca e inciden y alteran el orden de preferencia (prelación) del uso y aprovechamiento del agua, que, de acuerdo con la ley, es el consumo humano, riego para la soberanía alimentaria, caudal ecológico y al último actividades productivas.
El informe de ETAPA EP demuestra que, con la explotación minera de Loma Larga (Quimsacocha), se altera y se invierte el orden de prelación del agua, tanto por los verdaderos caudales de agua que utilizaría la empresa minera, cuando por la contaminación del agua, sumada la destrucción del páramo y por lo tanto del sistema natural de producción, represamiento y regulación del agua.
Con estas investigaciones el Informe de ETAPA EP, aborda y valora, una vez más, el informe presentado por el Ing. Galo Ordoñez, a ETAPA, y llega a ratificar sus conclusiones, entre ellas de que, “…la minería metálica en los páramos y bosques del Macizo del Cajas, es incompatible con el objeto de conservación y protección de las cuencas hídricas y de la calidad de agua del cantón Cuenca”. De esta manera el Informe de ETAPA EP cumple a cabalidad lo ordenado en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
El informe técnico de ETAPA EP, descubre, desnuda, quita los velos a las falacias e irresponsabilidades, en el levantamiento y manejo de la información de los estudios de impactos ambientales, lo que explica porque durante tanto tiempo se obstaculizó el acceso al conocimiento de dichos informes.
Dada la amplitud del informe técnico presentado por ETAPA EP, habrá que seguir analizando sus contenidos más relevantes.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
