Hemos consumido los primeros 15 días de enero de 2024. Hace apenas un par de semanas, nos deseábamos parabienes al filo del año viejo, la gente hacia cábalas para asegurar la suerte y desear que el destino no trajera tiempos mejores. Un par de días después recibí en mi teléfono un meme amargo que decía: Se comunica a toda la población: “Ha concluido el ritual del amor y la amistad, volvemos a la realidad del desencuentro y la violencia”. Y no era para menos, en nuestra amada y lastimada patria: Ante ciertos anuncios propagandísticos y optimistas del gobierno de Noboa sobre los éxitos del misterioso plan Fénix, de que los asesinatos en Durán habían disminuido, el primero de enero se estrenó con la muerte de 16 personas. Hoy nos encontramos bajo un decreto de excepción y otro que declara la situación de la sublevación de los centros penitenciarios como un conflicto armado interno.
A pesar de la popularidad con la que el pensamiento urobórico apuesta la felicidad y prosperidad humana al ritmo de los ciclos del eterno retorno, que pueden ser útiles para los logros de la sabiduría individual, y de la civilización agrícola, el progreso de las ciencias y el pensamiento actual deben apostar por las exigencias del tiempo lineal de la historia, donde la libertad humana y sus decisiones juegan un papel fundamental en la construcción del futuro. Todo ello nos avoca a la urgente valoración del tiempo presente como tiempo de la decisión y la acción, tanto más urgente cuando el pasado se revela como un acumulado de indefiniciones, equivocaciones y omisiones que han construido el camino y el proceso para la crisis presente. De no aprender de los fracasos y evadir responsabilidades, las proyecciones del futuro cercano y mediano nos anticipan un mañana de mayor deterioro que nos aproxima de manera inexorable al escenario de un Ecuador como Estado Fracasado.
Un estado fracasa cuando es incapaz de garantizar un poder legítimo y eficaz para responder de los acuerdos del pacto social que garantice la paz, la prosperidad, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y la solución de los conflictos sociales al amparo de la seguridad jurídica de la justicia y el ejercicio de la soberanía sobre el territorio frente a las amenazas exteriores e interiores. En estas últimas décadas los ecuatorianos compartimos la percepción de que, en efecto, la sucesión de los gobiernos de turno, a causa de sus equivocadas decisiones y sus irresponsables omisiones, nos han ido conduciendo a la situación actual, en la que entre otros síntomas, los habitantes de este país no tienen perspectivas de futuro económico, a no ser que se vinculen con la corrupción de la narcopolítica, las organizaciones delictivas de todo tipo u opten por la migración fuera de nuestras fronteras en aventuras riesgosas e imprevisibles.
La problemática es más grave cuando los círculos delictivos de todo tipo han ido uniendo fuerzas para erigirse como una verdadera alternativa al Estado de derecho y de derechos. Los últimos acontecimientos e investigaciones dan cuenta de un intento serio de la delincuencia metastásica que disputa la soberanía, el monopolio de la fuerza y de la recaudación de impuestos al Estado oficial. En efecto existen territorios controlados por el crimen organizado, tanto en las ciudades vinculados con el tráfico de drogas, como en zonas rurales relacionadas con la explotación minera. Las bandas controlan pasos fronterizos, corredores de transporte pesado, puertos en toda la costa ecuatoriana; ejercen soberanía sobre el cobro de impuestos bajo la figura de vacunas y extorciones; poseen inteligencia suficiente y ejercen actividades de relaciones internacionales con mafias de otros estados; poseen una fuerza armada entrenada en lucha urbana y rural y ejercen justicia por propia mano frente a sus propios miembros y sobre la ciudadanía que no les obedece, etc. Incluso tienen representantes y operadores en todas las instituciones del Estado oficial.
Un caso emblemático y de particular preocupación para el Azuay, constituye el reportaje todavía fresco de Vistazo – Código Vidrio y Ojo Público, de Perú que informan: “Los Lobos diversifican sus actividades criminales en Ecuador: explotan oro ilegal y generan 3,6 millones de dólares por mes” (8 enero 2024):
“Esta alianza periodística transnacional accedió a una docena de informes clasificados del sistema de inteligencia ecuatoriano, que ayudan a entender la magnitud de su influencia y operaciones. En Camilo Ponce Enríquez, Los Lobos controlan y operan directamente unas veinte minas de oro ilegal. Además, realizan extorsiones (vacunas) en otras 30 minas de empresas privadas y controlan a 40 grupos de mineros ilegales, llamados sableros. Esta maquinaria criminal genera decenas de millones de dólares cada mes, y explica en parte el crecimiento sostenido de integrantes de ese grupo delictivo, los tres últimos años.
El 70% de los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez vive en situación de pobreza y la fuente tradicional de ingresos ha sido la minería artesanal de oro. Sin embargo, esta actividad que antes era de subsistencia, en los últimos años ha sido desplazada por la violencia de grupos armados que responden a la línea jerárquica de una organización criminal como Los Lobos.
Como sucede en otras zonas, según los documentos a los que tuvimos acceso, la estructura delictiva ha establecido nexos con decenas de policías, militares, agentes estatales y operadores de justicia para garantizar su protección e impunidad … un político que ha sido asesor en el despacho de un legislador, entre los años 2021 y 2023. El exfuncionario, cuya identidad aún no se puede difundir porque las investigaciones están en marcha, registra antecedentes por actividades ilícitas. Según los expedientes, este personaje es asociado como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación”.
Ello implica que todo el territorio occidental del Macizo del Cajas, que constituye prácticamente un 40% del territorio de la provincia del Azuay se encuentra bajo control e influencia del crimen organizado en torno a la explotación de minería, “legal” e ilegal, lo que constituye una amenaza presente a la ciudad de Cuenca y la sustentabilidad ecológica, social, económica y política de la provincia. Por miedo o por filiación, los poderes locales de las parroquias rurales y la población entera están supeditadas al dominio de las mafias. Hasta ahora las autoridades nacionales de control minero, corruptas e inoperantes, han permitido la consolidación de esta situación, usando de manera falaz narrativas y políticas que presentan a la gran minería trasnacional como la única solución a la minería criminal, y ello a pesar de que están vigentes resultados de consultas populares y sentencias judiciales, que por motivos científicos y jurídicos prohíben la minería de todo tipo en los territorios de recarga hídrica del Macizo del Cajas. El uso malvado del discurso de minería ilegal versus minería legal hace el juego a la minería criminal.
La iniciativa del presidente Noboa mediante los decretos 110 y 111 parecen mostrar la determinación de sincerar la realidad presente de los riesgos del fracaso del Estado que constituye un giro importante en la voluntad del gobierno actual de combatir frontalmente a la violencia del crimen organizado convertido ya en una maquinaria terrorista. No es hora de diletantismos y la ciudadanía, las instituciones del Estado, los distintos niveles de gobierno deben apoyar la determinación del Presidente. Sin embargo, hay que debatir e incidir en las acciones y políticas gubernamentales, tanto para prevenir excesos bajo la auditoría internacional, como para resolver problemas localizados como es el caso del pendiente de la prohibición de la minería en el Macizo del Cajas. La tercera pregunta enviada por el ejecutivo a la Corte Constitucional toca el tema: “¿Está usted de acuerdo en que, para erradicar la minería ilegal, se declaren a las zonas mencionadas en el Anexo 5, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado?
La pregunta podría generar ilusiones sobre la posibilidad de revertir las concesiones vinculadas al proyecto de Quimsacocha (Loma Larga). Sin embargo, del análisis del anexo a la pregunta 3 (que se designa como anexo 5 en la pregunta) se puede colegir, en primer lugar, que se habla de la posibilidad de declarar como zona de interés estratégico de protección a cuatro áreas geográficas del país que abarcan nueve provincias para erradicar de ellas a la minería ilegal: a) Provincias de Esmeraldas (San Lorenzo), Carchi e Imbabura (Buenos Aires). b) Provincia de Napo (Yutzupino). c) Provincias de Zamora Chinchipe (Chinapintza) y Morona Santiago y d). Provincias de Azuay, El Oro y Loja. Ahora bien, las zonas de minería ilegal parecen determinadas mediante círculos en el mapa del anexo, todas menos las pertenecientes a la zona c) de las provincias de Azuay, El Oro y Loja, si bien se señalan puntos de concesiones mineras en las tres provincias. Por lo que respecta al Azuay existen puntos rojos en las inmediaciones de Ponce Henríquez y otros puntos rosados las parroquias occidentales y en los cantones orientales, pero no está claro cuáles de estos puntos podrían ser sometidos a la reversión plateada por la pregunta. No está claro si el punto rosado, por ejemplo, representa las concesiones de Loma Larga. Señaladas estas ambigüedades, el anexo, continúa:
“Sin perjuicio de los territorios señalados en el párrafo precedente, le corresponderá al Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de un trabajo coordinado con las entidades del Estado que considere necesarias para el efecto, determinar las zonas afectadas por la minería ilegal dentro de las concesiones mineras, así como también en los otros derechos mineros (contrato de explotación minera, licencias y permisos, autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación y licencias de comercialización)”.
Este párrafo, escamotea absolutamente la posibilidad de que la población se pronuncie sobre la posibilidad o no de minería en sus territorios, ya que encarga al Ministerio de Anergia y Minas (presumiblemente corrupto) determinar las zonas afectadas por explotación, procesamiento y comercialización ilícita de minerales, dejando en manos del Presidente de la República la “expedición del correspondiente decreto ejecutivo en el que se declaren las áreas de interés nacional y ordenará al Ministerio de Energía y Minas ejecute las actividades técnicas y legales que permitan identificar aquellos derechos mineros que habrían permitido actividades mineras ilegales, a fin de iniciar con el procedimiento administrativo de extinción de derechos” (último párrafo del anexo). En consecuencia, ningún pronunciamiento popular tendrá efectos inmediatos sobe el asunto consultado y de recibir el apoyo popular constituiría un cheque en blanco en manos de una entidad del Estado sospechosa de haber incentivado o permitido la minería ilegal y en definitiva en el criterio del Ejecutivo, que podría de manera absolutamente discrecional decidir qué concesiones y otros derechos mineros podrían ser sometidos a un proceso de extinción. Aunque no soy abogado, presumo que la Corte Constitucional, no debería dejar pasar esta pregunta.
La pregunta es una espada de doble filo, porque incluye la falacia a la que antes nos hemos referido. De pasar el filtro de la Corte Constitucional, el resultado positivo o negativo de la consulta vuelve a colocar la disyuntiva minería ilegal-minería legal en el Macizo del Cajas, soslayando el conflicto minería si-minería no, en esta región estratégica declarada como Reserva de Humedales de la Biósfera por las Naciones Unidas. La ciudadanía de Cuenca, sus autoridades y sus instituciones no pueden permanecer como espectadores ajenos a esta pegunta. Es posible que la coyuntura de esta pregunta sea la última oportunidad para hacer valer las consultas populares de Girón y Cuenca; de no hacerlo podemos lamentarnos fuera del tiempo oportuno que las políticas extractivistas coludidas entre el Estado ecuatoriano y las empresas transnacionales se impongan y, a pretexto de combatir la minería ilegal, se termine burlando la voluntad soberana de los cuencanos y azuayos e imponiéndose, incluso por la fuerza de las armas, la explotación de Quimsacocha y otras concesiones, en el contexto-pretexto de la lucha contra el terrorismo.
Es la hora impostergable de la entereza, decisión de cuencanos y azuayos en defensa de sus poblaciones y territorios. Es hora también de pasar de la resistencia pasiva y tímida a los poderes centrales y es la hora de pasar a la propuesta de un modelo de desarrollo sustentable para la región. No permitamos que, en medio de la humareda de los atentados terroristas y los operativos policiales y del ejército que nos tienen asustados, ocupados y distraídos, que esta pregunta, una vez más engañosa y tramposa, constituya un bypass para consagrar la megaminería en las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, no solo de Cuenca sino de toda la provincia del Azuay, condenando a la presente y futuras generaciones a la insostenibilidad ecológica, poblacional, económica y política de la región. Tiempo presente de decisiones y acciones, que enmienden el camino que conduce al Ecuador al precipicio de un Estado fracasado.
Gastar tiempo y dinero en consultar al pueblo si el Estado debe garantizar la utilización y el desarrollo sustentable de sus recursos naturales es inútil. La constitución ya lo establece. El presidente Novoa está obligado a revertir todas las concesiones mineras que no cumplen los estándares de respeto a los derechos de los ciudadano a vivir en un ambiente libre de venenos y contaminación como es el caso de Quimsacocha con altos contenidos de arsénico y, por supuesto, no necesita consultar al pueblo para erradicar la corrupción del ministerio de Energía y Medio Ambiente y revertir las concesiones en manos del crimen organizado y el Azuay se lo debe exigir sin dilaciones.
Me identifico como ser humano y me agrada cuando me relaciono en ese nivel. A mis 75 años sigo aprendiendo y compartiendo las lecciones de la vida. Durante todos mis trabajos y servicios he considerado como tarea más importante pensar y suscitar el pensamiento. Puedo ser incómodo preguntando y re preguntando. Por ello tengo la estima y el afecto de muchos y también la resistencia de otros. No busco aceptación sino estar bien con la búsqueda de la verdad esquiva, hacer el bien que pueda y disfrutar de todo lo bello que hay en todo lo que existe.
