NI AUN TERMINA UN ESCÁNDALO COMIENZA OTRO
El último escándalo en la función judicial que envuelve al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Consejo de la Judicatura (CJ) y su presidente, y al ex presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), evidencian hasta donde llegan los tentáculos de las bandas de delincuencia organizada y las mafias del narcotráfico en el aparato del Estado y particularmente en la justicia.
Existe corresponsabilidad de los partidos y movimientos políticos dominantes de los últimos años, respecto de la situación desastrosa a la que ha llegado el país, pues algunos de ellos como el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional han venido disputándose a dentelladas el control del CPCCS, el CJ y la CNJ, y en caso de la designación de Godoy y su alineamiento político, estuvieron inmiscuidos los movimientos RC y ADN.
Pero ni aun termina el “escándalo Godoy”, surge otro en el proceso de concurso para nombrar al fiscal general del Estado, existiendo gravísimas denuncias sobre la designación de la Comisión Ciudadana que lleva adelante el concurso. Todo está fresco aun, pues el 14 de enero, se realizó el sorteo parta escoger a los diez miembros de la referida Comisión y, según la denuncia, de los treinta postulantes para el sorteo de conformación de la Comisión, catorce de ellos no debieron superar la fase de admisibilidad por incumplimiento de requisitos o estar inmersos en prohibiciones.
Frente a este nuevo escándalo en ciernes, nuevamente están calladitos los actores políticos, pues habrán pretendido que las cosas se den sigilosamente, que pasen “de agache”, y terminar nombrando a alguien predestinado por los poderes ocultos y utilizar a la fiscalía general del Estado para la impunidad, el amedrentamiento y la persecución política.
Las actuales corruptelas en la función judicial, se dan en circunstancias en que el país atraviesa la peor crisis de seguridad, a pesar de que el gobierno de Noboa pasó a considerar a la delincuencia organizada como terrorismo, declaró el conflicto armado interno, ha militarizado territorios y se vive un estado de excepción permanente, sin embargo, de lo cual, la violencia, la delincuencia y el narcotráfico se han agudizado.
Esta situación verdaderamente crítica, se da en medio de una precariedad institucional, donde organismos públicos importantes no terminan por renovarse, completar su integración, tener personeros titulares, por lo que todo es ad hoc, provisional, transitorio, inestable y las entidades públicas funcionan con una cantidad de funcionarios suplentes, subrogantes, encargados y delegados, y tal parece que esta es la mejor circunstancia para condicionar conductas ilegales, presionar, chantajear y alcanzar prebendas, resoluciones arbitrarias e impunidad.
Antes, el control de la función judicial se lo hacía con objetivos políticos, entre ellos, enfrentar a los “enemigos políticos” del momento; hoy en el día, si bien persisten estos objetivos, se suman intereses de la lumpen burguesía, grupos económicos poderosos, la delincuencia organizada y las mafias del narcotráfico. Es una mezcla y “coincidencia” entre política corrupta, delincuencia y narcotráfico.
En estas circunstancias, es necesario la convergencia de organizaciones ciudadanas, colectivos de jueces, fiscales y más servidores judiciales honestos, periodistas, académicos, gremios de profesionales y grupos de abogados éticos, para denunciar los actos corruptos y exigir la renuncia de cualquier empleado, funcionario o dignatario de elección popular, que estén involucrados en esas conductas.
El movimiento cívico ciudadano debe exigir que el gobierno y todos los partidos y movimientos políticos, saquen la mano de la justicia, así como ejercer una veeduría y contraloría social constante de la gestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control, Social, Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia.
Por otro lado, la Contraloría General del Estado debe realizar la fiscalización integral y férrea de los fondos y la gestión de la administración del CPCCS, el CJ, la Escuela de la Función Judicial y el patrimonio de jueces y fiscales; y, sobre todo reforzar su capacidad de análisis del marco jurídico constitucional y legal bajo el cual realiza su actividad de control y emisión de informes.
De igual forma, la Fiscalía General del Estado, debe actuar independientemente del gobierno de turno, no dejarse utilizar como organismo de persecución política, ni realizar investigaciones a la carta. La Fiscalía General del Estado no puede convertirse en un brazo político de cualquier gobierno, y, por el contrario, debe dar ejemplo de actuación autónoma conforme los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso, es decir con apego a la juridicidad.
La Procuraduría General del Estado debe asumir una tarea más proactiva en el control de legalidad de los actos y contratos de los organismos y entidades del sector público, y cuidar de la oportunidad, unidad y coherencia en la absolución de las consultas jurídicas de las entidades públicas, y no dejarse manipular por intereses políticos coyunturales.
Es hora de que entidades tan importantes como la UAFE, la Defensoría del Pueblo y las diversas Superintendencias de Control, recobren su autonomía, cumplan con sus competencias asignadas por la Constitución y el ordenamiento jurídico y actúen oportunamente sin ningún direccionamiento politiquero.
Solo una ciudadanía activa fiscalizadora y contralora, podrá recuperar la honestidad, la ética pública y la reinstitucionalización democrática del país.
Portada: imagen tomada de https://n9.cl/7xjjn
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
