CAMBIOS DEMOCRÁTICOS DE LA CONSTITUCIÓN SI, REGRESIÓN DE DERECHOS NO
Carlos Castro Riera
Al parecer existe consenso político para hacer algunos cambios en la Constitución vigente, como por ejemplo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no existe consenso para que se convoque a una Asamblea Constituyente y para que los cambios sean retrógrados respecto de la democracia y regresivos de derechos y garantías.
Téngase presente que de conformidad con el segundo inciso del art. 101 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional “Cualquier proyecto normativo que tenga por objeto o efecto restringir el alcance de los derechos y garantías constitucionales fundamentales o modificar el régimen procedimental de reforma a la Constitución, sólo podrá tramitarse de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 444 de la Constitución, a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente”
La convocatoria a una Asamblea Constituyente, es inconveniente, dado que, luego de haber pasado por dos procesos electorales, se pretendería, en seguida, someter al país, a tres nuevos procesos eleccionarios, para instituir la Asamblea Constituyente: un primer proceso eleccionario de consulta popular para determinar la forma de elegir a los representantes a la Asamblea Constituyente y las reglas para dicha elección; un segundo proceso eleccionario, para elegir a los Constituyentes; y, un tercer proceso de referéndum, para aprobar (o no) la nueva Constitución.
Si se elige la vía de la enmienda constitucional o la vía de la reforma parcial, establecidas en los arts. 441 y 442, respectivamente, de la Constitución, habría que ver los cambios concretos que se proponen.
Sin embargo, de las declaraciones de algunos políticos, se trasluce que, se pretende utilizar algunos cambios necesarios que deben hacerse a la Constitución de Montecristi, para eliminar los avances democráticos de la misma o en su defecto sustituirle por una Constitución retrógrada que otorgue ventajas a las élites viejas y nuevas del poder y reforzar el modelo neoliberal y extractivista.
Estarían en la mira de algunos sectores políticos, recortar derechos y garantías, vaciar el contenido de los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, limitar las consultas populares, las consultas previa y ambiental, sustituir el régimen de desarrollo basado en los servicios públicos y la realización de derechos, la economía social y solidaria, los sectores estratégicos y las empresas públicas, por un régimen abiertamente neoliberal extractivista, suplantar las normas sobre biodiversidad, naturaleza, ambiente, patrimonio natural, los ecosistemas, recursos naturales, agua y suelo, con el objetivo de facilitar la explotación minera en cualquier lugar donde se encuentren los metales (oro, plata, cobre) y como yapa las tierras raras.
La estrategia para eliminar la Constitución de Montecristi o por lo menos sus contenidos democráticos, es enarbolar la lucha por la seguridad y contra la delincuencia, es decir, manipular el sentimiento de angustia del pueblo, y aprovechar para introducir los cambios que verdaderamente les interesa a ciertos sectores económicos y políticos.
Por lo tanto, los cambios que deberían introducirse en la Constitución, deberían ser los estrictamente los necesarios y resultado de una evaluación nacional objetiva con la mayor participación ciudadana. Es decir, tratar de lograr consensos, y de ninguna manera hacer un traje a la medida de tal o cual partido político.
Los interesados en convocar a una Asamblea Constituyente, deberían pensar muy bien si se lo hace o no, incluyendo el riesgo de alcanzar el resultado final, porque el pueblo ecuatoriano no aprobaría cualquier Constitución que implique un retroceso histórico. A lo mejor algunos sectores políticos esperan que el gobierno “meta la pata”, para revertir la correlación de fuerzas políticas.
Incluso, si se harían cambios democráticos a la Constitución vigente, contando con la evaluación participativa de la sociedad civil con miras a obtener los consensos necesarios, y, de procesarse los cambios propuestos, a través de los mecanismos de enmienda o reforma fijados por la misma Constitución y contando con la Asamblea Nacional, hasta se ahorrarían ingentes recursos económicos en medio de la crisis fiscal, pudiéndose conseguir el mismo fin, sin necesidad de convulsionar al país con una nueva Asamblea Constituyente cuya integración y comportamiento es imprevisible en una sociedad donde la correlación de fuerzas varía constantemente, por lo que, figurativamente, podría salir el “tiro por la culata”.
Portada: foto tomada de https://acortar.link/ggn82A
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
