LA VISIBILIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN ECUADOR: UNA FORMA DE LUCHA ANTIRRACISTA
Es contraproducente incluir las problemáticas del pueblo afroecuatoriano
en el mismo sistema racista que las produce.
Diana León, INREDH
¿Cómo el colonialismo, la esclavitud y la racialización del mundo informan la construcción de la identidad nacional en el Ecuador?
En el año 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, la Policía Nacional realizó un operativo en la ciudad de Quito que dio como resultado la detención de personas afrodescendientes debido a que “cumplían con el perfil de sospechosas” (Peralta, 2023, 7 de junio). En el año 2021 se produjo un incremento de medidas gubernamentales irracionales en perjuicio de la población afrodescendiente de Esmeraldas, Guayaquil e Ibarra, como es el caso del uso excesivo de la fuerza, en el contexto de estados de excepción y militarización de las zonas (INREDH, 2024, 21 de octubre). También en el año 2023 diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron que durante operativos de seguridad a cargo de policiales y militares existieron perfilamientos de “lo peligroso” que criminalizaban a la población racializada y empobrecida (Peralta, 2023, 7 de junio).
La criminalización de personas afrodescendientes constituye una expresión sistemática del racismo estructural, bajo la complicidad de la administración de justicia y los medios de comunicación (INREDH, 2024, 6 de noviembre). Esta problemática se ha incrementado en el contexto de la declaratoria de Conflicto Armado Interno n el gobierno de Daniel Noboa (INREDH, 2024, 22 de noviembre).
En este contexto, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas un informe sombra que documenta casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos en Ecuador, entre otros, relacionados con perfilamiento racial, criminalización, sobrevigilancia y uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afroecuatorianos. Se trata de un mecanismo que busca promover la visibilización internacional de la discriminación racial en Ecuador y exigir respuestas concretas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de la población afroecuatoriana.
Como sostiene Dos Santos (2018), la lucha contra la discriminación racial y las formas de racismo estructural e institucional buscan visibilizar las consecuencias desastrosas del sistema esclavista, fuertemente presentes aún en la actualidad.
Son varios los principios rectores de una perspectiva de reparación afrocentrada (Dos Santos, 2018):
- El derecho a la verdad, según el cual es necesario promover la discusión del pasado, buscando la verdad, la justicia, la rendición de cuentas del Estado y el reconocimiento por parte de toda la sociedad de las violaciones a la dignidad humana, que aún persisten en la actualidad, aunque con nuevas formas.
- El derecho a la memoria y a no olvidar, que busca establecer un sentimiento colectivo de desaprobación a los actos de violación con el objetivo de hacer justicia.
- El derecho a la justicia, entendido como justicia restaurativa que implica investigación, juzgamiento y rendición de cuentas. Si bien la responsabilidad es colectiva, le corresponde al Estado invertir en políticas públicas de reparación.
- La reforma de las instituciones, entendida como las posibilidades de reflexión sobre los cambios necesarios para superar la discriminación estructural e institucional. Se trata de promover un cambio de mentalidad dentro de las instituciones, arraigada en las raíces patriarcales y racistas que conforman la sociedad.
- El derecho a la reparación combinado con el reconocimiento transformador que busca acabar con la discriminación institucional, otorgando la debida importancia al factor étnico-racial y de género en la lucha contra las desigualdades, discriminación y violencia.
De acuerdo con las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre el 25º informe periódico del Ecuador (23 de diciembre de 2023), la declaración de estados de excepción por “conflicto armado interno” y la militarización de la seguridad pública han tenido repercusiones negativas en los derechos y libertades fundamentales, particularmente, de los pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente, el pueblo montubio y las personas migrantes. El Comité insta al estado ecuatoriano a investigar de manera exhaustiva, imparcial y efectiva todas las denuncias de abuso y violencia atribuidas a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, asegurando que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos y reciban la protección y reparación adecuadas, y que los responsables sean debidamente procesados y castigados de acuerdo con la gravedad de sus delitos.
Asimismo, el Comité expresa su preocupación en torno al impacto desproporcionado de la detención y registro por parte de las fuerzas sobre las personas afrodescendientes e indígenas, y dentro de ese grupo, especialmente los hombres jóvenes y adolescentes, el uso excesivo y letal de la fuerza, la falta de rendición de cuentas y de apoyo adecuado a las familias de las víctimas, así como la sobrerrepresentación de la población afrodescendiente en los centros penitenciarios. En ese sentido el Comité reclama del estado ecuatoriano medidas concretas que prohíban explícitamente la elaboración de perfiles raciales, así como para prevenir dichas prácticas por parte de la policía, los funcionarios de inmigración y otros funcionarios públicos. El Estado debe establecer un mecanismo de denuncia independiente para llevar a cabo investigaciones sobre todas las denuncias de elaboración de perfiles raciales, control y revisión y uso excesivo de la fuerza. Asimismo, debe facilitar las denuncias de las víctimas y garantizar que los autores sean procesados y castigados con penas adecuadas y que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos y reparaciones adecuadas.
También el Comité reitera su preocupación en torno a la persistencia de manifestaciones de prejuicios, estereotipos y discriminación racial en los medios de comunicación, en particular en contra de afrodescendientes, indígenas y migrantes, que suelen ser relacionados con la creciente inseguridad en el Estado parte, a pesar de que no hay ninguna evidencia al respecto. El Comité reitera su recomendación al Estado para que adopte medidas apropiadas para combatir los prejuicios raciales en los medios de comunicación.
En este sentido el objetivo de visibilizar en el ámbito internacional la discriminación racial en Ecuador se ha logrado. En efecto, el Comité exige respuestas concretas al estado ecuatoriano orientadas a garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de la población afroecuatoriana. No obstante, Dos Santos (2018) nos recuerda que la reparación histórica va más allá de las acciones afirmativas. Y Diana León, abogada de INREDH (2024, 21 de octubre) se pregunta si tiene sentido incluir las problemáticas del pueblo afroecuatoriano en el mismo sistema racista que las produce.
Referencias
Dos Santos, V. H. (2018). A reparação da escravidão negra no Brasil: fundamentos e propostas. Revista Eletrônica da OAB/RJ, 29(2), 1‑26.
INREDH. (2024, 21 de octubre). El precio de la identidad afroecuatoriana. https://inredh.org/el-precio-de-la-identidad-afroecuatoriana/
INREDH. (2024, 6 de noviembre). Inredh presentó casos de perfilamiento racial, discriminación y violencia policial ante Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU. https://inredh.org/inredh-presento-casos-de-perfilamiento-racial-discriminacion-y-violencia-policial-ante-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial-cerd-de-la-onu/
INREDH. (2024, 22 de noviembre). INREDH presentará informe sobre racismo estructural en Ecuador ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU. https://inredh.org/inredh-presentara-informe-sobre-racismo-estructural-en-ecuador-ante-el-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial-cerd-de-la-onu/
Peralta, G. (2023, 7 de junio). Tres historias muestran el racismo en los operativos de seguridad. Wambra. https://wambra.ec/racismo-en-operativos-de-seguridad/
Portada: imagen tomada de https://n9.cl/4lpyg
Doctora en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca. Obtuvo un Maestría en Género y Desarrollo en la misma universidad. Posee un Doctorado (Phd) en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue Directora del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, en Azuay, Cañar y Morona Santiago. Secretaria Ejecutiva del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca. Se desempeñó también como Jueza Provincial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Azuay. Laboró en el Municipio de Cuenca y en el Gobierno Provincial del Azuay. Autora de artículos y libros sobre derechos y género. Ha participado como ponente y coordinadora en seminarios nacionales e internacionales vinculados a su campo de estudio e investigación
