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LA PROPUESTA DEL MOVIMIENTO INDIGENA: LA CONSULTA PREVIA LIBRE Y CONSENTIMIENTO

El pasado dos de julio la CONAIE con todas sus estructuras organizativas presentó una propuesta de la Ley de consulta previa libre, informada y con consentimiento, trabajada en forma colectiva desde años atrás con las comunidades y nacionalidades. Se socializó en tres encuentros regionales entre mayo y junio del presente año, en el sentido que todos los derechos deben ser regulados por una ley, no como un mero procedimiento, sino con respeto a las decisiones de las comunidades.

La Constitución en su artículo primero afirma que el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural y de derechos. El Estado plurinacional implica el reconocimiento de diferentes pueblos, nacionalidades y comunidades que conviven en el Ecuador como sujetos de derechos y como tal reconoce el derecho a la autodeterminación (Art. 57). La autodeterminación es la capacidad de autogobernarse, de tener sus propias autoridades, sus normas, sus formas de vida y conocimientos, pero no significa que funcionen separados de las instituciones del Estado (Llasag, 2024).

Este derecho permite decidir la forma de gobierno, economía, educación, política, la concepción de vida y territorio y las normas para manejarse dentro de esos territorios. Entonces el Estado reconoce que los pueblos participan en todos los aspectos de la vida del estado ecuatoriano. Sin embargo, esto no se ha logrado, seguimos funcionando con un estado colonial que lo arrastramos hasta hoy, en el que el uno es superior-conocedor y el otro es inferior-ignorante, lo cual debe superarse para entablar el diálogo; también en las comunidades se sigue creyendo que el Estado tiene que normar la vida de las comunidades.

El derecho de consulta nació con el Convención 169 de la OIT que está constituida por un representante del Estado, de los trabajadores y de los empresarios. Esta convención establece que la finalidad de la consulta es el consentimiento. Este derecho es como legitimar un sistema capitalista extractivista frente a los pueblos indígenas, porque la consulta se reduce solo a la información. Además, las consultas no eran libres sino impuestas desde afuera o manipulada para sostener que los pueblos y comunidades habían sido consultados, cuando en realidad no era cierto, habían logrado una simple información bajo engaños y amenazas (Llasag y Castro, 2024). 

Por estas situaciones y la lucha de los pueblos originarios, luego fue ampliado con la Declaración de Derechos de los pueblos indígenas (año 2007) y la Declaración Americana de Derechos (2016). En estos instrumentos internacionales se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada; esto quiere decir que no se puede adoptar una medida sin que exista una decisión de los pueblos y nacionalidades en el ejercicio de su autodeterminación.

¿Qué significa la consulta previa libre e informada?

La consulta es un derecho colectivo reconocido en la Constitución 2008 y los instrumentos internacionales, es un derecho ganado y no regalado, surgido de la lucha histórica milenaria de los pueblos originarios. Los diferentes estados y organismos han entendido que desde la invasión han afectado los modos de vida, sus territorios y conocimientos y, por tanto, los pueblos nativos merecen un grado de consideración. En el Ecuador, con el levantamiento de 1990 se consideró como sujetos de derechos y se ha construido un proyecto plurinacional.

La consulta es un procedimiento de acercamiento del Estado a las nacionalidades y si se afecta alguno de los derechos colectivos como el derecho al territorio, la cultura, la lengua, los conocimientos y formas de ejercer autoridad (Art. 57) el Estado tiene la obligación de protegerlos (Felipe Castro, 25 de junio 2024). Los pueblos tienen derecho al territorio y dentro de este, la capacidad de decidir las actividades a desarrollar y cuando se afecten sus derechos tienen la capacidad de decidir, de autorizar o no.

El concepto “libre” implica que la decisión no es impuesta, sino que se va construyendo en forma colectiva mediante el diálogo, entendiendo paso a paso los parámetros que plantea la consulta.

Tiene que ser “previa” o anterior a cualquier situación, es decir antes de que se realice una concesión del Estado o se tomen decisiones administrativas que vulneren derechos de las comunidades. “Informada” tiene que ver con la idea que los indígenas tienen que tener toda la información, incluido todos los efectos sociales, culturales y económicos que puedan derivarse de estos proyectos y que afectan a su territorio, a su cultural, a su espiritualidad, a su salud, a su economía y política de esa nacionalidad. Tienen que llegar a la comunidad para que ellos decidan si consienten o no la actividad de alguna institución.

El consentimiento es la capacidad de autodeterminarse. No obstante, las nacionalidades y comunidades han sido manipulados desde el poder, en lugar que la consulta sea libre, previa, esta se utiliza como un mecanismo de legitimación de un sistema capitalista extractivista para destruir los territorios, la cultura y los conocimientos y saberes.

La autodeterminación es la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin que exista imposición de algún tipo. Significa que tiene que haber una nueva forma de convivencia entre las instituciones del Estado y los pueblos y nacionalidades. Si los pueblos y nacionalidades tienen derecho a la autodeterminación, estos deben tener normas internas que regulen su relación con las instituciones del Estado y las empresas privadas, las cuales no podrán entrar en sus territorios sin pedir permiso, tienen que respetar la autonomía de vida de los pueblos y nacionalidades (Castro, Llasag, Iturralde, 2024).

Muchos proyectos y concesiones en Ecuador se han dado sin consulta a los pueblos y nacionalidades. Los gobiernos implementan políticas con decisiones de ciertos grupos olvidándose de los derechos de los pueblos a la consulta previa, y cuya consecuencia la sido la conflictividad.

La presente propuesta de ley de consulta nacida de las organizaciones, de los gobiernos comunitarios con la participación de toda la gente, pretende establecer mecanismos para regular la acción del Estado e impedir que haya manipulaciones.

Los temas principales del proyecto de ley son la consulta previa, libre, informada y con consentimiento, como un derecho; la autodeterminación, como capacidad para el desarrollo de los derechos colectivos. Desarrolla los aspectos que se puede consultar, es decir toda actuación del Estado que va a tener impacto a corto, mediano y largo plazo en la vida de los pueblos. Asimismo, se señalan los mecanismos para que el Estado inicie los procesos de consulta, y luego de agotar las consultas, pueda tomar las decisiones.

Se considera que lo público y lo privado esté protegido, que el interés económico privado no se imponga sobre los intereses públicos; de esta forma se evitará que cualquier empresa divida a las comunidades, se compre a dirigentes como ha ocurrido hasta ahora. Las empresas tienen que cumplir y respetar la Constitución y los derechos colectivos de los pueblos. Por otro lado, en esta Ley se está pidiendo que tenga el carácter de vinculante.

El espíritu central de esta Ley es superar ese pasado histórico colonial que nos ha hecho creer que los pueblos y nacionalidades somos incapaces. Somos capaces como todo ser humano con características y conocimientos distintos. Una cuestión fundamental de esta propuesta es lograr el consentimiento proveyendo toda la información para que los pueblos puedan llegar a tomar sus decisiones. Es una herramienta para proteger los derechos y frenar los abusos del poder.

¿Cómo garantizamos que ese proyecto político se pueda cumplir y qué impacto va a tener?

Esta propuesta de la ley garantiza, en el fondo, que nosotros podamos entendernos en esa diversidad, y cómo encontrarnos en esa diferencia. La consulta es una herramienta que permite encontrarnos en esa diversidad y poder construir el Estado plurinacional. Sin embargo, siempre se generan trabas para que no se cumplan los derechos y se aprueben leyes a favor del pueblo. Las leyes son cambiadas, invertidas, archivadas en la Asamblea Nacional o vetados por el presidente de la República. Un problema grave es que no hay un Estado plurinacional, no tenemos una Asamblea intercultural. Es decir, que las personas indígenas y no indígenas tengan la capacidad de entender otras formas de conocimientos y en función de eso resolver los problemas de país, y por eso cualquier propuesta de las nacionalidades no pasa.

Una institución intercultural en el marco del Estado plurinacional no es que un indígena ocupe cargos en las instituciones para legitimar ese estado dominante monocultural, o que acudan los indígenas a pedir apoyo a proyectos y registrar sus directivas, o tener una salud intercultural con sus parteras o un fiscal indígena. Eso no es intercultural. Tanto el médico titulado doctor y el médico tradicional, los dos tienen conocimientos, pero al mismo tiempo tienen ignorancias. Entonces, la “interculturalidad implica que las dos medicinas entren a co-aprenderse mutuamente de los dos conocimientos. En el mundo intercultural nadie es dios, todos somos ignorantes y todos somos sabios” (Llasag).  Es eliminar esa tara colonial que los indígenas somos inferiores y creer que el conocimiento viene de occidente.

Las instituciones públicas imponen una forma de ver el mundo, una forma de conocimientos; la academia y las universidades nos imponen un conocimiento, no hay la idea ni voluntad de co-aprender de los diferentes conocimientos, en todos los ámbitos. Por tanto, para la interculturalidad y plurinacionalidad urge transformar las mentes para que surja una nueva consciencia, y eso implica cambiar la educación, la forma de relacionamiento de la sociedad, del Estado y sus instituciones con las nacionalidades.  Al ocurrir esto, tendremos otro modelo de país, de desarrollo, que se tome en cuenta los diferentes modelos de desarrollo económico que hay en el Ecuador y el mundo.

Pero, para ello hace falta humanizarnos porque todo este sistema capitalista mundial nos ha deshumanizado. Esto implica un trabajo fuerte para hacer cambios estructurales en los modelos educativos, en la casa, en la academia. Solo así, no habrá intereses monopólicos al gobernar, sumiendo en hambre, miseria y genocidio a los pueblos y naciones.

Como impacto, la ley de consulta podría ser una herramienta para que el Estado inicie la construcción de la plurinacionalidad, la paz y cese de violencias. Si no se toma en cuenta a los pueblos y nacionalidades los conflictos continuarán. Si el Estado considera los reclamos de los pueblos y nacionalidades beneficiará a toda la sociedad, porque se defenderán los recursos naturales, a la Madre Tierra y se actuará frente al cambio climático. Se puede encontrar un espacio de encuentro y armonía entre todos los sectores, y fundamentalmente es una garantía para construir una idea de país plurinacional y será un paso histórico para el Ecuador.

A nivel de las comunidades esta ley de consulta va a fortalecer los procesos organizacionales y la toma de decisiones consensuadas, para plantear las posiciones frente a procesos de consulta. También evitar que exista cualquier influencia en la toma de decisiones, hacer que las decisiones siempre pasen por las comunidades. El Estado al hacer la consulta tiene la posibilidad  de escuchar y respetar las ideas y aportes de los pueblos porque  ellos tienen una gran sabiduría y conocimientos para contribuir al desarrollo de país.

En ejercicio de la autodeterminación, las comunidades tenemos que empezar a construir normas de consultar y de regular la vida en nuestras comunidades y hacer que el estado realice consultas respetando nuestros derechos colectivos. Para que el Estado no manipule tenemos que fortalecer las organizaciones por cuanto el Estado ha utilizado mecanismos para quebrar organizaciones e inclusive la religión también ha creado conflictos de división. 

El hecho de que los pueblos y nacionalidades tenemos la capacidad de hacer nuestras propias normas y participemos en igualdad de condiciones a nivel de legisladores exige que tengamos organizaciones fuertes que vayan de la reflexión a la acción. Las propuestas no sirven si no van acompañados por el apoyo de los pueblos y nacionalidades. Toda intención quedará en letra muerta sino no hay una concienciación de estos derechos por parte de las comunidades y también se requiere concientizar a la ciudadanía para  unirnos  y apoyarnos en el ejercicio de nuestros derechos.