SEÑOR PRESIDENTE, SEA PIONERO NO IMPRUDENTE
Ángel Vera
El proyecto económico urgente enviado por el presidente Noboa a la Asamblea Nacional es, en lo fáctico, un tácito reconocimiento del Estado de que se encuentra en estado de guerra contra las bandas armadas de las mafias, guerra que va perdiendo, por lo que requiere de un marco legal que legitime lanzar contra ellas la fuerza y el poder militar.
Además de errores jurídicos por procedimientos legales o eventuales riesgos de violentar derechos humanos, el proyecto de Ley parte de una falsa concepción política para sustentar la teoría del gobierno que vivimos un “conflicto armado interno”, cuando lo que tenemos es que el poderío de feroces bandas delictivas tan grande, que desafía el poderío del Estado en armamento individual y en número de efectivos.
Lo más grave es que nuestras constitución y Leyes no han previsto cómo proceder ante este hecho y las convenciones internaciones contra el delito, tampoco, por lo que son insuficientes y limitan al Estado. Hace bien el gobierno en buscar una salida legal, pero equivoca el camino. Aquí algunas contradicciones:
Se reconoce a los integrantes de las mafias como combatientes, al amparo de los Protocolos Tres y Cuatro de los Convenios de Ginebra. Solo que estos convenios se refieren al trato a los prisioneros de guerra y a los actuantes en conflictos armados de un mismo país, es decir, guerras civiles, donde dos bandos, partidos o nacionalidades intentan tomar el poder; pero no es el caso de los gdo que, además, no quieren eso, sino el dinero propiedades de la población, aunque tengan poder para pujar con el Estado por el control de orden y territorios.
El riesgo es que al caer preso un GDO le diga al juez: “jefe, no soy delincuente sino prisionero de guerra, subordinado que actúo bajo amenaza de muerte desde que me reclutaron”, a lo que juez y fiscal estarán en calzas prietas.
Siendo legítima le preocupación gubernamental por la falta de normas contra este nivel de poder de las mafias, el riesgo es responder con la teoría jurídica del “Derecho Penal del Enemigo”. Enemigo será el presunto gdo o terrorista al que se le allana la casa sin orden judicial, se le detiene sin pruebas (las buscaremos después), se lo pone en riesgo de muerte, se lo tortura o desaparece, total nadie lo sentirá y la población como ha sido robada, vejada, secuestrada, amenazada, vacunada por las bandas lo tolerará y aplaudirá la represión. Peor aún si de entrada la persona, carro o casa del presunto gdo se declaran “objetivos militares legítimos”: fuego o palo contigo.
Este es el riesgo del proyecto de Ley de Noboa. Sin embargo, Señor Presidente, ante una realidad que no es solo nuestra, sino la vive Colombia, Haití, la han vivido El Salvador, Honduras… antes de meter la pata y torcer el Derecho, impulse con nuestros diplomáticos en los foros internaciones como ONU, OEA, UNDOC, una convención internacional que defina principios de procedimiento jurídico para este serio problema.
Por lo demás, el proyecto de Ley apenas toca dos puntos de temas económicos. Para atacar la economía de las bandas se debe, por ejemplo multiplicar la inteligencia financiera, enlazar su sistema informático con notarías y registros de propiedad para detectar despojos, pero nada se dice de eso. (O)
Foto tomada de https://n9.cl/wgo74u
