Uno de los fenómenos más graves respecto del cual, o no existe la suficiente conciencia, o se prefiere mirar para otro lado, son las conductas políticas que llevan a percibir un ejercicio contaminado de la función de representación política popular deviniendo en una suerte de representación política de la delincuencia.
Toda la estructura y funcionamiento del Estado Constitucional, se basa en el principio de la representación política que es un pilar fundamental de la democracia representativa, principio que tuvo una larga evolución.
En el pasado, la representación política, se correspondía directamente con los estamentos sociales constituidos por la nobleza terrateniente laica, la nobleza terrateniente clerical (Iglesia) y la naciente burguesía (comerciantes, manufactureros y banqueros), regidos por un monarca.
Con el derrocamiento de las monarquías por las revoluciones burguesas, la representación política pasó a fundarse en el concepto de la soberanía popular, en virtud de lo cual, los ciudadanos, a través del sufragio, eligen al presidente y a los parlamentarios en las repúblicas presidenciales, o eligen a los parlamentarios, y éstos al primer ministro, en las repúblicas parlamentarias.
En ambos modelos los partidos políticos son instrumentos de intermediación entre la sociedad y el Estado, que permiten el funcionamiento de la democracia representativa.
El Ecuador al separarse de la Gran Colombia, escogió constituirse en república presidencial, en medio de una estructura social oligárquica donde predominaban los terratenientes en la sierra, y grandes comerciantes y agroexportadores en la costa, representados por los partidos conservador y liberal que pugnaron por el poder hasta muy avanzado el s. XX, pero a medida que se diversificaba la sociedad se fueron diversificando los partidos.
En la realidad práctica, los partidos o movimientos políticos que han ejercido el gobierno, representaron intereses de viejos y nuevos sectores del poder económico. En el parlamento ecuatoriano, antes Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional, los diputados o asambleístas, han ejercido su función, representando diversidad de intereses económicos, sociales y políticos.
En la actualidad, se percibe una transición de la representación política social a una representación política contaminada cuyos efectos prácticos refuerzan la inseguridad, situación gravísima porque desde las instancias de poder, se puede reformar leyes para favorecer la impunidad, dar tribuna a procesados por gravísimos delitos, abrir espacios para que personas de oscuros antecedentes accedan a altos órganos del poder, presionar a jueces y fiscales para torcer su función o simplemente asumir la defensa abierta y directa en medios de comunicación o altas tribunas políticas.
La dinámica de la representación contaminada, reproduce lo que ocurre entre las bandas del crimen organizado, coinciden en ciertos objetivos, intercambian favores o establecen alianzas cuidando siempre de guardar la apariencia de conductas políticas normales.
El problema es mayúsculo, si se piensa que las iniciativas delincuenciales y sus objetivos se forjan desde círculos que utilizan prácticas delincuenciales para beneficiar objetivos político partidarios.
Estos grupos siniestros encubiertos de políticos para lograr mayor eficacia pueden llegar a conformar un verdadero bloque “político” delincuencial, con miras a conseguir un mayor poder frente al Estado apuntando a constituir una delincuencia estatalmente organizada.
En esta situación tienen responsabilidad los partidos y movimientos políticos, al momento de escoger sus candidatos a dignidades de elección popular o al momento de ejercer la fiscalización política a través de sus asambleístas, o de elegir a sus representantes a altos órganos del Estado.
La descomposición política ha llegado incluso a incorporar a personas vinculadas a la delincuencia organizada a candidaturas de elección popular.
Algunos sujetos políticos no escogen los candidatos en función de la calidad, sino del grado de incondicionalidad a ciertos dirigentes y líderes políticos partidarios, es decir marionetas fácilmente manipulables dispuestos a cumplir las tareas más sucias y claro el resultado no puede ser otro, sino contribuir a la inseguridad jurídica.
Es de esperar que todas las experiencias vividas, sean recogidas por los partidos y movimientos políticos en las próximas elecciones, y que, la ciudadanía este atenta para castigar con su voto, candidaturas que expresen tendencia a la representación política delincuencial.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
