DIME DE QUE PRESUMES…
“Dime de que presumes y te diré de que careces”.
A propósito de cada personaje de medio pelo que está en la palestra pública, el refrán se ha vuelto una constante, lo recuerdo permanentemente, sobre todo cuando escucho día sí y otro también a individuos altamente cuestionados unos, procesados otros, llenarse la boca para hablar de su “honorabilidad”, para decir que están siendo perseguidos, que los ataques son fruto de una venganza…
Indigna que pésimos elementos sigan poniendo en entredicho a la Función Judicial, sembrando más y más dudas sobre los procesos de selección e incorporación de gente sin los requisitos de conocimientos, capacidades, idoneidad y probidad indispensables, no sólo para jueces, sino para otros cargos relevantes como dirigir la Escuela de la Función Judicial, en la que se supone se capacita a jueces y servidores judiciales.
No sé a dónde vamos a parar, dirían mis mayores. Casi cada día tenemos una nueva noticia criminis que involucra a servidores o ex servidores judiciales, así como a abogados, no por ejercer sus funciones o profesión como corresponde, sino por presuntos criminales, como se sigue develando en el caso Plaga, sin contar con Metástasis, Purga y otros más.
En entregas anteriores he confesado la vergüenza ajena que nos han provocado, abogados, jueces y autoridades, por su pernicioso accionar. La cosa no cambia, al contrario, sólo hace falta escarbar un poco y siguen asomando los hilos de la telaraña o las tramas de corrupción en la justicia.
Las investigaciones en proceso y las nuevas que ha abierto la Fiscalía, deberán poner las cosas en su sitio, finalmente sabremos quién es quién, los nexos, los favores realizados y pagados, el precio que se puso a las sentencias y providencias, los operadores mafiosos, los delincuentes beneficiados, varios tendrán que tragarse sus palabras, cuando las evidencias y las pruebas muestren que mintieron.
De ser una patraña lo que Michael Hernández ha relatado en su testimonio anticipado, Saquicela y Córdova por ejemplo, deberían haber presentado a la opinión pública, al menos las pruebas de que pagaron con sus recursos el viaje a Veracruz – México, para recibir el palanqueado honoris causa, más allá de que ese y otros temas deban ventilarse en los procesos o investigaciones incoadas. No cabe el silencio, pues no están nombrados a título personal sino por ser y haber sido jueces nacionales, entonces tienen la obligación ética de probar ante la ciudadanía que no es verdad lo que se les imputa, no lo han hecho, para hoy es tarde, la duda y casi la certeza de su mal proceder está instalada.
Más temprano que tarde, se develará el origen de los bienes de los involucrados en las tramas de corrupción, a priori y con operaciones de matemática básica, algunitos no van a poder justificarlos, veremos entonces si hacen lo suyo los órganos de control; y, si por fin modifican los procedimientos, pues de nada sirve que se exijan declaraciones juramentadas de bienes, si la Contraloría no hace un seguimiento para verificar que los incrementos patrimoniales se corresponden con recursos de origen lícito, o sí más bien esos, los viajes y más lujos que se dan los dizque “servidores públicos” se pagan con plata mal habida, en cuyo caso deberían existir procedimientos expeditos que permitan la recuperación y/o la confiscación.
Preocupa que tanto acto de corrupción y tanto corrupto, deje de provocar rechazo, la sorpresa ya no existe; preocupa también que cada vez hayan menos jueces probos; preocupa que los buenos no quieran –como no quieren- ser parte de instituciones desprestigiadas o participar en concursos y procesos de selección manejados por individuos con vínculos políticos, intereses económicos o incluso mafiosos; preocupa que con el paso del tiempo sea cada vez más difícil el rescate de la justicia y por ende del país.
Portada: imagen tomada de expreso.ec
Mujer estudiosa y analítica, lectora atenta y escritora novel. Doctora en Jurisprudencia y Abogada – Universidad de Cuenca, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud – Universidad de Barcelona, Diplomado Superior en Economía de la Salud y Gestión de la Reforma – Universidad Central del Ecuador. Docente de maestría en temas de políticas públicas y legislación sanitaria –Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en el área de vinculación con la sociedad, legislación relacionada con el adulto mayor – Universidad del Adulto Mayor. Profesional con amplia experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en los ámbitos de legislación, normativa y gestión pública.
