A PROPÓSITO DE LA CONSULTA
El Presidente de la República, ha enviado a la Corte Constitucional, para el control de constitucionalidad, los textos de 11 preguntas, más sus anexos, con miras a la realización de una consulta popular de carácter plebiscitario, pues no se consultaría sobre textos legales definidos, sino el pronunciamiento respecto de decisiones que luego deben plasmarse en normas.
Las 9 preguntas están relacionadas con temas de seguridad pública y control delincuencial, varios expertos en materia constitucional y legal, han expresado públicamente sus opiniones a favor y en contra de ellas, lo propio han hecho analistas y políticos, a través de medios de comunicación y por supuesto las redes sociales se han “inundado” de comentarios bien y mal intencionados.
La consulta convoca la discusión y el análisis, eso en sí mismo ya es bueno, sin embargo un recurso como ese que implica un enorme gasto para las arcas del Estado, en principio debería utilizarse para abordar cuestiones de fondo, ergo, no desperdiciar la oportunidad. Tenemos que esperar el dictamen de la Corte, para saber que preguntas pasa, con seguridad, no todas, pues algunas, en los términos planteados, parecen tener visos de inconstitucionalidad.
La seguridad y el control de la delincuencia, es un clamor nacional, el Gobierno con su propuesta –podríamos presumir- busca contar con herramientas legales que surgiendo con la fortaleza del respaldo popular, no puedan ser modificadas sino con otro procedimiento plebiscitario, es decir que no queden a merced de los vaivenes de la Asamblea. Aunque de ser esa la intención, lo óptimo sería que en los anexos estén los textos de las reformas, pues en el caso de que se dé y gane el sí en la consulta, el Presidente remitirá el proyecto de ley que en el trámite legislativo podrá ser modificado.
Se ha anunciado que a más de las 11 preguntas, se enviarán al menos 5 más para el control de la Corte Constitucional, de ser así, muchos esperamos que algunas tengan que ver con los Consejos de la Judicatura y el de Participación Ciudadana y Control Social, para limitar sus atribuciones e introducir para la designación y elección de los miembros, respectivamente, mecanismos de control y verificación que garanticen la probidad -ojalá fuese posible también cambiar el método de designación en el primero, para al menos limitar la politización; y, desaparecer el segundo-, con eso se daría un paso importante en la recomposición de la mancillada institucionalidad.
Sobra decir que no basta con un cambio de leyes y actores para que las cosas cambien, pero seguro con voluntad y decisión política, se puede ejercer autoridad e implementar los correctivos que hacen falta. Al gobierno transitorio no se le puede pedir que haga milagros, sí que aproveche la oportunidad para terminar con las perniciosas prácticas de las dos instituciones mencionadas; y, presente para aprobación directa los textos legales que pretende proponer.
A más del análisis y la discusión sobre la consulta, en los días que corren, estamos indignados y asqueados con las revelaciones del caso Metástasis, en el que la Fiscal General y el equipo de la Fiscalía están haciendo un gran trabajo; con expectativa respecto de la actuación de los jueces, así como con preocupación y dudas, pues la confianza que deberíamos tener en la Función Judicial y los administradores de justicia está gravemente lesionada –a este caso y lo que nos ha permitido ver, más allá de los hechos del mismo, nos referiremos en otra entrega-; estamos pendientes también de los otros casos de corrupción en los que la Fiscalía formula cargos, que confirman la necesidad de que, en el corto plazo se tomen decisiones para que se produzcan cambios desde la raíz, o los cimientos, pues la estructura fundamental del Estado consagrada en la Constitución es parte del problema y de la debacle en la que estamos.
Han pasado algo más de 15 años desde la vigencia de la Constitución y me atrevo a decir que no sólo no hemos ganado en derechos, garantías y libertades, sino que hemos caído en un pozo que parece no tener fin. Es tiempo de proponer seriamente el cambio de la norma suprema, la que tenemos no permite las reformas que el país y la población requiere.
Portada: imagen tomada de YouToube
Mujer estudiosa y analítica, lectora atenta y escritora novel. Doctora en Jurisprudencia y Abogada – Universidad de Cuenca, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud – Universidad de Barcelona, Diplomado Superior en Economía de la Salud y Gestión de la Reforma – Universidad Central del Ecuador. Docente de maestría en temas de políticas públicas y legislación sanitaria –Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; en el área de vinculación con la sociedad, legislación relacionada con el adulto mayor – Universidad del Adulto Mayor. Profesional con amplia experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en los ámbitos de legislación, normativa y gestión pública.
