INFILTRACIÓN MINERA CON DÁDIVAS
En el afán de infiltrarse en las comunidades campesinas, poblados rurales y el entorno social urbano de los proyectos mineros, tendiente a conseguir la adhesión a las actividades extractivas, las empresas mineras transnacionales realizan una serie de actividades sociales como apoyo económico para huertos familiares, micro proyectos productivos, capacitación, reforestación, viveros, lastrado de ramales, donación de mobiliario y reparación de casas comunales.
También impulsan ciertos eventos deportivos, como campeonatos barriales, parroquiales o Inter parroquiales, patrocinan y financian actos académicos y de formación laboral, todo en medio de una campaña de propaganda y publicidad masiva y agresiva, para tratar de aparecer con la imagen de empresas benevolentes, inocuas y “amigas”, por interés, de las comunidades campesinas, como se suele decir, con piel de oveja.
Pero aún más, con todo el desparpajo, las transnacionales mineras se asocian con ciertas entidades académicas para apoyar supuestas investigaciones de áreas de protección y conservación, y así alcanzar la validación, artificiosa, de terceros para sus actividades de “alta calidad ambiental”, todo a pesar de que, las actividades de explotación minera conllevan gravísimos impactos ambientales (muchos de ellos a perpetuidad) y destrucción de ecosistemas frágiles.
Otra forma de infiltración de las transnacionales mineras, es conseguir convenios con instituciones públicas relacionadas con el agua, ambiente, salud, agricultura, pero sobre todo establecer relaciones con las universidades para mejorar su imagen y dar la impresión que cuentan con el apoyo de la academia, como ya sucedió cuando autoridades de gobiernos de turno utilizaron una investigación general sobre el páramo de Quimsacocha, para decir que la Universidad de Cuenca valida el proyecto minero, lo cual era una falsedad.
Se trata de una estrategia de utilización de dádivas, apoyos, asistencialismo, beneficencia y relaciones, es decir, la manipulación de grupos sociales e instituciones en función de los intereses extractivistas de las transnacionales mineras, llegando inclusive a presentarse como ecologistas y preocupados por la marginalidad de los pueblos y hasta mecenas de la academia y la investigación, con el objeto de obtener cobertura social para avanzar en sus reales intereses de explotación minera en lugares sensibles que causan una justa preocupación a las comunidades rurales y conglomerados urbanos en relación con las amenazas de contaminación de fuentes de agua y tierras.
Esta manipulación de las comunidades, se ve favorecida por la ausencia del Estado en las comunidades campesinas marginales, donde no hay atención de las diversas necesidades sociales y sobre todo para la reconversión productiva y el empleo.
Esta ausencia o vacío del Estado y de los GAD en la ruralidad y las comunidades vinculadas al páramo, es llenado por las mineras que se aprovechan de la situación de pobreza y marginalidad para lograr adhesión a sus proyectos extractivos que más tarde arrasarán con todo su entorno y patrimonio natural y les arrancará de la tierra con el agua y suelos contaminados y envenenados.
Es imprescindible que los GAD parroquiales, cantonales y provinciales se preocupen por los problemas de la ruralidad y especialmente por las comunidades asentadas en los páramos y más ecosistemas frágiles, para que se transformen en guardianes de los derechos de la naturaleza y alejarles de la mala influencia de las transnacionales mineras.
En el caso de Cuenca, es urgente tomar conciencia de esta situación porque todas las dádivas de la transnacional minera vinculada al proyecto minero de Quimsacocha, apuntan a captar el voto de la población en la consulta previa y la consulta ambiental, caso este último, donde Cuenca tiene que ser consultada, aunque en realidad ya la ciudadanía del cantón se pronunció en la consulta popular por el agua.
Todos estas maniobras se complementan con la política de actuar con hechos consumados, como es el de pretender realizar una socialización de estudios de impacto ambiental de la línea de trasmisión eléctrica para el proyecto minero de Quimsacocha, cuando aún está pendiente la ejecución de la sentencia dictada por la Corte de Justicia del Azuay, expedida dentro de la acción de protección propuesta por los presidentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, Junta de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui, Comunidad Escaleras y del Directorio de Aguas de San Gerardo, en contra del MAATE.
Los GAD Parroquiales, el GAD Municipal de Cuenca, ETAPA y el Defensor del Pueblo deben salir al frente de semejante pretensión.
Portada: Foto tomada de Dundee precious metal
Asesor jurídico, articulista de “El Mercurio”. Participa en algunas organizaciones ciudadanas como el Cabildo del Agua de Cuenca, el Foro por el Bicentenario de Cuenca y en una comisión especial para elaborar el Sistema Nacional Anticorrupción.
