AFRORREPARACIONES: LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN DEL CAPITAL, LA DOMINACIÓN RACIAL Y LA DOMINACIÓN PATRIARCAL
Las afrorreparaciones nutren el repertorio de recursos
de esperanza para parir futuros de liberación posible.
Agustín Lao-Montes
Agustín Lao-Montes nos recuerda que la “colonialidad del poder” reúne a una multiplicidad de formas de dominación y explotación que se pueden resumir en tres ejes interconectados: la explotación del trabajo por el capital, la dominación etnorracial y cultural y la dominación sexual y de género. Por lo tanto, es la situación de desigualdad económica, exclusión política y desvalorización cultural la que sustenta las demandas de justicia reparativa por parte de los sujetos afrodiaspóricos.
Desde el punto de vista de la diáspora africana en las Américas, la justicia reparativa implica tanto redistribución de riqueza y poder debido a los daños y perjuicios producidos por la esclavitud y sus secuelas históricas, así como reconocimiento de los valores de los pueblos afrodescendientes. En este sentido, la justicia reparativa comprende reclamos materiales y simbólicos, conjuga redistribución con reconocimiento, demanda compensación y valorización. Dice Lao-Montes:
Dado que, como categoría histórica colectiva, los afrodescendientes no hemos conseguido ciudadanía sustancial (plenitud de participación, inclusión, derechos, representación) en ningún lugar de las Américas, es necesario tomar medidas afirmativas para elevar la calidad de nuestros modos de pertenencia (ciudadanía social, civil, política, económica y cultural) en nuestras comunidades políticas en los niveles local, nacional, hemisférico y global (Lao-Montes, 2025: 137-138).
La violencia del capital, la violencia racista y la violencia de género están directamente relacionada. Por ejemplo, la violencia estructural que atraviesa a las mujeres afrodescendientes tiene manifestaciones concretas en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y el derecho a vivir una vida libre de violencia, indispensables para la ciudadanía sustancial. Según la CEPAL (2018), las cifras sobre mortalidad materna en América Latina y el Caribe siguen siendo alarmantemente elevadas para las mujeres afrodescendientes. En el Ecuador, la mortalidad materna entre mujeres afrodescendientes es casi cuatro veces más alta que el promedio nacional, reflejando las persistentes desigualdades estructurales.
Asimismo, las tasas de maternidad adolescente entre jóvenes afrodescendientes de entre 15 y 19 años continúan siendo elevadas y, en muchos casos, superiores a las de las adolescentes no afrodescendientes. Esta situación se ve agravada por la combinación de factores como la discriminación racial, la pobreza y la baja escolaridad. En el Ecuador, una de cada cuatro adolescentes afrodescendientes ya es madre, lo que representa la mayor disparidad étnico-racial en la región, con una diferencia de 8,6 puntos porcentuales respecto de sus pares no afrodescendientes. La situación es aún más crítica entre las adolescentes afrodescendientes con menos de cinco años de educación formal, quienes presentan las tasas más altas de maternidad temprana (CEPAL, 2018).
¿Qué estrategias y medidas concretas son claves para avanzar en las reparaciones históricas? Agustín Lao-Montes concibe las afrorreparaciones como un postulado ético-político y como un conjunto de medidas orientadas a corregir los efectos negativos del racismo. Las afrorreparaciones comprenden discursos, estrategias políticas y programas para promover desarrollo económico, hacer gestión democrática, educar, promover la organización política y buscar la justicia social. Incluyen políticas de acción afirmativa, leyes contra la discriminación racial, recuperación y registro de memorias ocultas, entre otras. Son el resultado de las luchas históricas del movimiento negro/afrodescendiente en favor de la reinvención de la nación, la democracia racial y la justicia social. Se trata de propuestas de cambio y de transformación social de carácter radical.
En este sentido, considero que el primer paso para iniciar un proceso de reparación de la violencia estructural que afecta a las mujeres afrodescendientes implica reconocer la existencia de racismo, discriminación, violencia y estereotipos raciales en toda América Latina y el Caribe, proceso que comenzó en la época de la trata transatlántica de personas y la esclavitud, en la que se basó la economía durante el período colonial de la región. Y, dado que la violencia del racismo está directamente relacionada con la violencia de género, solo es posible evidenciar los efectos de la discriminación racial en los derechos de las mujeres afrodescendientes desde un enfoque interseccional (MESECVI, 2023).
Una propuesta metodológica para diseñar afrorreparaciones debe partir de las demandas de las propias comunidades, de sus valores culturales, epistémicos, espirituales, estéticos. Requiere reconocer que las mujeres afrodescendientes enfrentan una serie de obstáculos específicos para ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, acceder a servicios de salud de calidad, ejercer su derecho a una vida libre de violencia. En el Ecuador, según la CEPAL (2018), las mujeres indígenas y afroecuatorianas son quienes registran mayores niveles de victimización en comparación con mujeres que se autoidentifican como mestizas y blancas. Datos del INEC (2019) confirman esta tendencia: el 33,7% de las mujeres afrodescendientes ha sufrido violencia en el ámbito social (frente al 32,6% del total nacional), el 21,9% en el educativo (19,2% nacional) y el 21,4% en el laboral (20,1% nacional). Además, casi la mitad (49,2%) ha experimentado violencia gineco-obstétrica, una cifra superior al promedio nacional (47,5%) y solo superada por las mujeres indígenas (70,0%).
El diseño de las reparaciones implica que el estado ecuatoriano asuma públicamente que tiene una deuda histórica con el pueblo afrodescendiente. Requiere el compromiso de toda la institucionalidad estatal para formular y ejecutar políticas públicas dirigidas a luchar contra un imaginario racial que sigue jerarquizando las identidades, con base en la cultura, la religión, la geografía, el idioma. La Corte Constitucional del Ecuador ha cuestionado la práctica generalizada y sistemática del sistema de salud ecuatoriano de negar atención a mujeres racializadas en situación de movilidad humana. Sostiene la Corte que el derecho a la salud reproductiva de las mujeres tiene directa relación con sus derechos a la salud, vida e integridad personal. Que el Estado no cumpla con su deber de asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral, tiene graves consecuencias para el ejercicio de los derechos de las mujeres afrodescendientes.
Se trata, entonces, de promover la participación efectiva de las comunidades en la construcción de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar la violencia racial y de género, garantizar atención sanitaria integral, diseñar guías integrales de atención, aplicar protocolos específicos, resolver las carencias de la red pública de salud, asegurar un sistema de información sanitaria interconectado, poner en marcha planes de capacitación para el personal de salud sobre los derechos de la población afrodescendiente. Son las víctimas individuales, las comunidades, las organizaciones sociales, quienes deberán definir los tipos de reparación que demandan: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Por supuesto todo ello requiere contemplar un enfoque interseccional en la reparación. La noción de “interseccionalidad” en este contexto posibilita una crítica al análisis unidimensional de la desigualdad, para dar cuenta de cómo convergen las desigualdades sociales.
En el Ecuador, diversas organizaciones de mujeres afrodescendientes han liderado procesos de afrorreparaciones, articulando estrategias ético-políticas y comunitarias. La “Agenda Política de Mujeres Afroecuatorianas y Afrodescendientes 2022–2027” incluye ejes como “violencia de género y femicidios” y “salud, derechos sexuales, reproductivos y medicina ancestral”. El objetivo del eje de violencia es crear e implementar mecanismos para prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas y propender hacia la reducción y erradicación de esta problemática, mientras que el objetivo del eje de salud es asegurar una atención integral adecuada para la población afrodescendiente, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva y fortalecer la medicina ancestral.
Gooding-Williams, citado por Lao-Montes, considera que el diseño de las afrorreparaciones implica una “responsabilidad colectiva”. Esto significa que el Estado y sus instituciones deben asumir la responsabilidad central por las deudas históricas con la población afrodescendiente. Pero también implica que las víctimas y las comunidades afectadas participen de manera activa en el diseño de las medidas de reparación. Se requiere la asignación de recursos del presupuesto del Estado, porque sin recursos no es posible hablar de una verdadera política pública. Se podría pensar en la estructuración de fondos específicos para financiar los programas de reparación, tanto a nivel nacional como en el marco de los gobiernos autónomos descentralizados, sujetos al control social de las propias comunidades y de las organizaciones de mujeres. Asimismo, se requiere crear mecanismos de rendición de cuentas efectivos, que aseguren transparencia y que la reparación responda a las necesidades identificadas por las poblaciones afectadas. No hay que olvidar el potencial educativo, organizativo y político que conlleva el proceso de construcción participativa de las medidas de reparación.
Como dice Lao-Montes, las afrorreparaciones pueden verse como un modo de formular demandas para afrontar problemas inmediatos de desigualdad social y discriminación racial, pero también como una manera de enfrentar al Estado y revelar los límites del sistema a la hora de resolver estos problemas. De ahí la importancia de hacer exigencias de justicia reparativa para presionar al Estado y hacer implosionar el sistema.
Referencias
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018). Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). (2023). Recomendación General N.º 5: Violencia de género contra mujeres afrodescendientes.
Corte Constitucional del Ecuador (2019). Sentencia No. 904-12-JP/19: Negativa de atención en embarazo y violencia obstétrica.
Corte Constitucional del Ecuador (2021). Sentencia No. 983-18-JP/21: Derechos de los niñas, niños y adolescentes, y de las personas migrantes a la vida, la salud, la igualdad, la no devolución, la unidad familiar, y la tutela judicial efectiva.
INEC (2019). Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (ENVIGMU).
Lao-Montes, A. (2025). Sin justicia étnicorracial no hay paz: Las afrorreparaciones en perspectiva histórico mundial. En Seminario Virtual “Reparaciones históricas y desigualdades entrelazadas: Hacia la justicia reparativa y las afrorreparaciones” (Módulo 1: Introducción a la justicia reparativa étnico-racial). CLACSO.
Foto tomada de: https://acortar.link/jB9GVt
Doctora en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca. Obtuvo un Maestría en Género y Desarrollo en la misma universidad. Posee un Doctorado (Phd) en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue Directora del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, en Azuay, Cañar y Morona Santiago. Secretaria Ejecutiva del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca. Se desempeñó también como Jueza Provincial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Azuay. Laboró en el Municipio de Cuenca y en el Gobierno Provincial del Azuay. Autora de artículos y libros sobre derechos y género. Ha participado como ponente y coordinadora en seminarios nacionales e internacionales vinculados a su campo de estudio e investigación
