NI DERECHOS NI INVERSIONES
Una nueva metida de la mano en la Función Judicial está en marcha, en esta vez, en el concurso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia, y con la prórroga de funciones de los jueces nacionales contrariando el periodo fijo establecido en la Constitución.
El referido concurso tiene cuestionamientos graves provenientes de concursantes, la Federación Nacional de Abogados, Colegios de Abogados, observatorios especializados, observadores internacionales, juristas destacados y los más diversos sectores ciudadanos, sobre la calidad, imparcialidad y transparencia del proceso, incluyendo la propia situación del Consejo de la Judicatura, con dos vocales procesados por presunto tráfico de influencias y otros dos involucrados en una investigación por posible obstrucción de la justicia. A todo ello debe sumarse los reparos al Comité de Expertos a cargo del banco de preguntas y casos para el concurso. Uno o dos miembros del Consejo de la Judicatura impulsando el proceso en contra corriente.
En estas circunstancias del concurso, el que siga adelante, contando solo con la voluntad de dos miembros del Consejo de la Judicatura, lleva a la conjetura que hay poderosos intereses detrás de este proceso de selección de jueces.
Se pensaba que el pleno de la Corte Nacional de Justicia podría pronunciarse sobre los graves cuestionamientos públicos al concurso para la renovación de los jueces nacionales, pero aquello no fue posible, porque se argumentó entre otras cosas que aquello implicaría una violación a la independencia judicial, cuando precisamente se trataba de lo contrario, prevenir injerencias de naturaleza política en la composición de la Corte Nacional de Justicia para garantizar su independencia, precautelar la legitimidad de origen de los jueces que podrían resultar seleccionados y exigir garantías de calidad e integridad profesional y ética, condiciones que no avala un concurso oscuro y que más bien desprestigia la justicia.
Que la Corte Nacional de Justicia no haya llegado a un pronunciamiento sobre un concurso que tiene tantos reparos, es grave, y evidencia el efecto de la prórroga de funciones de algunos jueces, por parte del Consejo Nacional de la Judicatura, pero también la falta de sintonía y sensibilidad de algunos jueces nacionales frente al pronunciamiento de amplios y respetables sectores ciudadanos. Más grave resulta que tan alta Corte, no haya podido desarrollar suficientes anticuerpos frente a todo aquello que afecte la salud del organismo judicial, dando la impresión como que la infección afecta a la propia cabeza.
Todo lo que acontece en el concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia lleva a considerar que en el país se está a punto de reeditar una nueva toma política del más alto organismo de justicia ordinaria, en circunstancias en que arremete la delincuencia común y organizada, las bandas del narcotráfico y su penetración en la institucionalidad pública, a consecuencia de todo lo cual, delincuentes con reiterada conducta criminal, salen de la cárcel u obtienen su libertad inmediatamente de ser aprehendidos por la policía nacional, con resoluciones de algunos jueces corruptos.
Sería entonces necesario reflexionar a qué lógica, motivaciones o intereses responde el hecho de que la justicia no pueda convalecer, que persista una situación como de una enfermedad grave que se ha vuelto crónica. Todo parece indicar que una situación así constituye un terreno fértil para la impunidad y que el aparto judicial se subordine a fines político partidarios.
Una justicia en esas circunstancias no sirve para defender los derechos de los ciudadanos, ni para favorecer las inversiones, de tal manera que todos los esfuerzos, de todo tipo, incluyendo leyes con incentivos para generar inversiones, se diluyen con una justicia con graves cuestionamientos.
Se está a tiempo de evitar que otra vez se meta la mano en la justicia, que se reediten las maniobras para la impunidad o para la persecución. Los empresarios honestos deberían pensar, que como decía Max Weber, el capitalismo necesita de un derecho que funcione en forma previsible al de una máquina, es decir una justicia que arbitre con rectitud los conflictos que brotan del sistema mercantil basado en la libre competencia. La otra justicia se corresponde al capitalismo criminal y por lo tanto a los capitales vinculados a la corrupción y los negocios turbios.
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
