Como somos un país de chiste en el que el cumplimiento de lo legal y constitucional es, con suerte, una mera formalidad y con mala suerte otro chiste, a casi nadie parece importarle, especialmente en el Palacio de Gobierno, que la Corte Constitucional haya declarado, tácitamente, inconstitucionales los fundamentos de los estados de excepción y movilización de las Fuerzas Armadas dispuestos por el presidente Noboa, bajo justificación de un “conflicto armado interno”.
Dice la Corte Constitucional que no se cumplen los requisitos para haber declarado un conflicto armado, pues los decretos presidenciales no justifican la gravedad de la violencia bélica, el nivel de organización del grupo armado, ni la intensidad de las hostilidades entre bandos oponentes.
O sea que los razonamientos de la Corte, sustentados en la ausencia de dos bandos en lucha abierta, dejan sin piso jurídico al argumento usado por el gobierno nacional para movilizar a las Fuerzas Armadas, con lo que un pilar de la estrategia de seguridad del Estado queda desarmado.
En total franqueza, en el país no hay un “conflicto armado interno”, lo que sí hay, es una fuerza delictiva cuyo poder sobrepuja al de la Policía y desafía al militar; es lo que en la doctrina de seguridad nacional se conoce como Presión Dominante, lo que nunca ha ocurrido en la historia nacional. Esto nos pone de cara a que en la Presidencia y en la Corte, ignoren los conceptos que se estudian como parte de la disciplina de Poder Nacional.
De hecho, el Presidente no ha invocado ni razonado la existencia de una presión dominante que desafía al poder nacional pero es lo que vivimos. Una presión dominante es una fuerza con capacidad de desafiar el poder estatal. Si las bandas de narcomafias tienen, sumados, unos 20.000 o más integrantes y los uniformados son unos 80.000 entre policía y militares, estamos a un tris del desastre y, sin duda, debe recuperarse el orden.
El primer mandatario debe, entonces, invocar la doctrina de seguridad y declarar al poder nacional bajo amenaza de la presión de las mafias armadas que desafían la soberanía y determinación del gobierno, como argumento sólido, legal y constitucional para mantener la movilización de las Fuerzas Armadas.
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, independiente. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.
