Con el operativo denominado “Metástasis” efectuado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la madrugada del 14 de diciembre del 2023, con la detención de 29 personas, se puso en evidencia, algo que ya percibía la ciudadanía: la existencia de una red de delincuencia organizada compuesta por narcotraficantes, bandas criminales, algunos funcionarios del Consejo de la Judicatura, ciertos jueces, fiscales, policías, responsables del control de las cárceles (SNAI) y abogados, todos ellos vinculados con uno de los más altos jefes del narcotráfico, Leandro Norero, llamado, “el Patrón”.
Por ello, no era casual que, entre otras cosas, delincuentes obtengan rebajas ilegales de penas, resoluciones arbitrarias para liberar a reclusos, partícipes de delitos “in fragranti” capturados y liberados inmediatamente por fiscales y jueces, cambio de investigaciones penales por delitos mayores a menores, declaratorias artificiosas de sobreseimientos, revocatorias de prisión preventiva sin haberse modificado las circunstancias por las que se ordenó, concesiones ilegales de habeas corpus, medidas cautelares y de protección, traslados de presos de una prisión a otra con toda facilidad.
En forma correlativa, al interior de las cárceles, los reclusos tenían dispositivos de comunicación, granadas, fusiles, ametralladoras, revólveres, pistolas y más armas, celdas adecentadas a gusto, imponían contribuciones en favor de cabecillas de bandas a cambio de protección, practicaban la tortura, traficaban con productos, alcohol, droga, prostitución y organizaban grandes fiestas.
En estas circunstancias, las cárceles se convirtieron en escenarios de matanzas crueles a miembros de bandas rivales y en centros de comando de ejecución de crímenes fuera de las cárceles con grupos de delincuentes de las mismas bandas que actuaban en las ciudades, poblados y zonas rurales en acciones delictuosas de disputa de territorios de narcotráfico, asesinatos, asaltos, secuestros, extorsiones, robos, y eliminación de autoridades electas o líderes políticos.
Según la información disponible, la red criminal respondía tanto a intereses de narcotraficantes y otros delincuentes vinculados a organizaciones mafiosas, pero también a políticos en búsqueda de impunidad, algunos de ellos inclusive con sentencias firmes, delincuencia organizada que llegó a penetrar en el sistema político, la propia función judicial, la dirección, gestión y vigilancia de las cárceles, la fuerza pública, redes sociales y algún medio de comunicación.
Más grave resulta que, frente al rechazo de esta red delincuencial por parte de la ciudadanía y de la mayoría de organizaciones políticas, e incluso del respaldo de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional a la Fiscal General del Estado, sin embargo, los asambleístas de Pachakutik se abstuvieron y, los de la Revolución Ciudadana votaron en contra, conducta que se enfila con la de su líder máximo que desde el exterior alertó que se iba a llevar a cabo la operación de la Fiscalía, situación que fue aprovechada por otros involucrados en para darse a la fuga o ponerse a buen recaudo.
Frente a esta situación, es urgente reorganizar el Consejo de la Judicatura, nulitar el mañoso concurso de jueces nacionales, depurar partidos y movimientos políticos, la función judicial, y el SNAI, retomar la soberanía plena del Estado en las cárceles, y continuar la investigación del narcotráfico, y otras formas del crimen organizado, todo lo cual necesita el apoyo de la ciudadanía a las investigaciones de la FGE, las acciones de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia y de las FF. AA en el control de las armas y las fronteras nacionales.
Por otra parte, los medios de comunicación deben afinar su labor investigativa, la objetividad e independencia de su gestión, en tanto que las Universidades contribuir con sugerencias sobre políticas públicas para prevenir y enfrentar la delincuencia, reforzarse la educación cívica, ética y ambiental de los estudiantes sobre todo de escuelas y colegios, a lo que debe sumarse la acción concertada del ejecutivo, la fuerza pública y los GAD para generar condiciones de seguridad.
Igualmente, la Fiscalía General del Estado debe investigar la corrupción en el sistema de aduana, hidrocarburos, gas, electricidad, concesiones mineras, así como acelerar los procesos penales por los casos de corrupción en los gobiernos de Moreno y Lasso.
Los gestores y actores culturales tienen un papel importante que cumplir en estas circunstancias, como es mejorar el ambiente social por lo que las autoridades y empresarios privados deben apoyarles. Es un buen antídoto a la corrupción social. Hay que aprovechar este paréntesis de luz para recobrar la salud del Estado y la sociedad y poder enfrentar en mejores condiciones la crisis económica y fiscal, en virtud de que la seguridad jurídica y política es el mejor incentivo para las inversiones.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
