LA PESADILLA DE UN PUEBLO QUE SUEÑA CON LA PAZ
Hanna Arendt plantea que la violencia aparece cuando el poder está en riesgo. En Ecuador vivimos un momento de profunda violencia, cuyo origen es, sin duda, la debilidad e incluso la apertura del Estado a actividades ilícitas y a la corrupción que han debilitamiento su poder institucional. Las situaciones de terror abonan sobre los imaginarios extremos y la demanda de iniciativas como la pena de muerte, el derecho a portar armas o incluso la organización de autodefensas. Es ovio que necesitamos respuestas concretas para hoy, y por eso todo el país apoya las medidas de control aplicadas por el gobierno. Sin embargo, también es ovio que existe una infiltración del crimen organizado en el mismo Estado. Ecuador, en los últimos años ha estado sometido a mafias no solo del narcotráfico, también de corporaciones mercantilistas que buscan apoderarse de nuestros recursos naturales y que han logrado penetrar en la administración de algunas instituciones, lo que se conoce como la captura del Estado.
Esta guerra declarada por el gobierno no puede ser únicamente una lucha en contra de los carteles de la droga, sino una autodepuración pues muchos miembros de los carteles están dentro del Estado, situación propia del crimen organizado internacional. Existe una colusión de actores criminales, estatales y también de la economía privada, de ahí que, a más de la declaración de guerra a la narcodelincuencia, es imperativo recuperar aduanas y fronteras por donde ingresan las armas, puertos y aeropuertos por donde sale la droga, limpiar la administración de justicia y del sistema carcelario tomados por la corrupción, depurar las fuerzas del orden que como ya se ha dicho están integradas por narcogenerales. Es obligatorio comenzar casa adentro eliminando los vínculos de la mafia con los actores institucionales.
Si miramos la espiral de la violencia de los últimos años, constataremos que ya no solo hay una confrontación entre bandas por el control de territorios o que hay conflictos violentos al interior de las cárceles; poco a poco están amenazadas la vida de abogados, políticos, periodistas, investigadores, así como también de líderes, ambientalistas, sociales y comunitarios. Esta situación es muy peligrosa ya que existe la posibilidad de utilizar la coyuntura para implementar un manejo autoritario que comienza con el estado de excepción, avanza con la militarización de la sociedad, la invitación a fuerzas represivas internacionales y otras estrategias de seguridad e inteligencia cuyo propósito no es únicamente luchar contra el crimen organizado sino contra la sociedad organizada. El mentado Plan Félix, de opacidad notoria, porque nadie lo ha explicado con claridad, podría responder a esta lógica necesaria para implementar medidas económicas de corte neoliberal en la línea de la gestión del gobierno como son el TLC con China o el intento de precarizar el empleo.
Normalizar la acción de las fuerzas armadas, bajo el argumento de enfrentar a los narcos, usando técnicas de lo que Dawn Palley llama “guerra neoliberal” es decir de control territorial, puede permitir el uso indiscriminado de la fuerza para reprimir toda manifestación de descontento bajo el discurso de la “securitización” cuyo propósito es neutralizar la indignación social. Esperemos que este escenario implementado para enfrentar a las bandas delincuenciales, no sea una estrategia para poner a la población bajo la violencia de las fuerzas represivas y facilitar así que las mafias corporativas internacionales tengan un país controlado para que sus aliados nacionales puedan ejercer su poder en un país destrozado y en ruinas, lo que permite repartirlo con mayor facilidad.
Por su puesto que, en la actual coyuntura, es fundamental que se imponga la razón del Estado, pero también es importante cuidar las libertades y derechos colectivos de la población, sobre todo de los sectores vulnerables como las barriadas marginales y las comunidades rurales afectadas por la minería. Sabemos que si hoy no se actúa de manera firme e integral, poco a poco la realidad vivida en otros países será la nuestra, aumentaran los muertos y asesinatos en el marco de las confrontaciones entre bandas, nuevas masacres en las cárceles, nuevas modalidades de amedrentamiento con coches bomba y explosiones, asesinatos selectivos para ejercer presión al gobierno y a la justicia, las personas de la sociedad civil no solo serán victimas colaterales sino un objetivo para provocar pánico, los atentados ya no estarán dirigidos a un objetivo específico sino serán totalmente indiscriminados porque esas son las formas en las que opera el crimen organizado. La guerra contra el narcotráfico corresponde a una escala internacional, los cabecillas nacionales son únicamente extorsionistas de alto rango que administran el negocio y responden a intereses mucho más poderosos. Si el gobierno logra detener su avance a nivel nacional, muy posiblemente los capos internacionales reorganizaran sus estructuras internas y la declaración de guerra no será suficiente. La solución involucra a los gobiernos de los otros países de la subregión y también de los países consumidores. Hace falta un acuerdo de coordinación supranacional y permanente que deberá ser complementado con otro tipo de medidas como la legalización de ciertas drogas como lo sugieren múltiples estudiosos de la economía política de la salud.
Finalmente, para enfrentar el problema no se necesita una consulta popular. Es imperativo transparentar las tramas detrás de la crisis, solo así será posible generar estrategias de intervención urgente y políticas públicas que vayan devolviéndole al pueblo la posibilidad de resolver sus necesidades. No, no hace falta una consulta. Esos 60 millones de dólares, bien podrían servir para atender a los sectores más vulnerables. La situación se irá agravando si el gobierno sigue pensando que los pobres pueden ser emprendedores y que los empresarios ofrecerán empleo si se les perdona los impuestos. En tiempos de desorden, de confusión organizada, nada debe parecer imposible de cambiar.
Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.