RESOLUCIÓN JUSTA Y NECESARIA
1. Como era de esperarse, no prosperó la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia dictatorial. Esta vez fue parada con una correcta decisión de la Corte Constitucional. El gobierno, con su colección de abogados y legisladores incompetentes, tuvo un revés previsible. Muchas veces se puede discrepar con la Corte Constitucional, pero esta resolución, sobre dos leyes urgentes e inconstitucionales, emitidas por el parlamento, es justa y necesaria
2. El Art. 136 de la Constitución ordena: “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el artículo que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.”
3. A pesar de la claridad de esta norma, se expidió la “Ley Orgánica de Integridad Pública” (3S- del R. Oficial 68, del 26 de junio del 2025), en 163 páginas, modificando 21 leyes, de muy distintas materias y contenidos. En vez de costosas, publicitadas y amenazantes manifestaciones oficiales debieron actuar conforme a la Constitución. Es evidente que el gobierno no desea respetar la Constitución ni tener límites jurídicos ni políticos. Su proceder es autoritario y dictatorial.
4. El régimen tampoco respetó el Art. 140, inciso segundo, de la Constitución, que consagra: “Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción.” Regulación que violentó al enviar tres proyectos “económicos urgentes” simultáneos, que se publicaron así: El 10 de junio del 2025 la “Ley Orgánica de Solidaridad Nacional”, cuyo nombre original y pomposo decía “Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno” cuando su contenido no tenía nada que ver con el título engañador. Al día siguiente, el 11 de junio del 2025, publicó la “Ley Orgánica de Inteligencia” (S del R. Oficial 57), cuyo fin es desatar persecución y represión social generalizada, violando derechos constitucionales y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contra toda la población y no solo grupos al margen de la ley. El 26 de junio del 2025, publicó la referida “Ley Orgánica de Integridad Pública”.
5. En vez de respetar la Constitución el gobierno atrabiliario convocó varias marchas para exigir que la Corte Constitucional viole en forma grotesca la Constitución, se convierta en su alfombra y se subordine a su voluntad atrabiliaria. ¿Por qué no redactan bien las leyes, con honestidad, y como lo determina la Constitución? ¡El poder autoritario, omnímodo y represivo, es propio del fascismo!
6. El 26 de septiembre se aprobó la urgente “Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia” para que el BIESS (que maneja el dinero del IESS) pueda endeudarse “con entidades financieras nacionales y extranjeras” y deba pignorar o garantizar esa deuda con “el portafolio de inversiones que administra” (propiedad del IESS), que pasaría de este modo a manos de la banca privada. ¿Quién podría llevarse ese dinero como ya lo ha hecho con USD 27.389 millones de dólares de la actual deuda del Estado con el IESS? El propio gobierno que controla el BIESS y el IESS, y que siempre se ha llevado el dinero de la Seguridad Social dejando bonos que nunca honra ni paga ningún gobierno.
7. Siempre han violado el Art. 372 de la Constitución, que señala: “Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.” PERO ESTA VEZ EL ASUNTO ES MUCHO MÁS GRAVE, porque es evidente que, como ya han “evaporado” gran parte del dinero contante y sonante disponible en el IESS, la mayor reserva de dinero en efectivo del país, porque allá van y han ido por varias décadas el 20,6 por ciento de todas las remuneraciones de trabajadores y empleados del sector público y privado; ahora buscan que el BIESS se endeude con autorización legal “con entidades financieras nacionales y extranjeras” para llevarse todos los recursos que pudiesen obtener y, con las garantías referidas de esos créditos, colapsar a la Seguridad Social.
8. Son evidentes y perceptibles sus intenciones. Más aún si nadie fiscaliza ni controla en debida forma los fondos de la Seguridad Social, propiedad de 3´766.214 trabajadores y 551.467 jubilados a junio del 2024. (Expreso, domingo 9 de junio del 2024, pág. 6). Peor aún durante un régimen que busca el manejo político absoluto de todos los poderes como ya lo hizo el gobierno de Correa: dueño y señor de la Asamblea, de la Administración de Justicia con Paulo Rodríguez y Gustavo Jalk, del CPCCS, así como de Contraloría con Carlos Pólit Faggioni, y la Fiscalía General del Estado con Galo Chiriboga y Carlos Baca. No al acaso prominentes correistas son autoridades del gobierno de Noboa, y quien mantiene vigentes todas las leyes que expidió Correa.
9. Es indispensable preguntarnos: ¿Dónde está el dinero del IESS? ¿Podían haber invertido en minas o en termoeléctricas privadas, como ahora lo permite la “Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación de Energías”? Esta ley, en medio de la campaña orquestada por la prensa en torno a los apagones, fue publicada en el octavo suplemento del R. Oficial 673, del lunes 28 de octubre del 2024, aprobada la víspera por ADN, RC5 y el PSC. Ningún gobierno ha manejado con transparencia la seguridad social. ¡Solo los jubilados en las calles pueden frenar ahora tamaño despojo haciendo conciencia, y la Corte Constitucional actuando en forma correcta!
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Doctor en Jurisprudencia y Profesor de Derecho Económico de la Universidad de Cuenca. Ex legislador, autor de varios libros sobre deuda externa, Plan Colombia y el asalto bancario en Ecuador.
