SITUACIÓN POLÍTICA AL SEMESTRE DE GOBIERNO
1.- Desgaste del gobierno
A los seis meses de gobierno del presidente Noboa, las expectativas positivas de la ciudadanía respecto de este régimen se han debilitado, (caída del 70% al 58% de aceptación) , no solo por el desgaste político normal del ejercicio del poder, sino por el incumplimiento de las ofertas electorales y la ejecución de las mismas políticas neoliberales de los anteriores gobiernos. La novedad política que representó Daniel Noboa en las elecciones de octubre 2023 va erosionándose, en la medida que, el joven presidente ejecuta en la práctica, viejas políticas oligárquicas.
2.- Resultados de la Consulta Popular y perspectiva electoral
La situación del gobierno ya se evidenció, en los resultados de la consulta popular del 21 de abril del 2024, en la que, si bien el pueblo apoyó las propuestas de reforzamiento de la seguridad frente a la delincuencia (9 de las 11 preguntas), sin embargo, rechazó las preguntas relacionadas con el arbitraje internacional y el trabajo por horas (preguntas D y E) que tienen un perfil neoliberal.
La consulta fortaleció un Estado militar y policial para la lucha contra la delincuencia, pero que, no tardó en utilizare para reprimir a los defensores del agua, el ambiente y la naturaleza en la resistencia frente al proyecto minero de la empresa Atico Mining en la parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos, Cotopaxi, acusándoles de “terroristas” a más de 70 campesinos del sector, aunque hay que precisar que el fortalecimiento del Estado militarista (un nuevo “Leviatán”) fue gestándose con todas las reformas a las leyes penales, policiales y militares en nombre de la seguridad.
A pesar de los resultados divididos de la Consulta Popular, el gobierno continúa con una buena opción para las elecciones presidenciales de febrero del 2025, pero existen problemas pendientes graves de resolver, que podrían disminuir sus posibilidades de éxito en las elecciones. Al momento, el gobierno, tiene un importante índice de aceptación, por el enfrentamiento militar a la delincuencia, que genera una percepción positiva de la población, pero crece la convicción de que los problemas de la delincuencia requieren una política integral más allá de la llamada guerra interna contra el terrorismo.
3.- Carácter del gobierno
Sin embargo, el tema de la inseguridad, no ha podido ocultar el hecho de que la política económica del gobierno nacional sirve a los negocios de círculos oligárquicos, incluidos los del grupo económico Noboa, los intereses de las transnacionales mineras y del capital financiero, política elitista que incluye a los sectores de la agroexportación, agroindustria, construcción y negocios inmobiliarios, minería metálica, turismo y el sector bancario y financiero, mientras que excluye y abandona a su suerte, a los artesanos, indígenas, campesinos, pequeños y medianos productores, y trabajadores para quienes hay más precariedad laboral.
Los negocios que se impulsan desde el poder político incorporan a sectores económicos vinculados a diversos partidos y movimientos políticos como el PSC, CREO, RC5 de manera que el gobierno expresa a un amplio espectro de poderosas fuerzas económicas, lo que no impide que tengan pugnas por la captación de recursos, el modelo de acumulación y disputas por la representación política específica, más aún cuando se acercan las elecciones presidenciales.
4.- Representación política y fuerzas económicas
En función de estas relaciones económicas y políticas, no es extraño que se operen cambios tanto al interior del equipo de gobierno nacional, como de la Asamblea Nacional, y que se conformen mayorías móviles y transitorias, como la “alianza para la gobernabilidad” entre las bancadas de ADN, RC5 y PSC o la actual alianza entre las bancadas de RC5, PSC y CONSTRUYE marcada por una cierta oposición al gobierno, hasta hablarse de una nueva pugna de poderes, aunque hay posiciones muy matizadas al interior del actual “bloque de oposición” de la Asamblea, que se irá modificando conforme avancen las alianzas que se pacten para las elecciones presidenciales.
Estas alianzas y contradicciones transitorias y parciales, entre las fuerzas políticas y económicas, se explican porque las relaciones políticas en el país son tan abigarradas, como lo son también, hasta familiarmente, los vínculos entre los sectores económicos ligados a la tierra, industria, comercio (importación y exportación), construcción, minería y banca, de manera que no existe una representatividad política partidaria específica que corresponda exclusivamente a tal o cual sector económico.
5.- Bloque político de la delincuencia organizada
En este escenario económico y político, se hace presente un nuevo actor político, como es la delincuencia organizada y las mafias del narcotráfico, al punto de haber constituido un bloque político representativo de sus intereses, cuyos tentáculos penetran a diversas fuerzas políticas, bloque político que ha impulsado actuaciones cínicas, desvergonzadas y públicas de defensa de delincuentes de conocida trayectoria criminal, o vinculados a grupos mafiosos o simplemente delincuentes disfrazados de políticos.
Precisamente, los últimos casos investigados por la Fiscalía General del Estado revela la estructuración y funcionamiento de un bloque político de la delincuencia organizada con estrategias y objetivos bien trazados en relación con las diferentes funciones del Estado, los GAD y otras instituciones públicas, llegando incluso a contaminar a ciertos miembros de la fuerza pública. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción, inseguridad y violencia, no pude limitarse a desmontar las estructuras criminales en la sociedad civil, sino el bloque político del crimen organizado que actúa en el sistema político, a lo que debe sumarse la coordinación y colaboración internacional para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional.
6.- Influencia de la geopolítica global y regional
Ahora bien, este escenario político, no está desligado de la situación geopolítica global y regional, y por ello el problema suscitado a raíz de la incursión del Ecuador en la embajada de México para capturar a Jorge Glas, sobre quien recaía dos sentencias ejecutoriadas, caso “Odebrecht “(diciembre del 2027), caso “Sobornos” (abril del 2020); y, una nueva orden de prisión (enero del 2024) caso “Reconstrucción de Manabí”, y, los acontecimientos posteriores, hay que entenderlo en el contexto del alineamiento político no solo de los gobiernos latinoamericanos, sino también de las relaciones del crimen organizado transnacional y las situaciones políticas internas de Ecuador y México.
En efecto, el gobierno de México tiene una línea política internacional identificada con países y fuerzas políticas más autónomas del bloque geopolítico liderado por EE. UU, mientras el gobierno de Ecuador tiene una posición distinta, incluso inspirada en la orientación política de Milei y Bukele.
7.- Escollos a las expectativas electorales
Todos estos elementos de la coyuntura nacional e internacional, pesan en la situación interna del país, que se apresta a un proceso electoral para elegir presidente y vicepresidente de la república, miembros de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Andino.
8.- Reemplazo del presidente Daniel Noboa
El primer escollo que enfrenta el presiente Noboa, es la sustitución en el cargo, para terciar en las elecciones presidenciales, por la desconfianza que tiene a la vicepresidente Verónica Abad.
Respecto de la sucesión del presidente y vicepresidente de la república los arts. 146 y 150 de la Constitución establecen que:
- En caso de ausencia temporal del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un período máximo de 3 meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional (AN).
- En caso de falta definitiva del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente por el tiempo que reste para completar el período presidencial.
- Ante falta simultánea y definitiva del Presidente y Vicepresidente, el Presidente de la AN asumirá temporalmente la Presidencia, y en el término de 48 horas, el CNE convocará a elección para dichos cargos. Quienes resulten elegidos ejercerán sus funciones hasta completar el período. En el caso de que faltare un año o menos, el Presidente de la AN asumirá la Presidencia de la República por el resto del período.
- En caso de ausencia temporal del vicepresidente de la República, le reemplazará al ministro de Estado designado por el Presidente. Serán causas de ausencia temporal del vicepresidente las mismas determinadas para el Presidente.
- En caso de falta definitiva del Vicepresidente de la República, la AN, con el voto de la mayoría, elegirá su reemplazo de una terna presentada por el Presidente de la República, quien ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el período. Si la AN omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna.
Se debe precisar que la SENTENCIA Nro. 002-10-SIC-CC 09/09/2010 de la Corte Constitucional, se refiere al periodo imputable para considerarse como reelección, y no puede manipularse para resolver el problema referido. Dicha sentencia en la parte pertinente dice:
“1. Al tenor literal de lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución de la República, las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo, y aquellas autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan.; 2. Para el caso de los artículos 130 y 148 de la Constitución, las elecciones tanto legislativas como presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral, se entenderá que son para completar el resto de los respectivos períodos sin que pueda entenderse que se trata de un nuevo período regular imputable para el caso de la reelección.; 3. Para el supuesto previsto en el artículo 146 de la Constitución, es decir, para la sucesión presidencial, en caso de ausencia temporal del Presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia, y en caso de ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia de la República por el tiempo que reste para completar el correspondiente período presidencial, sin que pueda entenderse, al igual que en el caso del numeral anterior, que se trata de un período regular computable para la reelección”.
A la fecha no existen las condiciones para que el presidente Noboa pueda designar a un ministro para que lo reemplace en el cargo si opta para terciar en las elecciones presidenciales, en cuyo caso la vicepresidente Verónica Abad debería reemplazarlo en el cargo, situación que se podría aprovechar para favorecer intereses del correísmo relacionados con las sentencias que pesan en contra de Correa y Glas. Pero a su vez, una maniobra inconstitucional del régimen para separar a la vicepresidente de la sucesión presidencial, podría terminar desgastándole agudamente.
Al momento avanza una investigación penal en contra del hijo de la Vicepresidente que se ha hecho extensiva a la propia Vicepresidente de la República, por supuesto delito de concusión, cuyo desenlace podría apuntar a crear las condiciones para alejarla del poder.
9.- Liberación de los precios de los combustibles
El segundo escollo que deberá resolver el presidente Noboa se relaciona con la liberación de los precios de los combustibles para cumplir con una de las condiciones establecidas por el FMI para hacer efectivo el nuevo crédito por USD 4.000 millones, de los cuales ya recibió los primero USD 1.000 millones.
Es programa crediticio del FMI tiene una duración de 48 meses, en el que el gobierno se compromete a cumplir algunas metas con las que se espera lograr cuentas públicas con menor déficit fiscal.
Según el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega, el Estado gasto USD 3.200 millones en el año 2023 para subsidiar combustibles, y de los USD 3.092, 5 millones que el gobierno preveía en el 2024 gastar en subsidios, USD 631 millones, es decir, el 20.4 % corresponde al subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís.
En el documento del acuerdo con el FMI, el Gobierno detalla que se espera que, con medidas como la eliminación de subsidios y el incremento de la producción petrolera, los ingresos del Estado aumenten USD 831 millones o 0,7% del PIB en 2024, y hasta el 2028, proyectándose que, con esas medidas, los ingresos del Estado aumenten en 1,7% del PIB; esto es, alrededor de USD 2.000 millones.
El gobierno de Noboa para la liberalización de los precios de los combustibles habla de compensaciones a taxis, camionetas, tricimotos y motores fuera de borda, para evitar el doble precio de combustibles que puede generar distorsiones, en tanto que la CONAIE rechaza liberar los precios de las gasolinas en vez de focalizarlos y propone quitar subsidios a industrias y mineras para recaudar USD 1.250 millones. Actualmente el subsidio al galón de gasolina Extra es de USD 0.59 y al galón de Ecopais USD 0.80.
En cualquier caso, una elevación de los precios de los combustibles afectaría el costo de la vida de la gran mayoría de los habitantes y sería un factor inflacionario que impactaría en la economía popular, ya de por si deteriorada, por lo que se desatarían protestas populares de grandes dimensiones, que afectarían finalmente el capital político del gobierno.
10.- Explotación de minería metálica
El tercer escollo que debe afrontar el régimen de Noboa, es la decisión de impulsar la minería metálica, incluyendo los ecosistemas frágiles, como los páramos, humedales, bosques y vegetación protectores, o en zonas de recarga hídrica o fuentes de agua que sirven a comunidades, poblados y ciudades, peor aún en circunstancias que se violan los procesos de la consulta previa, libre e informada, consulta ambiental, o consultas populares como las de Cuenca, Girón, Yasuní y otras.
Múltiples investigaciones han revelado que los ingresos fiscales por minería metálica en relación a los pasivos ambientales, no amerita seguir en este modelo, peor cuando hay afectaciones a perpetuidad en las que están de por medio fuentes de agua que sirven a la población.
El problema se agrava con la contratación por parte de los concesionarios mineros de grupos paramilitares o bandas armadas, para proteger sus explotaciones y que luego se transforman en mineros ilegales que reciben el impulso de los capitales mafiosos que pasan a controlar esas explotaciones mineras, llegándose a observar que en los hechos, se conforman alianzas entre los grupos mineros ilegales y los que obtienen concesiones mineras, respecto de lo cual hay omisión o debilidad del control del Estado a pesar de que se conoce muy bien los lugares de explotaciones mineras ilegales o zonas mineras controladas por la delincuencia organizada y las mafias del narcotráfico.
Frente a este modelo extractivista minero, que afecta la vida y la subsistencia misma de los habitantes, y el irrespeto a la Constitución y las leyes, es legítimo el derecho de resistencia y otras formas de manifestación pacífica de los ciudadanos para ser escuchados por el poder que desborda el ordenamiento jurídico.
Las manifestaciones de las comunidades rurales y urbanas afectadas por proyectos mineros, al estar vinculadas a la defesa de las fuentes de agua que hacen posible su subsistencia, es imposible de detener, ya que es la vida de los habitantes o el interés de lucro de las transnacionales. Por ello las protestas por la defensa del agua, el ambiente y la naturaleza conllevan la erosión del gobierno de turno, que además debe aclarar las sospechas de intereses mineros en el propio grupo económico del cual proviene el presidente.
Por otra parte, en la medida que el gobierno nacional manipule la lucha contra la delincuencia y sus formas terroristas, y la extienda a la lucha social ambientalista, el desgaste del gobierno será mayor y correrá el riesgo que se erosione y deslegitime las intervenciones militares y policiales, con lo que se afectarpia la propia seguridad del país, es decir se prostituirá la lucha contra la inseguridad y la violencia.
11.- Criminalidad
Dado el objeto del presente artículo, no se puede agotar el análisis de todas las dificultades que tiene que afrontar el gobierno de Noboa en forma previa a las elecciones de febrero del 2025, pero si cabe hacer una breve alusión a determinados problemas que pueden incidir en los resultados electorales, como es la evolución de la criminalidad en el país.
En efecto, hasta el momento, el enfrentamiento militar a la delincuencia desde el control de las cárceles hasta los diversos territorios, ha tenido cierto éxito y el gobierno ha obtenido réditos políticos, pero el enfrentamiento a la delincuencia pasa por implementar políticas que tienen como perspectiva erradicar las estructuras que generan pobreza, marginalidad y exclusión, lo que demanda enorme sensibilidad social, visión humanística social y por supuesto recursos económicos y financieros, pero desgraciadamente estos son elementos reñidos con el modelo neoliberal, elitista, aristocrático y oligárquico del gobierno.
Por lo tanto, el incremento o decremento de los índices de delincuencia, manejados con objetividad y no con la perversa posverdad, incidirá decisivamente en el éxito electoral del 2025.
Sin embargo, a pesar de todas los escollos señalados, a juzgar por la correlación de fuerzas políticas, el presidente Noboa se presenta como una opción de consenso de viejos y nuevos sectores oligárquicos del país con su decisión de empujar un neoliberalismo de orientación al estilo Milei y un ejercicio de poder al estilo Bukele, lo cual determina que se formen otras propuestas alternativas con diversos matices, unas inclusive que ya estuvieron en el ejercicio del poder, de tal manera que hay un espacio en disputa de representación política por parte de varios partidos y movimientos políticos, así como grupos o colectivos políticos.
12.- Perspectivas de aglutinación electoral
Tal parece que, en el escenario político electoral del 2025, se repetirá y quizás se ampliará aún más la dispersión política, de tal manera que se podría tener una papeleta electoral muy larga para la presidencia de la república, con la pretensión de negociaciones políticas para el apoyo en la segunda vuelta electoral.
El gobierno de Noboa se jugaría la carta de pretender convertirse en un polo político de concentración de la ultraderecha neoliberal oligárquica, mientras que el PSC intentará desmarcarse de su ex aliado Noboa y presentaría una candidatura propia, al igual que el movimiento político RC5, que buscaría una persona que le pueda refrescar su rostro y le posible un acercamiento al movimiento indígena. Así quedaría conformado el espectro de las fuerzas de la derecha y el neopopulismo.
Otras agrupaciones políticas y movimientos sociales, podrían conformar otro polo de concentración política, que podría constituirse en la medida que logre la confluencia de sectores social ambientalistas, indígenas, campesinos, pequeños y medianos productores rurales, afiliados activos y jubilados del IESS, organizaciones de regantes, colectivos de montubios, pueblos originarios de las diferentes regiones, empleados públicos, sectores sindicales, organizaciones juveniles y femeninas, emprendedores de la economía social y solidaria, gremios de profesionales, grupos culturales, grupos de investigación e intelectuales, profesores de diversos niveles educativos, choferes y transportistas, pequeños y medianos industriales urbanos y rurales y sectores empresariales vinculados al mercado nacional. Ideológicamente constituirán un espectro de fuerzas democráticas, colectivos de izquierda, socialdemócratas, feministas, ecologistas, y grupos democráticos antifascistas, que enarbolen la lucha por la paz, justicia social, justicia ecológica y la ética fundada en la democracia y el bien común con propuestas alternativas frente el narcotráfico.
Portada: foto tomada de ecuador221.com.ec
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
