SERVICIO PÚBLICO Y NEGOCIO PRIVADO
Uno de los comentarios más repetidos en esta crisis de provisión de energía eléctrica, es que, la misma se debe a la falta de participación del sector privado en la producción de energía. Revisando la historia de la dotación de energía eléctrica, en épocas pasadas empresas privadas nacionales y extranjeras prestaban este servicio en algunas ciudades y sin embargo existía déficit de provisión, no se diga en el área rural, hasta que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) asumió desarrolló la electrificación del país.
Antes del INECEL, en algunos centros parroquiales rurales, personas privadas daban este servicio con pequeñas plantas hidroeléctricas, y en varios centros cantonales, los municipios dotaron de electricidad a través de generadores termoeléctricos de limitada capacidad. En algunas haciendas se instalaron pequeñas unidades de generación hidroeléctrica, a la par que personas privadas y algunos comercios se proveían de energía eléctrica con motores generadores de electricidad, (llamados “motores de luz”).
El INECEL, creado en 1961, luego fue extinguido para dar paso al establecimiento de empresas con finalidad pública, provinciales y regionales, bajo la forma de sociedades anónimas, aunque con acciones provenientes del Estado, municipios y consejos provinciales, que luego fueron divididas en empresas generadoras y comercializadoras, todo con afán privatizador.
Por lo tanto, en el país y hasta la presente fecha, la iniciativa privada para la provisión de energía eléctrica para sus propias empresas privadas y para participar en la provisión del servicio público de electricidad a través de la red de distribución nacional estatal, no ha sido vedada.
En la Constitución de la República vigente, el sistema económico se integra con las formas de organización económica pública, privada, mixta y popular y solidaria, aunque en el caso de los sectores estratégicos –como la energía en todas sus formas–, el Estado se reserva el derecho de administrarlos, regularlos, controlarlos y gestionarlos, pero a su vez se contempla la posibilidad de delegar la participación en los referidos sectores y servicios públicos, a empresas mixtas en las que el Estado tenga la mayoría accionaria, y excepcionalmente a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.
Ya en el gobierno de Correa se reguló, en parte, la delegación y participación de las empresas privadas en los sectores estratégicos, y las asociaciones público-privadas; en el gobierno de Lasso se amplió la delegación a la iniciativa privada, a través de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, al posibilitar la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos a las empresas privadas nacionales o extranjeras.
En el gobierno de Noboa, se está ampliando aún más la delegación a la iniciativa privada, con el proyecto de Ley Orgánica para impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, cuyo objeto es promover soluciones económicas y de generación de energía renovable a fin de superar la crisis energética, optimizando el uso de recursos públicos asociados al sector eléctrico e incentivar la inversión privada priorizando la diversificación de la matriz energética.
Ahora bien, dada la realidad social de los países de América Latina, existe la necesidad de una intervención en mayor grado de los Estados en la economía y la responsabilidad en la provisión de los servicios públicos, lo que no impide que el sector privado pueda participar en la provisión de servicios públicos, incluido el de energía eléctrica, bajo los principios y reglas marco, establecidos en la Constitución y, sobre todo, hacerlo con espíritu de solidaridad social y no solo como un negocio privado más para la obtención de la máxima utilidad, lo cual no quiere decir que tanto el Estado como las empresas privadas, no tengan necesidad de considerar los costos de producción, mantenimiento, reposición y ampliación del servicio, y que concurran a la competitividad en el mercado para demostrar su calidad y eficiencia, y para ver si en la realidad se plasma aquello de que, ante la mayor oferta de servicio las tarifas bajan.
La solución de la crisis energética debe ser aprovechada para que, con criterios estrictamente técnicos, asumir las experiencias y sin anteponer dogmatismos, estatistas o privatizadores, reformar y rectificar los aspectos negativos y mantener lo positivo del sistema, sin que nadie pretenda aprovecharse de la situación de crisis para tratar de tener participación privada en el sector eléctrico pero en condiciones de tarifas de energía abusivas que solo tiendan a satisfacer intereses de lucro como si fuese cualquier negocio privado sin considerar las particularidades sociales de los servicios públicos, o sacrificar el interés público por priorizar el interés privado.
En la crisis energética existen corresponsabilidades de los gobiernos y de la sociedad civil, donde la corrupción tiene su sitial privilegiado, pero hay existe un problema de fondo, respecto del cual se mira para otro lado, como es el hecho de que, esta crisis si bien se expresa, fenoménicamente, como energética, sin embargo, en el fondo, es una crisis ambiental, esto es, resultado de toda la devastación de la naturaleza, frente a lo cual persiste la idiotez de persistir en proyectos mineros en las fuentes de agua.
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Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
