¡CUIDADO! ¡NO A LOS HECHOS CONSUMADOS!
Tíldenme no más de ingenua, pero a pesar de las muchas evidencias, me sigue llamando la atención por un lado la falta de sentido común y por otro la falta de acuciosidad de las autoridades llamadas a controlar y resolver los conflictos que alteran la armoniosa convivencia entre los habitantes del país o la ciudad.
La autorización municipal concedida para que un edificio se construya encima de una calle no solo es un sinsentido sino una vulneración a los derechos colectivos, no únicamente de los vecinos del barrio, de los frentistas (como se llaman ahora a quienes tienen sus inmuebles con linde a la vía pública), sino de todos quienes eventual o permanentemente circulamos o podríamos hacerlo en vehículo o a pie por calzadas existentes desde tiempo atrás consolidadas como vía pública en la ciudad.
El caso que nos ocupa es el del denominado edificio Aura cuya construcción ha iniciado hace algo más de un mes en las calles Paseo Tres de Noviembre y Ramón Cortázar esquina. La imagen de la portada da cuenta del despropósito al que nos referimos, la pretendida construcción elimina más de la mitad del ancho de la calle e impide contar con aceras para la circulación segura de los peatones.
Las protestas en contra de las inconsultas decisiones de servidores municipales que se convierten en institucionales, no persiguen afectar el derecho de propietarios del terreno ni de constructores o promotores, sino defender los de la ciudad y sus habitantes que siendo colectivos están por sobre el interés individual.
La alcaldesa subrogante y otros servidores municipales han esgrimido justificaciones como si su obligación fuese defender la construcción, pero ningún argumento con el que legal y técnicamente se sustente el horror que se evidencia en la fotografía y más cuando se constata in situ en dónde se está construyendo.
Es entendible que la licenciada Peñaloza para responder a asuntos como éste deba basarse en los informes, documentos y quizá ayudas memoria que le entreguen funcionarios de las direcciones técnicas en las que se dieron las autorizaciones o aquellos que deberían elaborar sus asesores -que entre otras cosas para eso están-, pues ni emitió directamente informe ni autorización alguna, ni será experta en las materias de que se trata. En el supuesto señalado debería pedir y emitir al menos contundentes llamados de atención para unos y otros pues le han hecho meter la pata hasta no más, haciéndole creer y decir que la construcción fue aprobada en 2017, que desde entonces cuenta con los permisos y que casi casi estamos frente a un hecho irreversible, cuando un permiso de construcción, un plano aprobado y el ahora llamado IPRUS (Informe Predial de Regulación de Uso de Suelo) han tenido desde hace mucho y sigue teniendo vigencia de 2 años. Adicionalmente, siempre es posible corregir los errores cometidos.
Según información proporcionada por el Ing. Carlos Alvarez ex Director de Control Municipal en una entrevista en Radio La Voz del Tomebamba, el propietario del inmueble en el que existía una vivienda que por alguna razón no fue afectada en la re planificación realizada en 2017, fue Jaime Abril (ex asambleísta de Alianza País), a quien en junio de 2025 se le otorga el IPRUS, con base en un oficio suscrito en 2019 por el Arq. Pablo Cordero, a esa fecha Director de Control Municipal, en el que se señala expresamente que se despacha el trámite sin realizar inspección.
Casos como este dan cuenta de la desidia por decir lo menos que invade la gestión municipal, la comodidad o amodorramiento en el que se escudan servidores remunerados que deben hacer las cosas bien en beneficio de la ciudad y sus habitantes, que no solo no abandonan el escritorio para verificar las condiciones y características del terreno en el que se autorizará construir, sino que al parecer ni siquiera recurren a identificarlo en el sistema de catastro georreferenciado.
La omisión de la inspección hace que no se den cuenta que la vía lateral al inmueble en el emplazamiento que se pretende no tiene el ancho mínimo establecido para una vía de un solo sentido que es aparentemente de 6,00m, la de doble sentido debería tener al menos 8,40m, esto en el supuesto de que actuaran simplemente con desidia, pues lo otro nos llevaría a la mala fe o a actuaciones abiertamente direccionadas a favorecer el interés de los peticionarios.
Al parecer en 2026 el permiso para el proyecto en marcha –un edificio de 7 pisos- lo obtiene una inmobiliaria y lo promocionan por distintos medios al menos dos Forxa y Kapitalf.
En cualquier caso hay responsabilidad de los servidores municipales, la máxima autoridad debería disponer las investigaciones y sanciones a que hubiere lugar.
Ante los argumentos y evidencias que aparecen contundentes lo que cabe es que siguiendo el debido proceso se disponga la suspensión de las obras –porque los trabajos siguen como si nada- para revisar legal y técnicamente todo lo que haga falta y tomar la decisión que corresponda en resguardo de los intereses de la ciudad y sus habitantes.
Una presunción de derecho constante en el Código Civil del Ecuador, es que la ley se presume conocida por todos y su ignorancia no excusa a persona alguna. Lo que quiere decir que ninguno de los involucrados en este caso puede alegar desconocimiento de la norma para amparar sus faltas. Ergo, hay responsabilidad municipal por acción y omisión; y, de la misma manera de todos los que han intervenido en los trámites de aprobación de licencias, en la construcción e incluso en la promoción para la venta. Pues no querrán convencernos de que el o los arquitectos que diseñaron el edificio, el o los ingenieros que realizaron los cálculos estructurales, el o los propietarios del terreno, los promotores inmobiliarios, etc. no conocieron el lugar y no se dieron cuenta de que la construcción se proyectaba y se está ejecutando en parte sobre lo que debería ser una calle pública, lo que por la realidad de los hechos parece no importarles ni un comino.
Cabe también un llamado de atención a quienes han reservado y/o comprado unidades habitacionales (la publicidad señala que está vendido el 60%), para que conozcan el lugar en donde van a comprar y se informen de si es correcto y legal tener una vía de 3 metros junto a un edificio de 7 pisos. Lo que se relata y ha sido denunciado por varias personas a lo largo de las últimas semanas es un asunto que no puede olvidarse, tiene que corregirse el dislate, no se puede esperar el simple paso del tiempo para apelar luego a la teoría de los hechos consumados.
Portada: Imagen tomada de Facebook
Mujer estudiosa y analítica, lectora atenta y escritora novel. Doctora en Jurisprudencia y Abogada – Universidad de Cuenca, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud – Universidad de Barcelona, Diplomado Superior en Economía de la Salud y Gestión de la Reforma – Universidad Central del Ecuador. Docente de maestría en temas de políticas públicas y legislación sanitaria –Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en el área de vinculación con la sociedad, legislación relacionada con el adulto mayor – Universidad del Adulto Mayor. Profesional con amplia experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en los ámbitos de legislación, normativa y gestión pública.
