LLEGARON LOS MILITARES GRINGOS
Informaciones de prensa confirmadas por autoridades nacionales dan cuenta que se prepara una acción militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador para realizar operaciones contra el narcotráfico. Por lo pronto han arribado a Manta soldados, un buque de 200 metros de largo, helicópteros armados, al menos un avión y equipo táctico.
De parte del gobierno nacional hace falta aclarar en qué acciones participará este personal y, sobre todo, garantizar al país que estos operativos destinados a patrullar el mar, impedir el tránsito y tráfico de sustancias ilícitas, contener, apresar embarcaciones y detener a personas implicadas en este delito se realizará bajo el mando y planificación de autoridades ecuatorianas, sin que el personal extranjero obre por su cuenta y discreción.
El mensaje de Noboa y de los ministerios de Defensa e Interior debe ser ese, pues de lo contrario la cooperación militar extranjera carecería de sustento legal, que sí lo tiene y es hasta legítimo. Sin embargo, ni al presidente ni a los ministros ni a la cancillería se le ha escuchado invocar el instrumento legal que ampara y sustenta la presencia de militares y armas de los Estados Unidos.
Se trata de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes, firmado y ratificado por el Ecuador, el que en su artículo 17, dice: Los países “Partes cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales… para prestar asistencia y apoyo a los Estados de tránsito y, en particular, a los países en desarrollo que necesiten de tales asistencias… para impedir la entrada y el tránsito ilícito, así como para otras actividades conexas”.
En otro apartado, la Convención menciona patrullajes y abordajes de naves sospechosas, incluso en alta mar, previa notificación al país de cuya bandera dicha embarcación. Se entiende la capacidad de detener a los implicados y someterlos a los jueces y fiscales competentes.
Ese es el marco y procedimiento legal. Por ningún concepto pueden darse detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas a tripulantes y mucho menos bombardeos a navíos que se sospeche transporten drogas. Cierto que el personal norteamericano está protegido de inmunidad diplomática; pero, en equivalencia con el personal del servicio exterior, se entiende que de cometer un delito deberán ser juzgados por sus autoridades.
Parece que las acciones de los estadounidenses van en serio. Ya han impuesto sanciones económicas a empresas supuestamente vinculadas con el narco y está en Manta una muestra de su poderío militar que reedita lo que tenían en los tiempos del Plan Colombia, a inicios de los años 2000. (O)
Portada: imagen tomada de https://n9.cl/fz8xwj
Periodista, comunicador social, abogado. Hoy, Periodista de Academia TV. Laboré 27 años en medios locales como editor, redactor y reportero. Diarios El Mercurio, La Tarde y El Tiempo; revista Tres de Noviembre del Concejo Cantonal de Cuenca; radios El Mercurio, Cuenca y América.